Hisopados en Ezeiza: a cinco meses del escándalo por los testeos en el aeropuerto, la causa está a punto de archivarse
Según los abogados que intervienen en la causa, no se habría determinado que hay delito de fraude contra la administración pública; en abril pasado, se conoció que los centros que había en la aeroestación eran administrados por dos monotributistas y se denunciaron irregularidades en las pruebas; hoy, los empleados de los puestos pertenecen a la Cooperadora del Hospital de Ezeiza
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“Nada, no pasará nada. Todo se irá al archivo. No hay delito”. Algunos lo resumieron así, otros usaron dos o tres palabras más. Según cinco abogados que intervienen en la causa de los hisopados en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el cajón del olvido será el destino de la investigación que surgió a partir de las irregularidades en los tests de detección de Covid-19 que se realizaban al ingresar al país.
A poco más de cinco meses desde que se conoció que un laboratorio creado por dos monotributistas era el que tenía a su cargo la detección del coronavirus a cambio de $2500 por cada pasajero, la investigación que realizó la Justicia Federal de Lomas de Zamora está a punto de cerrarse.
Más allá de las consecuencias judiciales, algunas cosas han cambiado en Ezeiza, cuartel principal de aquel laboratorio fantasma. La cartelería que exhibía el nombre del Laboratorio Labpax ha sido reemplazada por la de Stamboulian.
Detrás del nombre y de las marquesinas, también hay cambios en la organización. “Stamboulian Servicios de Salud es el laboratorio que está a cargo de los testeos de Covid-19 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el 15 de mayo de 2021 y en Aeroparque, tal como se informó en su oportunidad”, dijeron en Aeropuertos Argentina 2000. Atrás quedó una estructura societaria endeble y sospechosa que mostraba como dueñas a dos monotributistas sin antecedentes en la extracción de muestras para análisis clínicos.
Hay otra novedad, que no deja de ser una particularidad. En el centro de testeo de Ezeiza trabajan 150 personas en total. Ahora bien, los empleados pertenecen a la Cooperadora del Hospital de Ezeiza. “Todos lo hacen bajo la dirección de Stamboulian Servicios de Salud, con bioquímicos y laboratoristas. Esos empleados fueron capacitados por Stamboulian”, confirmaron en la concesionaria.
La figura de la cooperativa como empleadora fue la alternativa por la que se optó para quedar cubiertos ante la posibilidad de que el Gobierno, pasada la emergencia, quite este requisito de realizarse un hisopado obligatorio, en un solo lugar posible, antes de pisar suelo argentino. No son posibles las leyes laborales tradicionales para este tipo de iniciativas temporarias.
El emprendimiento de las dos monotributistas vio la luz de la mano de la decisión administrativa 268 –firmada el 25 de marzo pasado–, y la contratación corrió por cuenta de Aeropuertos Argentina 2000. Entonces, tanto en el Ministerio de Salud como en el de Transporte no consideraron que tenían responsabilidades en la contratación. También miró para otro lado el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). A fines de abril, la concesionaria de propiedad de Eduardo Eurnekian firmó un contrato de colaboración con la Fundación Educativa San Lázaro, manejada por la propia empresa y que tiene un colegio en el barrio de Belgrano, para que organice el sistema de testeos en espacios cedidos por la empresa. Finalmente, la fundación fue la que delegó el sistema en Labpax, representada entonces por una de las dos monotributistas, Laura Cáceres.
Ahora, el gran intermediario es el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian. Allí se destina el 15% de lo que se factura en el centro de testeos de Covid-19. Se trata de un importante establecimiento de salud pública en el distrito del aeropuerto.
“Para ejemplificar, ya se han realizados obras, como un sector de consultorios externos de 130 metros cuadrados totalmente independientes del hospital y se planea una segunda etapa de ampliación de los mismos. Además, en las próximas semanas comenzarán las obras de ampliación del área de internación pediátrica. Se acondicionarán 250 metros para la realización de una nueva terapia intensiva para pacientes pediátricos. En la actualidad se encuentra en fase de proyecto el reacondicionamiento de 300 metros cuadrados del nuevo sector de kinesiología y medicina del deporte, donde será instalado un nuevo equipo de diagnóstico por imágenes”, informaron en la concesionaria.
La causa
A fines de abril, cuando LA NACIÓN publicó el caso, la empresa Labpax estaba inscripta a nombre de Cáceres y de Paola Perillo Orellana, actualmente inscripta en la categoría mínima del monotributo con un tope que se eleva a $282.445,08 por año. Pero además de las irregularidades societarias, no fueron pocos los testigos que mostraron que los resultados de los testeos se terminaban en apenas un par de minutos, muy por debajo de lo que establece el laboratorio fabricante. No solo eso, varios contaban que el hisopado era muy superficial.
Durante mayo la justicia designó Interventor veedor dispuesto por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora para auditar y facilitar la resolución de la causa abierta. “No se detectaron irregularidades en dicha auditoría ni en las realizadas por Stamboulian Servicios de Salud en la realización de los testeos de Abbott”, afirmaron en Aeropuertos Argentina 2000.
Pocos días después, el juez federal Luis Armella allanó una sede de la empresa Labpax donde se llevó documentación vinculada a contratos firmados con la concesionaria de la terminal de Ezeiza. No fue todo. El 6 de mayo, el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti, se presentó formalmente ante la Justicia Federal y pidió que se investigue el funcionamiento de la empresa a cargo de los testeos en Ezeiza. Ese mismo día, la Dirección Nacional de Habilitación de esa cartera participó en un allanamiento en Ezeiza que incluyó a las oficinas de AA2000, la firma Sanity Care Internación Domiciliaria –que tenía a su cargo la sala de emergencias del aeropuerto– y Labpax. La causa se caratuló “Cáceres, Laura y otros s/ fraude en perjuicio de la administración pública y propagación de la enfermedad infecciosa”.
Pasaron cinco meses. La Justicia retiró documental de varios lugares pero, hasta ahora, no encontró delitos. Stamboulian coordina, la cooperativa de trabajadores aparece como la empleadora y el Hospital de Ezeiza se lleva el 15% de la facturación. Nadie se hace cargo de ninguna irregularidad y todo camina hacia el archivo. Al menos, que ese trayecto no sea silencioso.
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