Hisopados: allanan el hospital de Ezeiza para determinar quién paga los empleados de Stamboulian
La Justicia llegó temprano en busca del listado de los 150 trabajadores que realizan los estudios en el aeropuerto; la fiscal del caso quiere determinar quién y como fueron contratados
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La causa de los hisopados en Ezeiza estaba a punto de ser archivada. La justicia de Lomas de Zamora ya tenía el martillo en el aire para bajarlo y mandarla al archivo por inexistencia de delito. Pero una nota de LA NACION, donde se dio cuenta de que aquel sistema se había cambiado por otro que dirige Stamboulian y que cuenta con empleados de la Cooperadora del Hospital de Ezeiza, cambió las cosas.
La Justicia llegó temprano al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Antranik Eurnekian con una orden de allanamiento “para determinar si personal de ese hospital fue asignado para cumplir funciones laborales en el centro de testeos para la detección de Covid19 emplazado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza”.
Además, en el escrito en el que se designó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para hacer el procedimiento, se pidió que se establezca el “lugar donde se desempeña el laboratorio Stamboulian Servicios de Salud, en cuyo caso se deberá aportar la nómina del personal que cumple funciones para la atención y dirección técnica, la modalidad de contratación, aportar los correspondientes recibos de sueldo, informar quién tiene a cargo el pago de los salarios de dicho personal y si existe algún convenio y/o contrato de colaboración con el Laboratorio Stamboulian Servicios de Salud”.
El pedido, al que el juez Luis Armella accedió, fue presentado por la fiscal Cecilia Incardona después de la publicación de LA NACION donde se daba cuenta de que los empleados que ahora están a cargo del hisopado obligatorio para ingresar al país, trabajaban en una cooperativa. “La nota en cuestión señala que, actualmente y desde el 15 de mayo de 2021, el centro de hisopados que funciona en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentra a cargo del Laboratorio Stamboulian Servicios de Salud. Se añade que, en ese centro de testeo, trabajan 150 (ciento cincuenta personas), que los empleados pertenecen a la Cooperadora del Hospital de Ezeiza y que trabajan bajo la dirección y previa capacitación de Stamboulian Servicios de Salud, con bioquímicos y laboratoristas”, escribió la funcionaria judicial.
El escándalo de los hisopados se destapó en abril, cuando se conoció que un laboratorio creado por dos monotributistas, Labpax, era el que tenía a su cargo la detección del coronavirus a cambio de $2500 por cada pasajero.
Aquel experimento de dos emprendedoras se desarticuló y Aeropuertos Argentina 2000, concesionario de la estación, corrió en busca de Stamboulian. Entonces se usó la figura de la cooperativa como empleadora, como una manera de quedar cubiertos ante la posibilidad de que el Gobierno, pasada la emergencia, quite este requisito de realizarse un hisopado obligatorio, en un solo lugar posible, antes de pisar suelo argentino.
El emprendimiento de las dos monotributistas vio la luz de la mano de la decisión administrativa 268 –firmada el 25 de marzo pasado–, y la contratación corrió por cuenta de Aeropuertos Argentina 2000. Entonces, tanto en el Ministerio de Salud como en el de Transporte no consideraron que tenían responsabilidades en la contratación. También miró para otro lado el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
A fines de abril, la concesionaria de propiedad de Eduardo Eurnekian firmó un contrato de colaboración con la Fundación Educativa San Lázaro, manejada por la propia empresa y que tiene un colegio en el barrio de Belgrano, para que organice el sistema de testeos en espacios cedidos por la empresa. Finalmente, la fundación fue la que delegó el sistema en Labpax, representada entonces por una de las dos monotributistas, Laura Cáceres.
Ahora, la Justicia quiere conocer el acuerdo firmado y los detalles del aporte que se hace al Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian. Allí se destina el 15% de lo que se factura en el centro de testeos de Covid-19.
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