Hidrovía: con un amplio procedimiento, la Justicia llegó a todos los involucrados en la licitación
En medio de una denuncia por tráfico de influencias, la Administración de Puertos, el Ministerio de Transporte y todas las empresas oferentes recibieron órdenes judiciales para entregar información
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LA NACIONDiego Cabot
La polémica licitación para concesionar la autopista fluvial que corre en el río Paraná sumó ayer un capítulo traumático. No era para menos, si todos los actores se acusan pues a nadie debiera sorprenderle que sea un tercero el que establezca qué pasa en el proceso.
Las últimas horas fueron claves para saber qué sucede en medio del millonario negocio. La Justicia llegó con una orden no sólo a todas las empresas que compulsan, sino que además fue al Ministerio de Transporte y a la Administración General de Puertos (AGP) a llevarse documental. Técnicamente, la medida se llama orden de presentación, una suerte de allanamiento en el que se solicita una entrega voluntaria de la documentación que se requiera. Sólo en caso de que no se acceda al pedido, se genera la orden de allanamiento.
Ayer, la justicia tocó timbre en la Compañía Sudamericana de Dragados, la filial local de Jan de Nul y en Dredging International y en Dredging International Argentina. Luego fue a las oficinas de la china CCCC Shanghai Dredging, de Servimagnus y de Emepa, la firma que pertenece al empresario Gabriel Romero y que era la anterior concesionaria de la Hidrovía en sociedad con su ahora rival, Jan de Nul. Siempre en el Microcentro porteño también pidió información en la calle Reconquista, en la empresa Boskalis International, Sucursal Argentina.
Finalmente se hizo una excursión al noveno piso de la Torre de las Naciones, en Tigre, para tocar el timbre la filial local de la empresa Rohde Nielsen. Varios de los investigadores que llegaron al lugar encontraron una fachada conocida. Sucede que en ese mismo edificio funcionan varias oficinas del Frente Renovador, además de ser un lugar donde el diputado Sergio Massa solía convocar a las conferencias de prensa antes de pasar sus días en el Congreso. Al menos el 2°, el 4° y el 17° han albergado actividades del partido. Consultado por LA NACION, un vocero del Frente Renovador dijo que la agrupación política ya no funciona en ese lugar y que le llama la atención que la empresa funcionase en ese edificio.
La concesión de la autopista fluvial argentina que corre por el Río Paraná y que es considerada vital para el comercio exterior de la Argentina, se ha convertido en un terreno de pelea voraz. Después de una licitación fallida y de acusaciones cruzadas entre varios de los consorcios que participaron, se conoció una carta en la que la empresa CCCC, un verdadero holding especializado en infraestructura con capital estatal mayoritario, le pidió al gobierno argentino que intervenga en el proceso a fin de adjudicarle el contrato.
El documento fue dirigido al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, el 27 de enero pasado y no sólo enumera los antecedentes de la compañía, sino que advierte a la Casa Rosada sobre los beneficios que le generaría al país aquella contratación. “Me permito recordarle a su Excelencia [dice en referencia a Vaca Narvaja] que el máximo esfuerzo de la CCCC en sus ofertas le revestirá grandes significados al proyecto y a la cooperación entre la Argentina y China”, se lee en la misiva. Luego enumera: “Influencia política, cooperación multilateral por beneficio compartido y ahorro en divisas para el gobierno argentino”.
El tono de la nota es, quizás, la muestra más palmaria de la presión china por conseguir el contrato. Las formas quedaron de lado y en cada una de las palabras se advierte el velado propósito de dejar claras las consecuencias de no adjudicarle la Hidrovía al consorcio que integran con la belga Deme y la argentina Servimagnus.
La carta fue entregada a la diputada por la Coalición Cívica Mariana Zuvic en un pedido de acceso a la información pública enviado a la AGP. A partir de esta novedad, la legisladora amplió la denuncia formulada el 30 de marzo pasado en la que pidió que se investigue un posible “tráfico de influencias” y las “negociaciones incompatibles con la función pública”. Justamente esta denuncia fue el origen de los procedimientos que se diligenciaron por pedido el magistrado interviniente.
La historia de la concesión de la vía navegable ya acumula varios capítulos de controversia. En marzo, la Administración General de Puertos (AGP), encargada de llamar a una compulsa por 180 días prorrogables para la realización de tareas de dragado en la vía navegable, anuló aquel primer llamado que tenía un presupuesto oficial de US$80 millones. De los cuatro contendientes que se presentaron -la empresa china entre ellos-, solo uno aprobó la propuesta técnica.
Sin embargo, después de haber realizado aquella selección, la AGP anuló la licitación y todo volvió al inicio. Un verdadero juego de la oca. Desde entonces, todo fue un todos contra todos. Jan De Nul acusó directamente a Emepa de ser la causante de aquella marcha atrás. “Ya no estamos en un escenario de juego limpio y todo lo que hemos construido juntos se ve amenazado por la avaricia de unos pocos que se consideran dueños de la vía navegable troncal”, escribió en una carta a sus empleados, el presidente de filial local de la empresa, Pieter Jan De Nul.
El grupo chino contratacó y fueron contra la única pre calificada. “Luego de revisar los documentos, descubrimos que Jan De Nul había colocado contenido expresamente prohibido en dicha licitación”, dice la carta que recibió el embajador argentino en China. Además, hizo un llamado al embajador sobre la “conveniencia” de la opción oriental: “La Hidrovía siempre ha sido proyecto de total prioridad para el gobierno argentino y para el propio Presidente; facilita, además, la comunicación fluvial de mercancías entre la región, está altamente alineado con los principios de cooperación del Programa La ruta [de la seda] y la Franja que promueve el gobierno chino, al que la Argentina se va a adherir durante la visita del Presidente”, dice la nota de enero. En febrero, Alberto Fernández, adhirió. En marzo, se anuló la licitación que calificaba a Jan De Nul.
Por Diego Cabot
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