Headhunter se busca: éxodos y paradojas del gobierno libertario

La salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete está generando un éxodo por etapas en las segundas líneas del Gobierno. Si la administración de Javier Milei tenía desde un comienzo un déficit de tropa propia, ese rojo sólo se exacerbó con el corrimiento de Posse. Todos los que llegaron a la gestión vía el headhunter de Corporación América, ahora caído en desgracia entre los libertarios, dudan de su continuidad. Así, a las renuncias (despidos) de los últimos días se estaría por agregar salida de la secretaria de Simplificación del Estado, Josefina Sanz, que había hecho su primera experiencia en el Estado de la mano del gobierno de Mauricio Macri. Podría seguirla Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado.

Paradójicamente, el mismo Gobierno que pierde cuadros propios –ayer se sumó Pablo de la Torre, del ministerio de Capital Humano– y que se jacta de buscar un ajuste de la estructura del Estado, no logra hasta ahora terminar con la estabilidad laboral que existe en algunos organismos del Estado, que cobijan algunos personajes que en cualquier compañía del sector privado no habrían tenido reparos en correr. La motosierra no parece tener combustible suficiente.

La AFIP de Florencia Misrahi es tal vez uno de los ejemplos más resonantes (además porque paga los mejores sueldos del Estado): no sólo mantiene con un cargo equivalente a subsecretario de Estado a la exnúmero uno de la Aduana Rosana Lodovico, sino que mantiene en la oficina de Tigre de la Aduana al exnúmero uno del organismo durante la gestión de Cristina Kirchner Ricardo Echegaray. Echegaray es el único de los involucrados en el caso Oil Combustibles al que la Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitó para ejercer cargos públicos, al considerar que defraudó al Estado mediante el otorgamiento irregular de planes de pago a la petrolera de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esta semana el caso volvió a la agenda pública luego de que la Corte Suprema decidiera anular las absoluciones de López y De Sousa. Un lobo escondido en medio de un rebaño de ovejas. Pero nada que sorprenda en un Estado bobo que no sólo ampara a condenados, sino que ni cruza datos a la hora de realizar pagos, cómo quedó en evidencia en la investigación que la Justicia está llevando adelante de los pagos que recibía durante años el Polo Obrero, que se valía de una usina de facturas truchas –que la AFIP ya tenía identificada cómo tal– para justificar parte de sus gastos. El Veraz funciona para los bancos, no para el Estado.

En las empresas públicas, que ahora pueden ser privatizadas, el problema que se encontraron muchos de sus nuevos administradores fue no sólo que estaban desfinanciadas, sino también fuertemente endeudas. Desde la semana pasada, el Gobierno decidió modificar su estrategia para muchas de ellas. “La orden ya no es cogestionarlas, sino buscar lo que se pueda vender ya, previo a convertirlas en sociedades anónimas, claramente”, explicaron. Hay versiones de que a Nicolas Posse le habrían ofrecido hacerse cargo de la Agencia de Inversiones para que pueda conseguir capitales para las empresas del Estado. Difícil pensar que acceda al puesto. Habrá que ver cuál será la primera de las empresas en privatizar; probablemente quien terminará por definirlo será Federico Sturzenegger, que está a la espera del presidente Milei para terminar de formalizar su designación en el Gobierno. Aunque entre sus ideas iniciales no está privatizar todas, sino que no descarta directamente ceder una empresa cómo Aysa, que provee servicios de agua y cloacas en el área metropolitana, directamente a los distritos de CABA y Provincia de Buenos Aires. Por ahora, sólo una idea.

Aysa es una de las pocas empresas de servicios públicos que ha logrado aumentar sus tarifas sin hacer demasiadas olas. Su escasa incidencia en la configuración del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec es su principal aliada. En lo que va de 2024 ya subió más del 270% sus precios y hay quienes se ilusionan con que podría terminar el año ya con los números en equilibrio. Aunque la mora, que históricamente había sido del orden del 3% ya había saltado al 15% hacia fines de 2023. Lejos quedaron los tiempos en los que Aysa recibía fondos del Tesoro sin cuestionamientos. Sólo así se entiende que de las 261 obras que finalizó la empresa entre 2020 y 2023, el 18% hayan sido solo en el municipio de Tigre. Es el territorio por el que Malena Galmarini compitió (y perdió) en la última elección y, por lejos, el que más obras recibió de Aysa: tuvo 57 contratadas, de las cuales 47 se finalizaron. En segundo lugar se ubicó Lomas de Zamora –histórico distrito de Martín Insaurralde– con 22 obras contratadas (15 finalizadas) y, en tercer lugar, Avellaneda, con 19 contratadas y 10 finalizadas. Otros distritos favorecidos fueron Almirante Brown, con 14 contratadas y hasta 9 finalizadas, y Escobar, con 12 de las 13 finalizadas. Amigos son los amigos.

A partir de junio, para Economía el déficit de las empresas públicas no pasará inadvertido. Mayo, ya descuentan que el Tesoro tendrá una vez más superávit financiero, pero en junio los números fiscales empiezan a complicarse. Al menos, en la recaudación de impuestos de mayo no hay señales todavía de algún tipo de reactivación de la actividad que pueda salir al auxilio de las cuentas públicas. “Pasamos de estar en la lona a subirnos a una lona. Pero reactivación no hay”, confió una fuente que sigue de cerca los números. Aerolíneas Argentinas consiguió el mes pasado que el Banco Nación le renueve un préstamo de US$300 millones al 8% anual –dos puntos menos de lo que había sido su financiamiento anterior– para no ir a pedirle fondos directamente al Tesoro. Más complicado es el caso de Trenes, que después del accidente de Palermo encendió todas las alarmas oficiales: este año ya avisó que tendrá un rojo operativo de US$1000 millones. Todo un número.

En Economía saben que los próximos meses no serán fáciles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se desvive de elogios públicamente para la administración Milei, pero no termina de abrir la billetera. Un nuevo programa parece lejos. Ni siquiera tiene fecha aún en la agenda del directorio del organismo multilateral el tratamiento de la octava revisión del programa que la Argentina tiene vigente, y que se supone que el país había cumplido con creces. De la aprobación del directorio depende el desembolso de US$800 millones que estaba pendiente para estas fechas. El FMI, aseguran fuentes al tanto de las discusiones internas, sigue con tanta atención como cualquier otro inversor privado lo que sucede con la Ley Bases y la reforma fiscal en el Congreso. “El FMI está esperando un endorsement de la clase política global del programa. Es uno de los requisitos del programa. Si la ley no pasa significa que no hay un consenso político alrededor del camino económico. Y si la ley no pasa, en el board del FMI va a ser complicada la situación de la Argentina”, adelantó una fuente que participa de las discusiones. Entre los accionistas del organismo tampoco cayó bien la solución que encontró el ministro Luis Caputo para saldar la deuda con las generadoras de energía. Podrá haberles torcido el brazo a las empresas, pero los accionistas de muchas de ellas no demoraron en expresar sus quejas en las embajadas correspondientes. Son las mismas embajadas que después pesan a la hora de votar en el board del FMI.

Tampoco parece que vienen fáciles las negociaciones con China para la renovación del préstamo (swap) que el Banco Central debería repagar a partir de junio. En el Gobierno se ilusionan con la posibilidad de que el gobierno chino afloje a último momento. Aunque otros interpretaron con preocupación la decisión de Pekín de postergar viajes oficiales a último momento, como el que tenía previsto realizar el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que pensaba volar la semana pasada para negociar la apertura del mercado chino a las menudencias bovinas y porotos negros argentinos. En la agenda, el encuentro se pasó para julio. Señales.

En el medio, los esfuerzos por terminar de limpiar el balance del Banco Central son notables. Tanto que hasta el Tesoro dio recientemente la orden de retirar todos sus depósitos del Banco Nación (que por ellos pagaba una tasa), y directamente colocarlos a tasa cero en el BCRA. Es una forma de que el Nación reduzca su porción de pases con la autoridad monetaria, aunque por ello el Tesoro deba resignar una buena rentabilidad: casi un cuarto del superávit financiero del primer cuatrimestre se había logrado gracias a las rentas obtenidas por las colocaciones de pesos del Gobierno. Pero ya Milei anticipó que limpiar el BCRA es uno de los pilares necesarios previos a la apertura del cepo. Sin plata del FMI y con leyes que se demoran, al menos hay que ir pavimentando el camino para recorrerlo solos.

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