Hasta el oficialismo busca frenar la suba de tarifas en el Congreso: de los 92 proyectos presentados, siete son de Cambiemos

Mientras el gobierno de Mauricio Macri espera una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre las cautelares que frenaron los aumentos de tarifas, el Congreso se prepara para dar una nueva batalla. Ya son casi 100 los proyectos de ley de todos los bloques en respuesta a las subas en las facturas. Con 47 propuestas entre las dos cámaras, el Frente para la Victoria (FpV) se alza como el gran impulsor del debate. Por su parte, los bloques de los opositores de Margarita Stolbizer y Diego Bossio tienen 11 y seis, respectivamente. La paradoja es que hasta el propio oficialismo presentó siete iniciativas, mientras que son tres por el espacio de Sergio Massa (Frente Renovador más UNA), pero de menor envergadura. La "propuesta alternativa" llegará en las próximas semanas. El resto las impulsan los espacios más chicos.

El grueso proyecta librar del pago o fijar tarifarios especiales

De la totalidad de los proyectos presentados, una veintena plantean declarar nulos los decretos presidenciales que fijaron los aumentos. Otros 13, dictar la emergencia por un plazo de 180 días a cuatro años o hasta que tengan lugar las audiencias públicas correspondientes y retrotraer los precios del gas y la luz a febrero. Mientras que el grueso proyecta librar del pago o fijar tarifarios especiales para determinado sectores sociales o regionales del país. El debate está planteado y será protagonista en el Congreso a partir de agosto.

Piedra libre…

El Senado ya dio el primer paso. En la última sesión antes del receso de invierno, la cámara aprobó por amplia mayoría (42 votos a favor del arco opositor y 13 en contra) un pedido al Gobierno para que anule el aumento de las tarifas de gas. En esa ocasión, el propio jefe del FpV, Miguel Ángel Pichetto, anunció en el recinto que a partir de agosto su bloque impulsará el tratamiento en comisiones de un proyecto del chubutense Mario País con la firma de otro 25 senadores –incluso la del "margarito" Jaime Linares– que declara la "nulidad absoluta e insanable" de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijaron las subas de luz y gas.

El FpV encabeza el ranking. Solo en la Cámara Alta, tiene 23. La formoseña Graciela De la Rosa pide tarifas diferenciales para las pymes y las entidades sin fines de lucro. Mientras que la rionegrina Silvina García Larraburu propone dictar la emergencia energética para las entidades de bien público, cooperativas y clubes de barrio y para los usuarios patagónicos. El bonaerense Juan Manuel Abal Medina, por su parte, impulsa la exclusión de las universidades nacionales de todas las actualizaciones. Anticipando el debate, el senador bonaerense convocó a los rectores de las principales casas de estudio a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside para que retraten cuál es el impacto de los aumentos en el presupuesto educativo.

El objetivo es acordar con otros bloques una ley de consenso

En Diputados, el kirchnerismo tiene en carpeta dos docenas de proyectos que plantean desde la suspensión de los incrementos por 180 días hasta la declaración de emergencia energética para organizaciones sindicales, instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología y asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y también universidades nacionales, pasando por la creación de tarifas especiales para pymes, bomberos voluntarios, cines y teatros públicos y usuarios electro-dependientes por razones de salud. Aun así, el jefe del bloque, Héctor Recalde, aseguró a LA NACION que el objetivo es acordar con otros bloques una ley de consenso y convocar en el corto plazo a una sesión especial.

"Esta es una cuestión de Estado, no partidaria y tampoco judicial. Necesitamos dar una respuesta desde la política. Por eso le planteamos a los 35 bloques restantes juntarnos y avanzar con un proyecto unificado que retrotraiga las tarifas a febrero y cree una comisión que analice como salir de esto", explicó el abogado laboralista. Pero si ello no resulta y el Senado avanza más rápido, la estrategia sería similar a la utilizada para la Ley Antidespidos: esperar una media sanción del Senado y darle curso en Diputados lo antes posible.

Consensos y paradojas

Si de consensos se trata, Stolbizer tiene la clave que podría congregar a propios –Libres del Sur y Socialismo santafesino– y ajenos –el massismo, su aliado de última hora, y el kirchnerismo, si deja de lado su enfado por las denuncias de corrupción contra CFK–. Es que su proyecto aglutina varios de los reclamos opositores: deroga los aumentos de las tarifas de luz, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros, y fija un plazo de 180 días para la realización de una auditoría integral de las empresas productoras, generadoras, transportadoras, y distribuidoras de estos servicios.

A su expediente se suman otros diez que impulsan sus compañeros de interbloque. Por ejemplo, la senadora Magdalena Odarda quiere que el Gobierno presente ante el Congreso un cronograma gradual de actualización tarifaria del servicio de gas, que deberá ser aprobado por ley. La diputada socialista Alicia Ciciliani, que se fije una Tarifa Social Universal para jubilados, beneficiarios de planes sociales y veteranos de Malvinas. Mientras que Victoria Donda busca prohibir la interrupción de los servicios básicos por falta de pago para las asociaciones sin fines de lucro.

Cambiemos ocupa el tercer puesto del podio, con siete iniciativas de reforma

En este ranking de propuestas pensadas para hacer frente a los tarifazos, lo curioso es que el Frente Cambiemos ocupa el tercer puesto del podio con siete iniciativas de reforma. "Nosotros no le escapamos a ninguna discusión. Estamos dispuestos a dar el debate", afirmó a este medio el diputado PRO Eduardo Amadeo aunque aclaró que no van a acompañar "el sostenimiento de los privilegios para los ricos, en detrimento de los pobres, para la Capital Federal en perjuicio de las provincias" y le reclamó a los opositores "que le expliquen a la gente las implicancias sociales y económicas de sus propuestas".

Entre las propuestas oficialistas se destacan la del senador radical Luis Petcoff Naidenoff, que impulsa un régimen de Tarifa Social y Acceso Solidario a los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas natural para "los usuarios actuales y potenciales en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad socioeconómica". En tanto, otros promueven tarifarios diferenciados para universidades y usuarios residenciales de varios departamentos de la provincia de Mendoza, la región Patagónica y del NEA. Con estas propuestas, Cambiemos le gana a sus aliados clave: el bloque Justicialista y el Frente Renovador.

En la línea del Cambio

El espacio político liderado por el gremialista Oscar Romero y el ex Anses Diego Bossio cuenta con seis proyectos, entre los cuales se destaca el impulsado por el presidente de la comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto, el único que propone una aplicación gradual. Fija un cronograma de un 33% a partir del 1 de julio de 2016, un 66% a partir desde el 1 de enero de 2017, hasta un 100% desde el 1 de julio de 2017. Estos cuadros tarifarios tendrían vigencia hasta el 31 de diciembre del próximo año.

"Se deben sincerar las tarifas de todos los servicios públicos para pasar a un régimen en donde no se subsidie a las empresas sino directamente a los consumidores", explicó Ziliotto y confirmó que mantienen negociaciones con el Frente Renovador y el Progresismo. "En la habilidad para encontrar consensos estará la solución al problema", sentenció. A su propuesta se suma una de Romero que declara la emergencia por dos años y establece un Régimen de Tarifa Social para los sindicatos, obras sociales y centros asistenciales sin fines de lucro. Y otra de Bossio que instituye una tarifa diferenciada de luz, agua y gas natural para los clubes de barrio y de pueblo.

No podemos fijar una tarifa por ley

Por su parte, quien oficiara como uno de los principales árbitros del Congreso este año, el renovador Sergio Massa, aún no presentó la prometida propuesta alternativa pese a haber sido fue muy crítico con la actuación del ministro de Energía, Juan José Aranguren. "Desde el Congreso, lo que podemos hacer es suspender los aumentos indiscriminados o indicarle al Ejecutivo las condiciones que debe reunir el incremento tarifario, pero no podemos fijar una tarifa por ley", se justificó ante este diario la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. Y explicó que ellos son partidarios de citar en el Congreso a los funcionarios del gobierno para que den explicaciones. En esa línea, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, que conduce la correligionaria Liliana Schwindt, recibirá el próximo martes al titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González.

Con todo, el Frente Renovador tiene tres propuesta presentadas en Diputados. Mirta Tundis quiere eximir a los mayores de 65 años del pago de intereses punitorios y resarcitorios por la mora en el pago de los servicios públicos y privados domiciliarios. También pensando en los jubilados, la diputada Cecilia Moreau busca regular los requisitos generales que deben cumplir para el acceso a la Tarifa Social. Mientras que Schwindt pretende derogar la ley por la cual se estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del seis por ciento de las tarifas vigentes en cada periodo y en todas las zonas del país para financiar obras de infraestructura en la provincia de Santa Cruz. Así las cosas, se espera un largo debate.

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