Hace falta una nueva ley para evitar distorsiones

Con transferencias a las provincias y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en 1999 superarán los 17.000 millones de pesos -alrededor del 45 por ciento de los recursos tributarios nacionales-, el régimen de coparticipación de impuestos constituye un elemento clave de la estructura económica argentina.

Sin embargo, el actual sistema de distribución de recursos entre la Nación y los gobiernos provinciales -que debe ser reformulado, de acuerdo con lo dispuesto por el mandato constitucional de 1994- presenta una serie de deficiencias en términos de su diseño institucional.

Esa situación es debida a su alto nivel de complejidad y, también, por no generar incentivos adecuados para un sano comportamiento fiscal.

A menos de dos meses del traspaso del gobierno, la agenda de reformas no está cerrada.

Entre las asignaturas pendientes se destaca la búsqueda de un nuevo esquema institucional que regule las relaciones fiscales y financieras entre la Nación y las provincias, que perfeccione el sistema tributario y que fomente la responsabilidad fiscal.

Los cambios

Desde que la Argentina se constituyó como Estado, las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias han sido motivo de conflicto y largas negociaciones.

Justamente, la ausencia de una herramienta institucional adecuada que diera marco a las pujas por el reparto de la recaudación nacional ha sido una de las principales causas de disputa entre presidentes y gobernadores.

En virtud de eso, el gobierno nacional ha puesto a consideración de las autoridades provinciales las siguientes premisas, tendientes a construir, finalmente, esta nueva y necesaria arquitectura institucional:

a) Simplificar el mecanismo de distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Para eso se deberían eliminar los impuestos con asignación específica y, asimismo, incluir en una sola masa la totalidad de los recursos tributarios compartidos con las provincias.

b) Garantizar un nivel básico de bienes y servicios públicos con una presión tributaria similar en cada una de las jurisdicciones provinciales. A tal fin, habrá que tener en cuenta sus capacidades económicas y sus necesidades.

c) Incrementar la correspondencia entre las decisiones de gasto y su financiamiento en los diferentes niveles jurisdiccionales y, así, aumentar la responsabilidad fiscal.

d) Amortiguar el carácter pro cíclico del régimen de coparticipación, con el objeto de otorgar mayor previsibilidad a los recursos girados desde la Nación.

e) Impulsar la creación de un organismo fiscal federal que controle el cumplimiento de la nueva ley y tenga facultades para mejorarla.

Una visión institucional

Como ocurre generalmente con proyectos de esta magnitud y significancia, no son pocas las limitaciones que la reforma debe enfrentar.

Por un lado, queda claro que ni la Nación ni las provincias pueden resignar recursos en esta discusión por el nuevo régimen de participación.

Por otra parte, la reforma a la que nos referimos involucra otras transformaciones económicas pendientes.

Entre ellas, podemos enumerar el problema del financiamiento del régimen previsional y de los sistemas jubilatorios provinciales -que aún no fueron transferidos a la órbita nacional- o la gran oferta de incentivos tributarios de nuestro sistema impositivo.

Todos estos inconvenientes fiscales erosionan los recursos de la masa coparticipada y, además de generar un alto costo para el fisco, exigen un gran esfuerzo para su administración y su debido control.

Lo que resta por hacer

Entre las otras grandes tareas pendientes se destacan la instrumentación de una política de descentralización tributaria y la sustitución de aquellos impuestos hoy ineficientes, que distorsionan la actividad económica de la Argentina.

Claros ejemplos que ejemplifican esta situación son el gravamen sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos.

Para lograrlo, debemos definir claramente las competencias entre los niveles del gobierno.

Asimismo, resulta de vital importancia diseñar un marco para las transferencias intergubernamentales que no esté tan ligado a las fluctuaciones de la recaudación de impuestos nacionales.

En cuanto a la eliminación de los impuestos distorsivos, gravámenes como ingresos brutos o sellos aumentan el costo argentino y encarecen las exportaciones porque no se devuelven en frontera.

Consolidar las ganancias

Por supuesto, es evidente que la situación actualmente en vigor incide negativamente en la competitividad de la economía de nuestro país.

Ante un panorama tan adverso, resulta verdaderamente importante avanzar en la disminución de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos -sin que por eso las provincias lleguen a perder recursos- en la medida en que se vaya fortaleciendo la administración tributaria.

Igualmente, la intención final nunca debe dejar de lado la búsqueda del equilibrio fiscal. La sanción de una nueva ley de coparticipación federal constituye una reforma que -junto a normas como la de responsabilidad fiscal, por ejemplo- fortalece las instituciones fiscales que resultan realmente imprescindibles para consolidar las ganancias generadas por la estabilidad de la economía.

De esta manera, un camino viable para poder concretar la nueva norma con buenos resultados para las partes involucradas es que la Nación discuta con las provincias la conformación de un nuevo organismo fiscal federal -siempre sobre la base de un alto consenso político y técnico- para poder conducir el proceso de federalismo que deberemos poner en práctica los próximos años.

El autor es secretario de Programación Económica y Regional

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