Guzmán concentrará toda la responsabilidad de la segmentación de tarifas energéticas

A la espera de que el Gobierno publique el formulario con la declaración jurada para que cada usuario de gas y electricidad lo complete para mantener el subsidio a las tarifas, la Secretaría de Energía nombró hoy a la Subsecretaría de Planeamiento Energético como la “autoridad de aplicación”. El subsecretario de esta área es Santiago López Osornio, un funcionario que responde directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Estamos trabajando en eso”, responden en la cartera económica cada vez que se les pregunta cuándo saldrá el recientemente creado Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que estará disponible “en los próximos días” en formato digital en el sitio web https://www.argentina.gob.ar. Además, “la declaración jurada será accesible desde dispositivos móviles, computadoras personales, como así también en oficinas de atención al público de las prestadoras del servicio público correspondiente y de la Anses”.

En el formulario, cada usuario le dará autorización a la Subsecretaría de Planeamiento Energético para poder requerir, de manera periódica, “los cruces de información necesarios para verificar la veracidad de las declaraciones juradas correspondientes con el fin de administrar adecuadamente el régimen de segmentación”.

“La Subsecretaría de Planeamiento Energético podrá requerir la información y/o documentación que estime necesaria y pertinente para proseguir con el proceso de segmentación a las distintas dependencias y organismos del Sector Público Nacional, los que deberán responder en los plazos y modos que la Subsecretaría de Planeamiento Energético establezca y acuerde”, dice el artículo tres de la resolución publicada hoy.

“La Subsecretaría de Planeamiento Energético deberá gestionar, operar, solicitar, brindar, poner a disposición, cruzar, complementar, consolidar, y organizar, y en general, administrar toda la información necesaria, por si o por terceros, o instruir que esto se haga, directa o indirectamente, emitiendo y notificando a los organismos públicos correspondientes”, informaron.

Luego, la Subsecretaría debe establecer la estrategia de consolidación de la información, “determinando la forma en la que se conformará el padrón informático de beneficiarios y beneficiarias del régimen de subsidios y su administración”.

Una vez procesada y clasificada esa información, Planeamiento Energético informará del padrón de beneficiarios al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a los demás entes reguladores y autoridades provinciales para su implementación y comunicación a los usuarios que correspondan.

Según explicaron en la Secretaría de Energía, las personas usuarias identificadas en el nivel 1, a las que se les quitará el subsidio, tendrán a su cargo “el pago del costo pleno de la energía y potencia de la electricidad, y el pago del costo promedio ponderado del gas que se utiliza para abastecer a la demanda prioritaria”.

Y agregaron: “La Subsecretaría de Planeamiento Energético, con previa intervención de las áreas competentes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y de la Subsecretaría de Hidrocarburos, establecerá un mecanismo gradual de asunción plena del costo del componente Energía en tercios bimestrales. En el caso del gas, ese costo no podrá ser superior al promedio de todas las regiones”. Según explicaron fuentes oficiales, los aumentos serán de entre $1000 y $1500 en cada incremento.

A su vez, la resolución explica que las empresas distribuidoras de gas y electricidad “tendrán la función de recibir los reclamos de los usuarios y las usuarias referentes a su categorización para el servicio público que presten, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan”, una medida que generó malestar entre las compañías, que deberán poner la cara ante el descontento de los consumidores.

Los usuarios que pagarán el costo pleno son aquellos usuarios que tengan ingresos mensuales superiores $350.000; tener tres o más inmuebles registrados; tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años; tener aviones o embarcaciones de lujo, y ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

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