Guy Ryder: “Hay peligro de un retroceso estructural y cultural de la presencia de la mujer en el mundo del trabajo”

Es director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ) desde 2012; nació en Liverpool (Reino Unido) en 1956 y se graduó en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Cambridge y en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Liverpool; ingresó a la OIT en 1998 y fue el primer titular de la Confederación Sindical Internacional

“El impacto de la pandemia ha sido dramático”, afirma Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a nivel global, sobre las consecuencias en el mercado laboral. Mayor desigualdad, ampliación en la brecha de género y dificultades en el acceso para los jóvenes por los problemas de formación son algunas de las consecuencias que el funcionario analiza en diálogo con LA NACION desde Ginebra, Suiza, donde tiene su sede el organismo internacional.

–¿Cómo analiza los efectos de la pandemia?

–Calculamos que el impacto que tuvo en el empleo y en los ingresos laborales ha sido cuatro veces más fuerte que el de la crisis financiera de 2008/2009. Fue enorme, sobre todo en 2020. En los últimos meses hemos visto una recuperación económica, con un crecimiento de más el 4% en todo el mundo, pero los mercados de trabajo no se recuperan de la misma manera. Hay mucha más fragilidad. Y en 2021 los mercados se estabilizaron en niveles de empleo muy por debajo de los niveles prepandemia. No hemos constatado, aun en este proceso de recuperación económica, una recuperación laboral que se corresponda. En términos laborales, es proceso es muy incompleto y muy desigual.

-¿En qué sentido?

–Algunas economías están recuperándose más rápidamente, especialmente los países más ricos y avanzados, sobre todo porque tienen recursos fiscales para invertir en esa recuperación. Lo que vemos, que es lo preocupante de la actualidad y lo reconoce hasta el FMI, es una divergencia peligrosa entre los países ricos y los países en desarrollo, donde la recuperación es mucho más débil. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en desigualdad.

–¿Cuáles fueron los efectos en cuanto a la informalidad?

–No hay que perder de vista la realidad de antes de la pandemia, porque 6 de cada 10 trabajadores estaban en la informalidad. En las Américas el índice era del 50% aproximadamente. No digo que sea normal, pero no es de sorprender que, en una situación de crisis con destrucción de trabajo formal, la gente se refugie en el sector informal. Es un proceso que se puede comprender. Y luego de la pandemia, las tasas de informalidad han subido. No se nota en el proceso de recuperación un regreso de trabajadores a la economía formal. Es decir que quienes se refugiaron en la economía informal corren el riesgo de quedarse ahí. Habrá que ver las consecuencias a largo plazo y a medida que el rebote siga.

–¿Con qué herramientas cuentan los Estados para resolver este problema?

-El problema, para hablar de los obstáculos hacia adelante, es que muchos países no tienen los recursos financieros para estimular sus economías. Eso es una realidad, que exige un esfuerzo internacional. Tuvimos la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), por parte del FMI, por alrededor de US$650.000 millones. Eso resulta una fuente de liquidez que se podría utilizar para apoyar la recuperación, pero lamentablemente el sistema del FMI es tal que estos fondos fueron directamente a los países más ricos, y deberían recanalizarse hacia los países que tienen más necesidades, pero hasta la fecha no lo hemos visto. Francamente, no veo un proceso que se corresponda con la envergadura del problema. Tenemos una flagrante injusticia en el sistema financiero. La intervención en el foro de la OIT de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, fue interesante; dijo las cosas con bastante claridad. Habló del gasto social que ellos hacen, pero no dudó en señalar el peligro de la situación actual, donde tenemos inflación nuevamente, tasas de interés que suben y el hecho de que muchos países podrían enfrentar situaciones de crisis de deuda. Y no hay por el momento una respuesta creíble por parte del sistema internacional por evitarlo.

–¿Cuál fue el efecto sobre la brecha de género?

–La brecha salarial sigue. Antes de la pandemia, a nivel internacional más o menos era de 20%, y eso no cambió mucho. Es un tema que tratamos desde hace muchos años, pero hay que constatar que, a pesar de los esfuerzos que se han realizado, no avanzamos. La crisis ha golpeado a la mujer trabajadora de forma desproporcionada, y eso se ve en todas las cifras. Cuando la gente empezó a salir del mercado de trabajo, cuando nos golpeó la pandemia y cerraron los colegios, las mujeres tuvieron que aceptar de nuevo volver a casa, ocuparse de los chicos, etcétera. Salieron del mercado de trabajo en números impresionantes. Y lo que preocupa es que la gran mayoría de los que salieron de sus empleos, salieron del mercado de trabajo. No pasaron al desempleo sino a la inactividad, y eso hace mucho más difícil su reincorporación al empleo. Y también estamos constatando que las mujeres no se reincorporan de forma proporcional a los hombres. Hay un temor a que estemos volviendo a una situación de un papel tradicional de la mujer en la sociedad, que se queda en casa, se ocupa de los niños, y ahí donde hay escasez de empleo, la prioridad es para el hombre. Hay que reconocerlo. Hay un peligro de un retroceso estructural y cultural en la presencia de la mujer en el mundo del trabajo.

–¿Y qué políticas se pueden impulsar para revertirlo?

–Hay herramientas clásicas. La formación, la promoción de la presencia de mujeres en la toma de decisión en las empresas. Sabemos lo que funciona. El desarrollo de la economía del cuidado, que libera a la mujer del doble cargo de responsabilidad doméstica y profesional. Hay mucho que hacer, pero en las condiciones actuales estamos en una situación delicada.

–¿Cuál es su visión sobre las políticas de cupo femenino?

–La OIT no tiene posición sobre esta cuestión, pero con mi experiencia de décadas de ver el mundo del trabajo, he llegado a la conclusión de que hay que implementar ese tipo de políticas. En ausencia de estas iniciativas de discriminación positiva no vamos a avanzar.

–Otra brecha es la de edad. ¿Cómo observa la situación de los jóvenes y el empleo?

–De la misma manera que para las mujeres, la crisis golpeó a los jóvenes en varios sentidos. Antes de la pandemia, la situación de los jóvenes era mala, y nunca se recuperaron de la crisis de 2008/2009. La tasa de desempleo era muy alta y la crisis del coronavirus llegó en una situación muy difícil. Cuando llegó la pandemia, los jóvenes que trabajaban perdieron sus puestos de trabajo de forma desproporcionada. Se echó a los jóvenes de forma ‘prioritaria’, muchas veces porque estaban en situación de precariedad y fue más fácil despedirlos. Otro factor es que se interrumpió de forma brutal la formación y la educación de un número grande de jóvenes. Es cierto que en algunos casos han podido pasar de la educación clásica a la forma remota o a distancia, pero ahora, con la recuperación de la economía, la situación es difícil.

-¿Cómo analiza la situación en cuanto al marco laboral para la economía de plataformas? Es un sector a través del cual muchos jóvenes ingresan al mundo del trabajo.

–Es un debate importante. Es un hecho, una realidad, que las reglamentaciones existentes en los mercados de trabajo en el mundo no contemplan o no se corresponden con las nuevas realidades de la economía de plataformas. Es normal. La realidad avanza mucho más rápidamente que la capacidad institucional de reaccionar a estos nuevos contextos. A nivel internacional no tenemos, de todas formas, un marco de regulación adecuado, así que lo que vemos es que los tribunales tienen que tomar decisiones sobre casos específicos. Uber es un ejemplo clásico, que ha sido protagonista en tribunales de diferentes jurisdicciones. Y el resultado son decisiones completamente distintas entre países, o incluso entre ciudades. Es un caos jurídico. Y también hay que hacer una diferencia entre una plataforma que está vinculada con una locación específica de una que no. Porque si uno quiere pedir una pizza en Buenos Aires, es un tema local, pero si uno quiere hacer traducir un documento del inglés al español, yo puedo pedir desde Ginebra que alguien en Lima haga el trabajo. Ahí hay un elemento internacional, y es cuestión de ver qué legislación se aplica. Y la realidad es que hoy no se aplica ninguna. En estas circunstancias, tenemos que recuperar el terreno perdido entre la realidad que se desarrolló en el mundo del trabajo y los instrumentos jurídicos que disponemos. Hay una necesidad desde la OIT, es una organización que tiene que responder.

–¿Y está en debate el tema?

–La cuestión está planteada, pero no hay consenso, no le voy a mentir. Los trabajadores quieren avanzar, muchos gobiernos quieren avanzar; de hecho, en Europa la Comisión Europea está planteando una reglamentación regional del tema, pero los representantes empresarios no quieren en este momento. No es nada nuevo. Y en todo este debate, hay una frase que me ha gustado de la excanciller alemana Angela Merkel, quien en un congreso sindical dijo que la economía digital tiene un enorme potencial, puede abrir nuevas perspectivas y cosas muy positivas, pero al mismo tiempo puede crear el nuevo proletariado digital del siglo 21. Y tiene razón. Depende de nosotros. Esta economía no es buena ni mala por definición, pero depende de la forma en que nosotros respondemos a los desafíos que se plantean.

–Otro asunto que se debate en el mundo es del ingreso universal o sus variantes. ¿Cuál es su visión?

–La dificultad es que cuando se habla de protección universal o de ingreso universal se hablan de cosas distintas. Desde hace tiempo la OIT defiende la idea de un piso de protección social mínimo y universal. Es decir, que todo el mudo tiene que ser beneficiario de un ingreso mínimo. Esto es una cosa y la OIT lo apoya. Pero en otros países se trata la idea de que cada ciudadano, independientemente de su estatus en el mundo del trabajo o su riqueza, reciba cada vez una cantidad de dinero. Eso me parece excesivo, y que no es la mejor forma de utilizar los recursos disponibles. Sí tenemos que asegurarle a cada persona una base de seguridad y protección social. Lamentablemente en el mundo ahora el 53% de la mano de obra no tiene ninguna protección, pero la forma de implementar estas políticas es importante.

–Y con respecto a la idea de reducir las jornadas laborales o de acortar las semanas, ¿es algo que se puede implementar?

–En primer lugar, es una idea histórica. No es nada nuevo. Cuando la OIT se estableció, hace 100 años, el primer convenio fue proponer la semana laboral de 40 horas, cuando en aquel momento se trabajaba más de 60 horas a la semana. Con el progreso social y económico es normal que el tiempo de trabajo baje. Creo que la reducción de la jornada es un objetivo social permanente y normal. Me extraña que se piense que estamos inventando algo nuevo cuando se plantea la idea. Yo creo que es factible. En Bélgica, el gobierno acordó una semana de cuatro días a todos los funcionarios públicos, y están convencidos no solo de que es factible, sino de que puede mejorar la eficacia y la eficiencia del servicio público. Y es normal que vayamos en ese sentido.

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