Gustos caros, sociedades ocultas y una interna que condiciona a los Caputo: el trasfondo del escándalo en el ARCA
La revelación de las propiedades no declaradas de Vázquez, jefe de la DGI, se da en simultáneo con una puja que incluye al nuevo jefe, Juan Pazo, en un contexto de virtual bicefalía
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LA NACIONFrancisco Olivera
La interna va en paralelo con el escándalo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Y está tan a punto de salir a la superficie que incluye todo en la conversación, no sólo el escándalo por las propiedades no declaradas del jefe de la DGI, Andrés Edgardo Vázquez, sino hasta detalles que en otro organismo resultarían insignificantes. Por ejemplo, el Rolex Submariner con el que Juan Alberto Pazo, director ejecutivo de la ARCA y jefe formal de Vázquez, le dio en la red interna la bienvenida al personal no bien asumió, la semana pasada. ¿Hacía falta, comentan los empleados, cuando lo que se propone Pazo es llevar adelante un ajuste? Hay que decirlo mejor: más que la foto o el reloj, en realidad molesta Pazo. Hay ahí una virtual bicefalía que debería resolverse en los próximos meses. ¿Pazo o Vázquez?
Lo interesante del asunto es que el contrapunto incluye en última instancia a dos parientes que se llevan bien, Luis y Santiago Caputo. Tío y sobrino segundo, ministro de Economía y asesor estrella, respectivamente. Pazo viene de trabajar como secretario de Coordinación del Palacio de Hacienda y acaba de reemplazar en la ARCA a Florencia Misrahi, que tenía con el ministro un vínculo familiar y presentó la renuncia luego de un confuso episodio: firmó el lunes 9 de diciembre una resolución que determinaba el nomenclador de 15 actividades digitales y en La Libertad Avanza la acusaron de querer gravar con impuestos a los streamers, youtubers e instagramers. Una incoherencia, porque esos sectores tributan como cualquier otro y la clasificación no implicaba un aumento.
Vázquez, en tanto, es un antiguo empleado de la AFIP que tiene el respaldo de Santiago Caputo, con quien se relaciona habitualmente a través de Manuel Vidal, exdirigente del Pro que se acercó mucho en los últimos tiempos al asesor.
Se hace difícil separar las filtraciones que surgen del organismo de la discusión de fondo. No bien salió la designación de Pazo, casi en simultáneo con la resolución que precipitaba el alejamiento de Misrahi, el nuevo jefe recibió escraches en las redes y hasta una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade por tener inmuebles y sociedades en el exterior. “Es verdad que los tiene, pero declarados como corresponde tanto en la ARCA como en la Oficina Anticorrupción”, dijeron a su lado a LA NACION. No es el caso de los activos y sociedades que, según publicó esta semana Hugo Alconada Mon, se le atribuyen a Vázquez. “Ambos llegan golpeados a esta interna”, describieron en la ARCA.
Tampoco parece probable que la tensión se aplaque. Al contrario. No hay organismo con tanta y tan sensible información sobre los argentinos como la ex AFIP. Ni siquiera el Banco Central tiene tantas atribuciones. Será en todo caso el costo al que el Gobierno se expone por haberse abrazado a una estructura de cables pelados, integrada por dirigentes con años en el Estado y antiguas conexiones en los servicios de inteligencia y a quienes exdirectores como Ricardo Echegaray o Alberto Abad había, por distintos motivos, apartado de las primeras líneas. Hasta hace tres meses, Vázquez trabajaba en una dependencia de La Plata.
Por eso la cuestión es explosiva para el establishment. Santiago Caputo lo discutió, por ejemplo, varias veces con Mauricio Macri, que llegó a proponer en su momento, no bien Javier Milei se impuso en el balotaje en 2023, a Leandro Cuccioli para el cargo. Pero Caputo está convencido de lo contrario: cree que jugar con lo establecido es el único modo de hacer pie en estos submundos en los que, si designara a un funcionario propio y nuevo, duraría unos pocos días. Es lo que le pasó a Misrahi. ¿Es también lo que le espera a Pazo?
El otro riesgo para el Gobierno es que esa estructura resucitada del pasado se vuelva incontrolable. O que aparezcan nuevas revelaciones. Oportunidades e información sobran. Hay una costumbre muy difundida en la vieja AFIP que es adquirir propiedades en barrios cerrados en los que no está hecha la subdivisión para el impuesto inmobiliario. La mayoría de los de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde se pagan tributos por un terreno, no la propiedad. Por eso figura tanto vecino del ente recaudador en esas listas de expensas.
Tal vez Vázquez y Pazo aprendan a convivir. “No es la primera vez que hay dos conducciones”, dicen en la ARCA, donde recuerdan desencuentros menos explícitos, como el de Carlos Castagneto y Virginia García, durante el gobierno de Alberto Fernández. Cuando entró Sergio Massa en el Ministerio de Economía se sumó el poder de Guillermo Michel en la Aduana. Pero en todo caso, Pazo deberá asumir que a Vázquez, un contador con experiencia en estas lides y que entró en el organismo en 1991, lo acompaña un elenco propio de funcionarios de bajísimo perfil y sobre quienes resulta casi imposible obtener una foto en Google.
Uno de ellos, el más importante, es Mariano Mengochea, a quien Vázquez acaba de designar al frente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. Una dependencia que acapara casos sensibles como, por ejemplo, la situación de Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, a quien el ARCA le reclama una deuda de 1300 millones de dólares.
A Mengochea le dicen el Vasco. Como Vázquez, él también estuvo muchos años relegado en la agencia de La Plata, donde se desempeñaba como analista de Asuntos Técnicos. Con el jefe de la DGI tiene además algunos vínculos por fuera del ente recaudador. Ha dado clases, por ejemplo, en la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario que Vázquez tiene en la Universidad de Lomas de Zamora. Y en 2015 su suegro, el italiano Antonio Galzerano, que murió en febrero de este año, se constituyó como accionista de DVQP Sports, organizadora de certámenes deportivos y una de las empresas que Vázquez incluyó en su declaración jurada.
La mujer de Mengochea, Cynthia Galzerano, hija de Antonio, es también una funcionaria gravitante. Empleada en la ex AFIP desde 2015, acaba de ser nombrada en noviembre como asesora de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, otra de las áreas que debe relacionarse directamente con el sector privado y que conduce el contador Marcelo Francisco Laffont.
Hace dos años, el matrimonio hizo para una de sus hijas una fiesta de 15 en Rüt House, el mismo lugar que eligió el fiscal Ramiro González para celebrar hace dos semanas sus 60 y que provocó revuelo en Comodoro Py. El statu quo de la política, eso que el Gobierno llama “la casta”, nunca es original.
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