Griesa les ordenó a los holdouts negociar con la Argentina
Demanda de US$ 145 millones en Estados Unidos
LA NACIONMartín Kanenguiser
El juez de Nueva York Thomas Griesa ordenó ayer llegar a un acuerdo a la Argentina, a Euroclear y a un fondo que representa a bonistas alemanes con demandas iniciadas en 2007, por un monto cercano a los US$ 145 millones en diferentes monedas.
Se trata del grupo HWB, que, al no alcanzar todavía un arreglo con el país, pidió recientemente embargar los motores de los helicópteros presidenciales en el estado de Ohio -sin éxito- y presentó demandas similares también en Kansas.
En un escueto comunicado, el magistrado reclamó a las partes presentarse ante el special master Dan Pollack y realizar un "esfuerzo" para poner fin a las negociaciones de las partes.
"La Corte ha dicho en numerosas ocasiones que estos casos deben ser resueltos. La Corte dirige a las partes, así como a Euroclear, a comparecer ante el special master en un esfuerzo por resolver el litigio", señaló.
En diálogo con LA NACION, fuentes del Ministerio de Finanzas destacaron la decisión del magistrado, al recordar que la diferencia entre lo que pedía este fondo y lo que ofrecía el Estado es "inferior al uno por ciento, por lo cual, con la intervención de Pollack, es posible llegar a un acuerdo". De esta manera, el Gobierno suspira aliviado porque este fondo ya no insistiría más sobre los pedidos de "discovery".
Por su parte, Sebastián Maril, analista de Research for Traders, dijo que "lo más importante de este nuevo episodio es que la Argentina debe cerrar todos los santos casos que tiene abiertos antes de que se le complique".
Más allá de este caso, queda pendiente el arreglo con tres fondos de inversión (Trinity, Baybrook y White Hawthorn), con los que persiste una discusión en torno de la prescripción de los bonos en default, y, además, con el bonista Mohammad Ladjevardian.
La Argentina pactó el año pasado con la mayoría de los holdouts y reanudó los pagos a los bonistas que habían ingresado en los canjes de 2005 y 2010, luego del default registrado desde 2014 por la decisión del gobierno kirchnerista de no solucionar este problema que estaba pendiente desde fines de 2001.
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