Impuesto a la riqueza. Según los expertos, incluir a los extranjeros implicaría una fuga de inversiones

En los últimos meses aumentaron las consultas de empresarios argentinos para mudar sus bienes a Uruguay y a otros países con mayores incentivos fiscales. Para los especialistas, la posible ampliación del proyecto oficialista que establece un impuesto extraordinario a las grandes fortunas puede agregarle otra dimensión a ese fenómeno. A la retirada de los propios, anticipan, se sumaría el desaliento a la llegada de inversores extranjeros.

Se refieren especialmente a la posibilidad de que el alcance del "aporte extraordinario" incluya también a los residentes en el exterior,sean de nacionalidad argentina o extranjera, con patrimonios en el país. Según anticipó el autor de la iniciativa y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, se está debatiendo internamente esa modificación, a la que la oposición ya anticipó su rechazo.

De hecho, hay quienes aseguran que la inclusión de los extranjeros apunta a duplicar la apuesta para después tener alguna prenda que conceder en el debate. Además, señalan que incluso es de muy difícil cumplimiento por la complejidad que implica identificar a las personas a gravar. Aún así, alcanza para enrarecer el clima y sumar precaución entre los hombres y mujeres de negocios.

Si bien el aporte extraordinario grava personas, para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, puede impactar por dos vías sobre las empresas, en ambos casos de manera indirecta. Por un lado, porque deteriora las condiciones e incentivos a la inversión y desalienta la radicación de empresas, aun cuando estas no estén afectadas por el impuesto de manera directa. "Nada garantiza que la política no cambie mañana y la contribución también las alcance a ellas", señala.

Por otro lado, Rajnerman considera que la medida desincentiva la radicación de personas con alto poder adquisitivo en el país. "Para atraer inversiones competimos contra otros países, de modo que esto puede implicar un mayor costo relativo a la hora de proyectar en el país", apunta.

"Es muy relevante el marco general en el que se da esta señal", señala el analista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo. Según detalla, desde fines de 2019 se advierte una tendencia a aumentar la carga impositiva de la Argentina sobre el sector privado, "que puede afectar las expectativas de los empresarios" y que va en el sentido contrario a lo que ocurre a nivel global.

"En el mundo hay una competencia entre países para bajar la carga impositiva a los capitales productivos para atraer inversiones. El ejemplo paradigmático es Donald Trump, que bajó Ganancias y el impuesto a la repatriación de capitales", dice Elizondo, y agrega que en desde el comienzo del siglo XXI el promedio de alícuota de impuesto corporativo en el mundo bajó de 28,5% a 23%.

"Además de amenazar a los inversores extranjeros con un impuesto, les estás diciendo que si quieren mover capitales entre la Argentina y el exterior los afectás con el régimen cambiario; que si quieren tomar decisiones de inversión puntuales y volcar sus fondos en proyectos productivos quedan sometidos a múltiples regulaciones, riesgos y cambios constantes en las condiciones de operación", señala Elizondo. "Y a eso se le suma que si mirás para el costado ves a Uruguay que te atrae con una vacación fiscal, a Brasil discutiendo una reforma impositiva y que todos los países de Latinoamérica tienen una carga fiscal más baja que nosotros", añade.

"Más allá del detalle de si se incluyen a los extranjeros o no, el impuesto a la riqueza es una mala señal global que da Argentina", coincide Marisa Bircher, socia de Biglobal y ex secretaria de Comercio Exterior durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bircher considera que, por un lado, "aumenta la presión impositiva es un momento donde el Estado debería estar ayudando a los privados" y que, por otro, "va a contramano de lo que está haciendo el mundo". "Esto hace que los individuos saquen activos de la economía Argentina y los muevan a otros países, lo que termina por golpear la inversión, el ahorro -y en consecuencia el crédito- y la credibilidad de Argentina", explica.

En el mismo sentido, la economista Diana Mondino considera que la iniciativa desincentiva la inversión y favorece solo el consumo. "Al mismo tiempo estás incentivando que quien pueda invertir, lo haga fuera de la Argentina", apunta.

Desde el punto de vista técnico, para Mondino hay una larga lista de inconsistencias. "Es llamativo que se le ponga el nombre de ‘aporte’ en lugar de impuesto para tratar de evadir la legislación fiscal. No puede ser nunca un aporte algo que es obligatorio", apunta, y agrega que si, además, el aporte se considera a cuenta de otros impuestos generará una fuerte baja en la recaudación.

Tal como está planteado en el proyecto de ley, el tributo afectará por única vez a todos los patrimonios de las personas humanas superiores a los $200 millones y podría recaudar $307.000 millones. Según AFIP, tiene un universo potencial de 9298 personas, aunque varios referentes del Gobierno habían anticipado un alcance mayor, de alrededor de 12.000 personas.

Para Mondino, el hecho de que haya solamente esa cantidad de personas en condiciones de pagar el aporte evidencia o que hay un subregistro de quiénes podrían ser alcanzados o que el país "es extremadamente más pobre de lo que todos creíamos".

A los problemas "objetivos" los economistas suman los "subjetivos": la falta de credibilidad en el sistema, que lleva a los inversores a desconfiar de que se trate de un "aporte extraordinario" y no de un mecanismo que termine por instalarse definitivamente, como ocurrió con algunos impuestos que fueron concebidos como medidas temporales. "La falta de confiabilidad genera temor y hace que se vean las cosas incluso peor de lo que son. Ante la duda, el inversor se protege", resume Elizondo.

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