Gobierno con bozal: un desayuno para evitar a un loco o un triunfo kirchnerista
Algo andaba mal con Sergio Massa. Siempre desparrama sonrisas y bromas mientras articula su táctica legislativa, pero casi nada de eso ocurrió en la semana del siete de marzo. Quienes lo frecuentan escucharon en su tono de voz el eco de lo que pasó el 17 de diciembre pasado, cuando se frustró el presupuesto de este año tras un incendiario discurso de Máximo Kirchner.
Los diputados de la oposición se tranquilizaron con el lenguaje gestual del presidente de la Cámara. Supieron que podían ir sin sobresaltos hasta el hueso para romper el proyecto de ley que contenía al acuerdo con el FMI como lo quería Martín Guzmán. El ministro aseguraba que el convenio y el plan económico se tenían que aprobar al mismo tiempo, algo que nunca hubiese apoyado Juntos por el Cambio.
Massa se sacó las dudas por su cuenta. Tuvo un Zoom con el staff del FMI armado por Sergio Chodos, el representante del país en el organismo. Le dijeron que los condicionamientos que ponía Guzmán tenían que ver más con el ministro que con Washington y avanzó sin culpa en las negociaciones que evitaron el default.
El jueves pasado el Senado terminó de cerrar el acuerdo con el Fondo, el hecho económico más importante de la gestión de Alberto Fernández. Es también un regalo para la oposición, que espera desenvolverlo en 2023.
Con matices, los economistas del PRO Hernán Lacunza y Luciano Laspina les transmitieron a otros dirigentes -María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo- que la ley le pone un bozal a un gobierno que hasta ahora se mostró desaforado.
El PRO, el radicalismo y la CC esperan volver al poder el año próximo. La intención es que para ese momento el camino esté lo más allanado posible a pesar de los baches que dejará la gestión del Frente de Todos. El acuerdo con el FMI les permitió tachar un renglón en la lista de futuros asuntos pendientes. Puede haber otra negociación, pero no se hará con el peso de un default.
El Congreso impuso la doctrina de Elisa Carrió. Esos conceptos de a poco fueron convenciendo a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich. Hasta terminó aceptando el propio Mauricio Macri. Los alfiles de Carrió sostienen que el caos le conviene a “un loco” -según la terminología de la Coalición Cívica- o a Cristina Kirchner, pero no a Juntos por el Cambio.
La invasión de Rusia se mezcló en las negociaciones para evitar el default argentino. El domingo 6 de marzo hubo una marcha a favor de Ucrania. Allí fueron Rodríguez Larreta y Bullrich, pero también Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, presidente de la CC y titular del bloque en Diputados. Todos se juntaron esa misma tarde a tomar agua, limonada y discutir sobre el Fondo en Corrientes y Pellegrini, destino final de la manifestación. Invitó el jefe de Gobierno.
Ferraro y López le dijeron a Larreta que su plan era malo. Si ganaba la abstención, argumentaron, la ley derivaría en un proyecto fácilmente judicializable. Bullrich sintetizó en una frase lo que venía flotando: ir hacia una ley de un sólo artículo. Es lo que ocurrió.
Visto a la luz de la reacción de Carrió una semana después (“mi decepción es absoluta; no confío en nadie, solo en la Coalición Cívica”), el encuentro en Tostado ocupará un lugar importante en la historia de la unidad de Juntos por el Cambio.
Dos días más tarde, Mario Negri (UCR), Laspina (PRO) y López le transmitían la idea a Massa. Al mismo tiempo que Martín Guzmán se iba a Houston, caía en el Congreso la propuesta que había defendido con los puños cerrados el ministro.
Economía eligió alegrarse con el acuerdo antes que entristecerse porque no prosperó su receta original. Es una conducta casi habitual. Guzmán se acostumbró a pedir mucho para conformarse con mucho menos. Lo hizo en la negociación por la deuda privada, cuando echó a Federico Basualdo, que sigue trabajando en el Ministerio, y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
La cúpula de Juntos por el Cambio tuvo que hacer un movimiento adicional para calmar la efervescencia interna. Martín Lousteau, activo en el teléfono con EE. UU. como Massa, protestó porque Rodrigo De Loredo, jefe de su bloque, no había sido invitado el día anterior. Hubo que regalarles un gesto de buena voluntad. El miércoles por la mañana se reunieron en el espacio de la Coalición Cívica a redactar un sólo artículo. Estuvieron casi todos: Margarita Stolbizer, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Cristian Ritondo, Lisandro Nieri y los jefes de Evolución.
Los anfitriones amenizaron con medialunas y café el espacio neutral de la Coalición Cívica, como lo denominaron. El lenguaje de la guerra también invadió la política argentina, si bien la onda expansiva no llegó al Senado, donde se discutió esta semana con la tranquilidad de quienes juegan con las cartas dadas vuelta.
Hay una idea extendida que va desde la oposición hasta Máximo Kirchner. Los resultados económicos de Alberto Fernández hasta ahora son malos y no hay motivos para esperar que mejoren en los próximos 18 meses. Es una plataforma inconveniente para hacer política. A la evidencia del Excel se le suma la ruptura de Cristina Kirchner con el Presidente.
Alberto Fernández piensa todo lo contrario. Cree que el acuerdo con el FMI puede ser su última chance para mejorar la economía. Ese espíritu comenzó a derramar en su gente. Mientras la vicepresidenta no le atiende el teléfono, los emisarios de Fernández le recomiendan a La Cámpora abandonar sus puestos en el Estado si no están convencidos del proyecto.
Los funcionarios fieles al Presidente ven en su propia irreverencia la posibilidad tibia de que surja el albertismo, algo que el propio Fernández hasta ahora siempre se encargó de sofocar. La primera parada de esa potencial carrera tendrá que ver con la inflación.
Sin formalidades, Fernández les dijo el miércoles pasado por la noche a Daniel Funes de Rioja (UIA), Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA) que el lunes los llamarán -posiblemente Julio Vitobello- para organizar una reunión donde se acuerden precios y salarios, algo que se hizo sin éxito varias veces desde 2019, como el espíritu de los anuncios de ayer. La guerra de la Casa Rosada contra la inflación se disputa con pólvora mojada.
La economía parece una calesita que dejaría al futuro presidente casi en el mismo lugar en el que se fue Juntos por el Cambio, porque la Argentina de 2023 será un paraje problemático, pero con elementos bien conocidos por el equipo que acompañó a la gestión anterior.
Es otro regalo de Guzmán para el que sigue: un poco por convicción y otro por la necesidad, el acuerdo con el FMI compromete a subir tasas de interés, bajar el déficit fiscal, acumular reservas en el Banco Central y devaluar sin sobresaltos.
El programa económico que defiende Alberto Fernández tiene algunos de los elementos principales del que promovía el exministro de Economía macrista Nicolás Dujovne. Ciertas similitudes llegan a niveles insospechados: Economía puso por escrito que el Frente de Todos espera endeudarse en dólares en 12 meses por US$5200 millones. Es el mismo motivo por el cual la Casa Rosada quiere que Mauricio Macri dé explicaciones en la Justicia.
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