Generación Zoe; la defensa de Cositorto pidió a la Justicia que el empresario mantenga su libertad
Hay seis detenidos y ocho prófugos en el marco de la causa que se sigue en Córdoba a raíz de tres denuncias
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CORDOBA.- Un abogado cordobés pidió a la Justicia provincial que Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, y su segundo, Maximiliano Javier Batista, quienes tienen orden de captura, sigan en libertad. Guillermo Dragotto actuó en representación de Miguel Angel Pierri, quien defiende a la cúpula de la organización.
La orden de captura internacional se libró el viernes pasado en Villa María y tanto los dos dirigentes como otras seis personas son consideradas “prófugos” por la fiscal. Hay seis detenidos que todavía no declararon.
La fiscal de Villa María Juliana Companys entiende que no hay posibilidades de que la causa pase a Buenos Aires; ella actuó en base a tres denuncias recibidas contra Generación Zoe; una de ellas es de una mujer policía. Claudia Pereya, una de las detenidas, también es miembro de la fuerza y está con carpeta psiquiátrica.
Cositorto realizó ayer un zoom donde participaron unas 5000 personas y dijo: “Si piensan que le voy a tener miedo a un juez, no tienen idea con quién se están relacionando”. Reconoció que la gente está “sacando plata” de Zoe.
El contador de la organización, Norman Próspero, fue detenido en Buenos Aires y está a disposición de la fiscal cordobesa; su nombre aparecía en las escuchas telefónicas que se le habían autorizado a la Justicia federal porteña; esa fiscal se apartó para que siga trabajando su colega de Villa María. Era consultado por Marcelo Alvarez, de la delegación cordobesa, ante cada operación grande que tenía que realizar.
Este lunes se presentó en tribunales Javier Marcos, defensor de Gabriela Alvarez, Cristian Delgado y Pereyra, imputados por estafa y asociación ilícita. Ratificó que no hay fecha de indagatoria, la que podría realizarse la próxima semana. “No sé cuáles son los fundamentos de la acusación; todavía es muy pronto”, dijo y sostuvo que Delgado y Pereyra eran “empleados” de la empresa y “desconocían lo que pasaba”.
“Tenían inversiones en la empresa; no me atrevería a hablar de ‘víctimas’ porque ellos no se sienten damnificados porque lo que han sufrido era un ‘atraso’ y ‘no se fueron con el dinero’ -agregó-. Venían cumpliendo periódicamente; el dinero por contrato quedaba inmovilizado por tres años y cobraban 7,5% mensual en dólares”.
El contrato que firmaban los “inversores” es un fiduciario. Por ejemplo, establece que la mecánica de repago del aporte realizado se fija en un anexo; que quienes ponen dinero lo dejan “sometido a un plazo de inmovilización” (en el anexo aclara que tres años) y que el fiduciante “tendrá la posibilidad de retirar su aporte a partir de los 12 meses de efectuado sufriendo una multa aplicable sobre el capital aportado”.
La Justicia de Villa María entiende que probablemente habrá más denuncias. Desde el jueves pasado la sede de Zoe en la ciudad está cerrada y prácticamente vacía. Cositorto tiene prevista una serie de presentaciones en Málaga esta semana. Hasta la ciudad española viajaba desde Colombia.
“La situación la vengo estudiando desde hace siete días. Me parece, en lo personal, que se podía dar una respuesta más efectiva para dejar tranquilos a los ahorristas o inversores ahorristas del grupo Zoe. Hasta el día de hoy hubo un gravísimo problema comunicacional”, dijo Pierri.
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