Gastos administrativos: Economía actualizó los costos y abrió una polémica
Subió el límite máximo permitido de US$12.500 a US$120.000
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El economista Nicólas Gadano, exgerente general del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, mostró en Twitter que los gastos de impresión y traducción de los documentos del canje de la deuda terminaron costando diez veces más que el límite aprobado en el presupuesto del Ministerio de Economía en 2020. “Parece que se complicaron los gráficos y el tema de la conversión al formato Edgar-HTLM”, comentó en la red social.
En el adjunto, mostró que el año pasado se había aprobado un límite máximo de US$12.500 para el pago de impresión, traducción y otros gastos relacionados con los documentos necesarios para la de reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera. En la semana pasada, ese límite se aumentó a US$120.000.
En el detalle de la resolución 298/2021, publicada la semana pasada, el Ministerio de Economía explicó que el mayor gasto se debió a que el proceso de reestructuración se había extendido y a que el servicio había sido más caro, ya que se incluyeron mayores cargos “por trabajo durante días no hábiles y fines de semana, producto de la propia dinámica del proceso de reestructuración”.
En el Gobierno señalan que el canje de la deuda le permitió al país horrar US$37.700 millones, y que para eso se “debió afrontar ciertos gastos administrativos, tecnológicos y de logística que suman US$120.000″.
La empresa encargada del servicio de traducción fue Donnelley Financial Solutions, que es contratada por el Palacio de Hacienda desde 2016 cada vez que se remitía a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés, Securities and Exchange Commission) un prospecto de emisión o un formulario 18-K. Por ejemplo, la aprobación de este tipo de gastos en 2017, durante la gestión anterior, se estableció en US$100.000, mediante el artículo 3 de la resolución 91-E/2017.
Donnelly es una empresa que provee servicios de imprenta, tecnológicos e informáticos para cumplir con los requerimientos de formato establecidos por la SEC para emisores públicos y privados a nivel mundial. Las traducciones fueron parte del proceso tanto de los documentos como de los comunicados de prensa.
“En marzo de 2020, cuando hacía poco que comenzaba el proceso de negociaciones, se estableció —con el dictado de la resolución 130 con fecha 12 de marzo de 2020— un gasto de US$12.500 sin tener definiciones certeras acerca del tiempo que llevaría alcanzar un acuerdo que sea bueno para la Argentina. Siempre dijimos que la prioridad era un acuerdo bueno y no uno rápido a costa de nuestra gente”, indicaron fuentes oficiales.
“Con la prolongación de los tiempos y las necesidades propias de una negociación este monto debió ser recalculado. Por ejemplo, reiteradas veces se debió extender la fecha de vencimiento de la invitación del canje (presentada inicialmente el 21 de abril de 2020), y esto conlleva diversos gastos para operativizar las mencionadas extensiones de la fecha de vencimiento, así como las modificaciones en la Oferta de Canje y el Anuncio de Resultados”, agregaron.
La actualización del monto refiere a una cuestión administrativa necesaria dado que queda remanente abonar gastos por servicios relacionados con el proceso de restructuración de la deuda pública externa, incluyendo aquellos relacionados con la Segunda Enmienda y el proceso de cierre de la operación.
“En línea con la confirmación por parte de nuestros abogados externos (estudio legal Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton), los montos facturados se condicen con las tareas realizadas y los cargos están acorde a los valores de mercado por este tipo de servicios, en línea también con los cargos que Donnelley viene facturando a la Argentina desde 2016 cada vez que se remitía a la SEC un prospecto de emisión o un formulario 18-K”, concluyeron en el Gobierno.
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