Ajuste a jubilados. Cuánto redujo el Gobierno el gasto público por la suspensión de la movilidad

Mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se expresa en contra de las políticas de reducción del gasto público, en la práctica y por efecto de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el Gobierno ya decidió un ajuste anual en las erogaciones de por lo menos $72.000 millones, según una estimación realizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La contrapartida, claro, es menos dinero en los bolsillos de jubilados y pensionados, respecto de lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente la modalidad de cálculo de aumentos que dispuso la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017.

La estimación del ajuste fiscal, que tiene una proyección hacia futuro y no se limita solo a 2020 (porque se reducen las bases para el cálculo de las subas posteriores), no contempla el efecto de la suspensión de la movilidad referido al pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de las prestaciones no contributivas y del salario familiar, que también se ajustan como los haberes previsionales. Y sí toma en cuenta los tres bonos que se les pagaron a los pasivos de menores ingresos entre diciembre de 2019 y abril de este año.

A partir de la suspensión de la fórmula (votada por el Congreso en diciembre de 2019), los porcentajes de las subas trimestrales de los haberes son decididas de manera discrecional por el Poder Ejecutivo. El resultado, hasta ahora, es que los jubilados y pensionados del sistema que gestiona la Anses recibieron aumentos nominales que van de 18,36% a 28,86%, dependiendo del nivel de ingresos, en tanto que, de haberse aplicado la fórmula legal, el incremento habría sido de 35,94%, para todos por igual.

Desde el punto de vista fiscal, las consecuencias en menores gastos se proyectan a futuro, porque las recomposiciones de los ingresos siempre se irán calculando sobre una base menor respecto de la que habría existido en caso de seguir la movilidad. Ese efecto hacia adelante, según advierte el Iaraf, se verá también reflejado en los ingresos de los jubilados.

¿Cuáles son las consecuencias concretas para los bolsillos? El haber jubilatorio mínimo, por ejemplo, llegaría actualmente a $19.126 con la ley de movilidad, mientras que, por aplicación de los decretos, en la práctica es de $18.128. Un haber mensual que al iniciarse el año era de $30.000, por ejemplo, es actualmente de $36.722, en tanto que sería de $40.786 en el supuesto de no haberse suspendido la fórmula. Y el ingreso previsional máximo, que era de $103.064,23 hasta febrero de este año, es ahora de $121.990, mientras que sería de $140.122 por la modalidad de cálculo suspendida.

El mencionado informe del Iaraf estima cuál es el efecto fiscal que tienen, para los pagos de las jubilaciones y prestaciones las tres decisiones del Poder Ejecutivo, considerando el período anual que va de diciembre de 2019 a noviembre de este año. Hasta este último mes, las jubilaciones y pensiones seguirán con los mismos valores que se definieron para septiembre, ya que en el último mes del año debería haber un nuevo reajuste.

La estimación del efecto de $72.000 millones, que equivale a 2,6 millones de haberes medios mensuales (hoy el ingreso medio es de $27.600), incluye el pago de adicionales a los pasivos de menores ingresos que se dieron en diciembre y en enero (dos bonos de hasta $5000 para quienes cobraban hasta $19.068), y en abril (un extra de hasta $3000 para quienes percibían no más de $18.891).

Para marzo de este año se otorgó un aumento con un mix de porcentaje y suma fija (2,3% más $1500); como el monto fijo fue igual para todos los haberes, se provocó un achatamiento de la pirámide de ingresos: los que cobraban hasta $16.200 en ese momento recibieron lo que habrían percibido por la movilidad o incluso un poco más; a partir de ese nivel de haberes mensuales para arriba, todos recibieron menos que la fórmula y, así, los incrementos fueron del 3,75% al 12,96%. Para junio y septiembre se dieron subas porcentuales iguales para todos, de 6,12% y de 7,5%, respectivamente. Por la fórmula habrían correspondido aumentos de 11,56% (marzo), 10,91% (junio) y 9,88% (septiembre).

Si se considera el período de diciembre de 2019 a noviembre próximo, y en caso de no haber novedades hasta el penúltimo mes de este año, el efecto acumulado de todas las decisiones del Gobierno (subas por decreto y otorgamiento de bonos) implicaría, según los cálculos del Iaraf, que quienes tienen el haber mínimo terminarán el período habiendo percibido, en total, $8983 más respecto de la fórmula sin adicionales (la diferencia es positiva solo por efecto de los bonos, que en parte fueron absorbidos por la menor movilidad). En los niveles medios bajos, para alguien con un ingreso de $22.905, la consecuencia en el período habrá sido negativa, con $7563 menos de ingresos en comparación con la movilidad. Para un haber de $35.953 la pérdida acumulada sería de $24.022, y para un ingreso actual de $93.712, el efecto se traduciría en $88.848 menos, siempre en los 12 meses considerados.

Por 2020 falta todavía otorgar una recomposición en el mes de diciembre que, según la fórmula suspendida, sería de 4,48%. No se conoce todavía qué decisión tomaría el Gobierno ni se sabe aún cuáles son los ejes de la propuesta que deberá discutirse en el Congreso respecto de una nueva forma de cálculo de los reajustes. Esa iniciativa está a cargo de una comisión mixta que integran legisladores y funcionarios del Gobierno.

Mientras tanto, la suspensión de la fórmula de 2017 sigue hasta el 31 de diciembre de este año. Ese cálculo está basado en sumar el 70% de la evolución de los precios minoristas y el 30% de la variación de los salarios formales de la economía según el índice Ripte, ambos datos referidos a un trimestre y con seis meses de rezago.

Esa modalidad de cálculo había determinado una dinámica por la cual, en un escenario con inflación al alza, los jubilados perdían poder adquisitivo, mientras que con una tendencia a la baja del índice de evolución de precios, los haberes recuperarían valor real. En 2018 y 2019 se produjeron pérdidas de poder de compra de 13% y de 2%, respectivamente. Para este año se preveía una recuperación.

Al efecto de un menor gasto explicado por la discrecionalidad en las subas jubilatorias, se suman las consecuencias que tienen las demoras para poder jubilarse este año. Entre enero y junio, según el último dato publicado por la Secretaría de Seguridad Social, lograron el alta de su prestación 54.074 personas (9012 por mes, en promedio), mientras que en todo 2019 los nuevos beneficios otorgados habían sido 224.435 (en promedio, 18.703 por mes). La caída del número de nuevos jubilados se dio por efecto de la cuarentena dispuesta por el Gobierno y el consecuente cierre inicial de todas las oficinas del organismo previsional, que con los meses fue habilitando trámites virtuales y fue reabriendo las puertas para la atención presencial, pero con el otorgamiento de pocos turnos.

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