Gasoducto Néstor Kirchner. La demora en la construcción le cuesta al Estado US$2700 por minuto

El viernes por la tarde, finalmente la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) publicó los pliegos para la licitación de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Se esperaba que este llamado se hiciera hace un mes, pero algunos conflictos internos en el Gobierno hicieron demorar más de lo pensado el proceso.

Este atraso no es gratis para el país, que no podrá contar en 2023 con más gas de producción nacional, que actualmente es reemplazado con importaciones que son hasta ocho veces más caras: US$4,50 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) vs. US$35. De hecho, estimaciones privadas señalan que se pierden alrededor de US$2700 por minuto por la falta de transporte.

La paradoja es que en la formación Vaca Muerta sobra gas y hasta las empresas están “rebotando” producción, que es la manera técnica de decir que están tapando pozos. El gas, a diferencia del petróleo, no se puede transportar por camiones o por buques de manera económica, sino que se necesita el proceso de licuefacción para pasarlo a estado líquido, que es caro y actualmente la Argentina no cuenta con esa tecnología.

“Este gobierno y el anterior se dedicaron a fomentar la producción en Vaca Muerta, pero a nadie se le ocurrió que había que desarrollar el transporte también”, dijo con resignación un consultor del sector.

El próximo paso del proceso de licitación se dará el viernes 8 de julio, a las 11 de la mañana, cuando se realice la apertura de las ofertas.

En los días previos a conocerse el pliego estuvo en discusión cuáles serían las condiciones que exigiría Enarsa para poder acceder a la licitación. Finalmente, no se redujo ni el tamaño de pulgadas de los ductos, que son de 36 pulgadas, ni se flexibilizaron los años de antigüedad en el rubro de las empresas participantes, que eran los debates internos en el oficialismo.

Con el pliego actual, solo cinco empresas están aptas para construir la obra pública más importante de esta gestión: Techint, Sacde, de Marcelo Mindlin; BTU; Contreras Hnos., y Víctor Contreras SA.

Quedan afuera otras posibles interesadas en la construcción del gasoducto, como CPC, de Cristóbal López, o Chediack Construcciones, como reveló el fin de semana Francisco Olivera en LA NACION.

Hay otro proceso en paralelo que inició Enarsa, que es la compra de los caños en sí, que fue adjudicada el pasado 5 de mayo a Siat Tenaris, del Grupo Techint, por un total de US$500 millones. Sin embargo, ese contrato todavía no fue firmado y, por lo tanto, la empresa no puede acceder al Banco Central para comprar los dólares necesarios para importar la materia prima para fabricar los caños.

La lentitud para avanzar con estos procesos demorará aún más la construcción del gasoducto, donde ya ni los más optimistas creen que estará listo para el invierno 2023.

Hay otra duda además que el Gobierno todavía no despejó: cómo se financiará el costo de la obra, valuada en US$1491 millones. Se cree que el Tesoro recurrirá a una práctica ya utilizada de emitir un bono para que las mismas empresas productoras de gas participen del financiamiento.

Este instrumento financiero se aplicó en 2010, cuando el entonces gobierno de Cristina Kirchner construyó un gasoducto submarino en el Estrecho de Magallanes para unir Tierra del Fuego con Santa Cruz y ampliar la capacidad de transporte de la producción offshore (costa afuera) del sur, que mayoritariamente opera la petrolera francesa Total.

El viernes pasado, la vicepresidenta le adjudicó de manera errónea a Total ser la responsable de la construcción de ese gasoducto, cuando en realidad había sido el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estaba intervenido por Antonio Pronsato, el funcionario que renunció la semana pasada a Enarsa por la demora en publicar el pliego que él diseñó para licitar el gasoducto. En la empresa estatal todavía no hay información sobre su sucesor.

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