Gasoducto Néstor Kirchner: el ejemplo del empresariado para explicar por qué la política es la culpable de la crisis económica
Los empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) señalaron que las internas políticas generan un nivel de incertidumbre que agrava los problemas de corto plazo
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LA NACIONSofía Diamante
No podía haber otro escenario mejor que la celebración de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que nuclea a los empresarios más poderosos del país, para que el sector privado dijera sin vueltas lo que le preocupa. El guion parece no haber cambiado en estas dos décadas: falta de reglas estables, inflación, moneda débil, presión impositiva, incertidumbre macroeconómica, volatilidad e inseguridad jurídica fueron algunos de los factores que mencionaron los líderes de negocios que se reunieron en hotel Sheraton de Retiro.
“Es difícil desarrollarse en un entorno como este. Solo la resiliencia empresarial argentina lo hace posible”, dijo el presidente del Grupo BGH, Alberto Hojman, uno de los empresarios que expusieron durante la mañana frente al resto de sus colegas. “Hace falta confianza y consenso para hacer las reformas necesarias y que se mantengan en el tiempo”, agregó.
El ejemplo concreto que atravesó todo el evento fue el gasoducto Néstor Kirchner. La obra tiene consenso no solo dentro del oficialismo (que ya implica una rareza), sino de todos los sectores políticos, porque permite reemplazar importaciones de gas con producción nacional. Sin embargo, el consenso no es suficiente para llevar la obra adelante, aun cuando el mundo atraviesa una crisis energética que le brinda a la Argentina una nueva oportunidad.
Lo que sucede con la energía ayuda a explicar la visión del empresariado sobre la presentación que el ministro de Economía, Martín Guzmán, les hizo al cierre del evento. Las declaraciones del funcionario no están muy lejos del pensamiento del sector privado: “El principal problema es la inflación”, “hay que ordenar las cuentas públicas”, “hay que generar dólares con mayores exportaciones”, “hay que generar las condiciones para que puedan producir y generar trabajo”. Para los empresarios, la gestión luego no se condice con el discurso por los conflictos políticos, que condicionan la economía.
“Guzmán es una persona que tiene una serie de definiciones importantes. Yo le pregunté acerca de las cosas que nos preocupan, como la inflación, la presión tributaria y la falta de dólares para las importaciones, y él hizo foco en la importancia de generar expectativas positivas”, dijo el presidente de AEA, Jaime Campos, responsable de entrevistar al ministro.
“¿Cómo se pueden generar expectativas positivas, cuando un ministro renuncia acusando de ineficiente a un sector del Gobierno?”, le preguntó LA NACION a Campos. “El desafío del Gobierno es dar expectativas en ciertos puntos, haciendo que eso se traduzca en acciones, como puede ocurrir con algo tan puntual y concreto como es el gasoducto”, respondió.
La atención empresarial está puesta en la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa). La compañía que dirige el sector del oficialismo cercano a la vicepresidenta todavía debe firmar el contrato de adjudicación de la compra de caños con Tenaris, la empresa del Grupo Techint, pero esa licitación quedó judicializada luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijera que el pliego fue armado “a la medida de Techint”.
“Si tiene lo que se necesita, Agustín Gerez [presidente de Energía Argentina] firma el contrato igual. Sería una buena señal”, dijo uno de los empresarios presentes, mientras lo escuchaba un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, que justamente fue demandado por el actual oficialismo, en un ejemplo más de la judicialización de las decisiones políticas, que luego paralizan la gestión. “Yo consideré que era lo correcto y por eso firmé las operaciones con el sector privado que me tocaron”, respondió el exfuncionario.
En este contexto, la voz de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, fue una de las más esperadas. “No hubo corrupción ni direccionamiento del pliego. Hay una grieta. Hoy está interviniendo la Justicia y es muy probable que terminemos pagando en el invierno de 2023 el gas a US$28 en lugar de US$4″, indicó, sin dejar optimismo a quienes todavía creen que en el invierno próximo habrá un ahorro de divisas por la sustitución.
“Si queremos desarrollar Vaca Muerta tenemos que empezar a considerar el tema como política de Estado. No se puede poner una multitud de grietas con gente de un lado y del otro que confunde espesor con diámetro, milímetros con pulgadas”, agregó, en referencia a las declaraciones de Kulfas y a la demanda de Juntos por el Cambio.
Por los pasillos del hotel, el resto de los ejecutivos coincidía en culpar a las internas políticas de la parálisis económica. “Con el gasoducto en teoría hay consenso de todos y hasta en eso no se avanza”, dijo a LA NACION Claudio Cunha, CEO de Enel, la empresa que opera la distribuidora eléctrica Edesur, cuando se le preguntó sobre la segmentación de tarifas en la que está trabajando Guzmán, por ahora sin demasiadas novedades. “Con nosotros todavía no hablaron”, señaló.
Facundo Goméz Minujin, el responsable del banco JP Morgan en la Argentina y otros países de la región, escuchó desde temprano todas las presentaciones, sentado en una de las mesas redondas que se armaron donde se sirvió un desayuno con café, frutas, sándwiches y medialunas. “Los números y el plan económico de Guzmán son claros, no está mal orientado. El problema es que hay mucha incertidumbre, como vimos el sábado pasado, cuando estalló todo con el gasoducto, que era algo que creíamos que andaba bien. En la Argentina prevalece más la política que en otros países de la región, por eso Jaime [Campos] le preguntó a Guzmán por qué nosotros tenemos inflación en estos niveles y el resto de las economías no”, indicó.
El impuesto a la renta inesperada, en este sentido, fue rechazado por los empresarios, ya que consideran un factor más de incertidumbre. El exCEO de HSBC Gabriel Martino directamente lo definió como un “disparate” y dijo que “el Gobierno define las reglas y al que no le gusta invierte en otro lado, como está pasando con el sector de los servicios del conocimiento”, que eligen expandirse en Colombia o México. “Tenemos que dejar de ser potencial para ser una realidad. Eso depende de la política”, concluyó.
Por Sofía Diamante
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