Gas. Cayó hasta 75% la recaudación por tarifas y advierten por la ruptura en la cadena de pagos

Una preocupación en común une a toda la industria del gas –productoras, transportistas, distribuidoras y reguladores–: el aumento en la morosidad en las tarifas, que hizo caer hasta 75% la recaudación. Esto se debe a dos razones: el cierre de las oficinas comerciales donde se suelen cobrar las boletas (Pago Fácil y Rapipago, en general) y el decreto que flexibiliza el pago de facturas por tres meses para aquellos que tienen tarifa social.

Las encargadas de recaudar el dinero son las empresas distribuidoras, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy y Camuzzi, por ejemplo. Del total, estas compañías se quedan con un 23% de los ingresos, mientras que el resto del costo de la tarifa se reparte en un 18% para las transportistas (TGN y TGS), el 40% para las productoras de gas –YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Total y Wintershall, entre otras– y el 19% restante son impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Solo en la recaudación de marzo, en donde la cuarentena comenzó a mitad de mes, Camuzzi Gas Pampeana reportó una disminución de la recaudación del 60% mientras que Naturgy registró una caída en sus ingresos que alcanza al 75%. Por su parte, Camuzzi Gas del Sur informó un desplome del 63%; Metrogas, 70%, Distribuidora de gas del Centro, 69%; Distribuidora de Gas Cuyana, 71%, Litoral Gas, 66%; Gasnea, 61%, y Gasnor, 71%, según el Enargas, que difundió datos en base a Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas).

Federico Bernal, interventor del ente que regula el servicio de gas, indicó que "se está gestionando ante las autoridades competentes la declaración de 'servicios esenciales' a la recaudación y cobranza en efectivo y de los servicios de Rapipago, Pago Fácil y similares que facilitarán el pago de los servicios". Hasta ahora, por más insistencia del funcionario, estas actividad siguen prohibidas y las empresas distribuidoras de gas y electricidad promueven el pago de las facturas por internet, sin demasiado éxito al momento.

Hoy, el Enargas emitió un nuevo comunicado aclarando a quienes alcanza la prohibición de corte del servicio. "La gente que puede pagar los servicios debe hacerlo, porque de esa forma se colabora con aquellos y aquellas que sí están imposibilitados de hacerlo, además que también contribuimos a frenar la caída de la recaudación por parte de las distribuidoras, porque la situación en este punto de la cadena de pagos también es grave", dijo Bernal.

Las consecuencias de la caída en la recaudación ya comienzan a vislumbrase en la cadena de pagos. El último pago que las distribuidoras le hicieron a las productoras fue por el consumo de gas de enero, que suele ser muy bajo por las altas temperaturas, y la tasa de cobranza estuvo en el orden de solo el 10%. "Hay mucha preocupación por lo que vendrá en los próximos meses. Si en enero, que es un mes de poca demanda, las distribuidoras solo pudieron pagar el 10%, la situación se complica para los meses que vienen, cuando aumenta el consumo por el invierno", señalaron en una productora, en la cual analizan cómo será la viabilidad del suministro de gas para los próximos meses.

"Teniendo en cuenta que tenemos que pagar sueldos y hacer inversiones obligatorias para garantizar la calidad y la seguridad del servicio, pagamos lo máximo posible siempre mirando la caja, –explicaron en una distribuidora–. Obviamente que los productores no sólo lo saben, y lo suscribieron de palabra como un acuerdo de buena voluntad, sino que reconocen la situación en la que estamos. Esto no se trata solo por el coronavirus, sino que la situación estaba complicada desde antes. Las productoras prefieren recibir un poco menos de pago, pero que no nos declaremos en cesación de pagos porque para ellos sería peor."

Otras cuestiones por resolver

Las distribuidoras de gas representan el consumo residencial, que aproximadamente equivale al 60% de la producción local; el resto es demanda industrial. En total, por los efectos de la pandemia, el consumo total cayó 25% en los últimos días, según fuentes de la industria.

El 31 de marzo pasado finalizó el contrato de aprovisionamiento de gas que regía entre productoras y distribuidoras, que tenía fijado un precio de US$4,50 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) a un tipo de cambio de $41. Las empresas, con el aval del Gobierno, decidieron que se renueven estos contratos por lo menos por un mes más. En la práctica, con un tipo de cambio oficial de $65, el precio del gas equivale a US$2,83.

Mientras tanto, los distintos actores del Gobierno –Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Energía y Enargas– están debatiendo el marco regulatorio para fijar el valor del insumo a partir del segundo semestre. Por la ley de Solidaridad, hasta fines de junio rige el congelamiento tarifario. Las boletas de gas no se actualizan desde hace un año, en el cual hubo una inflación de casi el 50%. Esto mermó los ingresos de todos los actores de la industria.

Mientras que las productoras evalúan comenzar a mandar propuestas de cotización a las distribuidoras, en el Gobierno barajan la posibilidad de convocar nuevamente a subastas inversas (se queda con la demanda el productor que ofrezca el menor precio), pero que serían segmentadas por cuenca y por empresa de distribución. Además se buscaría cubrir más del 60% del consumo anual, a diferencia de las subastas del año pasado, en donde luego las distribuidoras tuvieron que cubrir el 40% restante de la demanda en el mercado spot, que es más caro.

Si bien se tratan de contratos entre privados, el Enargas es quién autoriza luego los cuadros tarifarios. Las distribuidoras, por el concepto de pass through, le trasladan a los usuarios directamente el precio del gas que obtienen de las productoras y que pesa 40% en el costo total de las facturas. Por lo tanto, si bien el ente regula solo la distribución y el transporte, si no aprueba los cuadros tarifarios con los nuevos precios, las distribuidoras no le podrán pagar el insumo a las productoras.

"Queremos que las tarifas sean justas y razonables para toda la cadena de valor; que les cierre el precio tanto a las productoras como a los usuarios. No queremos ni el extremo que había antes de 2015, muy corrido a los usuarios, ni el que vino después con el gobierno anterior, muy corrido a productoras. Hay que conseguir un equilibrio y no queremos ninguna estatización", indicaron en el Gobierno.

A borde del colapso del sistema

El viernes a la tarde finalmente la Secretaría de Energía autorizó renovar los contratos de aprovisionamiento de gas de Ieasa (ex Enarsa, la empresa de energía del Estado) con Camuzzi Gas del Sur, que distribuye el gas subsidiado a toda la Patagonia. Esto generó casi un colapso en el sistema de transporte, ya que durante 10 días la empresa estaba distribuyendo gas en la informalidad, sin contrato que la respalde. La alternativa era dejar sin gas a toda la Patagonia. Las productoras, por su parte, al no tener un contrato, dejaron de inyectar gas en el caño de TGS, lo que provocó un desbalance.

Ieasa le compra gas a las productoras a precio de mercado y lo vende a Camuzzi a un precio subsidiado de US$1,70. Este contrato finalizó a fin de mes pasado y la Secretaría de Energía no emitió el permiso para renovarlo. Ningún funcionario quería arriesgarse a firmar un contrato realizado por la gestión anterior, que después podría ser revisado por los actuales reguladores.

Se trata de un contrato que los funcionarios de Energía sabían que se vencía desde antes de tomar el mando, el 10 de diciembre. Sin embargo, por las diferencias que existen entre los distintos actores, nadie tomó una definición hasta que la situación se hizo insostenible y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, autorizó a Andrés Cirnigliaro, presidente de Ieasa, a renovar los contratos mediante una resolución.

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