Nueva disputa. Las petroleras reclaman el pago del gas que vendieron en enero

Las empresas petroleras mantienen varios frentes abiertos por estos días. En el caso del petróleo, las posturas se encuentran divididas sobre cuál debería ser el precio del barril criollo que quiere implementar el Gobierno. Pero en el gas, están todas unidas frente a un reclamo: que las distribuidoras paguen por el insumo que le proveen a las industrias y a los clientes residenciales. Es más, advierten que "esta situación atenta directamente contra la sustentabilidad del suministro de gas natural".

Así se lo hizo saber ayer al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que integran Wintershall, Total, YPF, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol, entre otras. Ahí expresaron su "preocupación al flagrante incumplimiento de pago por parte de las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural (las distribuidoras) en sus contratos de suministro de gas".

Las empresas de distribución de gas –entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy y Camuzzi–pagaron en promedio el 10% de los $4000 millones de facturación total de la industria por el consumo de enero, que venció a principios de abril, según fuentes del mercado.

"Pese a haber sido intimadas en numerosas oportunidades, las distribuidoras se niegan a cumplir cabalmente con sus obligaciones de pago. Es más, ni siquiera presentan una propuesta de cancelación de las obligaciones de pago que han incumplido bajo los contratos con los productores de gas nucleados en la CEPH, quienes en distintas oportunidades han demostrado cooperación y buena voluntad para acompañar las situaciones de crisis del mercado y en particular en las difíciles circunstancias actuales originadas por la pandemia Covid-19", dice la misiva firmada por el director de la CEPH, Manuel García Mansilla.

Enero es un mes históricamente de bajo consumo de gas por las altas temperaturas. La preocupación de las petroleras aumenta con la llegada del invierno, cuando la demanda se quintuplica en relación con el verano.

Las distribuidoras, por su parte, sintieron de lleno el efecto del aislamiento obligatorio con una caída en la recaudación que llegó al 75%. Esto se debió a dos razones: el cierre de las oficinas comerciales donde se suelen cobrar las boletas (Pago Fácil y Rapipago, en general) y el decreto que flexibiliza el pago de facturas por tres meses para aquellos que tienen tarifa social. La cobrabilidad mejoró esta semana con la apertura de los locales de cobro de servicio, pero todavía hay un 55% de los usuarios que no pagaron las boletas, según advierten las empresas, y podría volver a complicarse el próximo mes cuando aumente el desempleo y haya reducciones de salarios.

La mayoría de las distribuidoras, igualmente, indicó que en los próximos días comenzarán a regularizar su situación con las petroleras. "Muy recientemente ha comenzado a mejorar la cobranza, a partir de la apertura de las bocas de cobro y otras medidas aledañas, por lo que recién ahora estamos en condiciones de retomar los compromisos que quedaron postergados cuando arrancó la pandemia", dijeron en off una empresa de distribución de gas.

Las distribuidoras son las encargadas de recaudar el dinero de las tarifas de gas. Del total, estas compañías se quedan con un 23% de los ingresos, mientras que el resto del costo de la tarifa se reparte en un 18% para las transportistas (TGN y TGS), el 40% para las productoras de gas y el 19% restante son impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Las tarifas de gas no se actualizan hace un año, y seguirán congeladas por lo menos hasta fin de junio, como estableció la ley de solidaridad. En este tiempo, la inflación llegó al 48%, y las distribuidoras destacan que los costos –como salarios y mantenimiento del servicio– crecieron al mismo ritmo, pero sus ingresos no se incrementaron.

Los contratos de compra de gas con las petroleras establecen un precio promedio de US$2,83 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Este valor podría bajar en la próxima revisión tarifaria por la sobreabundancia de gas y la caída en el consumo. La contracara de esto será que un precio menor desincentivaría nuevas inversiones en la producción de gas, ya que no se llegarían a cubrir el costo. En este sentido, YPF ya indicó a principio de año que bajará 8% la producción, pero este número podría ser mayor por el contexto actual.

La baja tasa de cobrabilidad podría acelerar el proceso de desinversión. Las petroleras advirtieron que "el incumplimiento flagrante a sus obligaciones contractuales podría causar problemas concretos de suministro de gas a las distribuidoras". "De mantenerse esta situación, no solo complicará severamente a todos los productores de gas natural, sino que afectará inexorablemente a los usuarios de gas natural toda vez que esta situación atenta directamente contra la sustentabilidad del suministro", destacó el documento de la CEPH.

Las consecuencias de esta decisión podrían verse en el largo plazo. Si no hay nuevas inversiones en pozos de gas, en el futuro el país deberá recurrir nuevamente a la importación del suministro, que podría deteriorar las cuentas fiscales del Tesoro, como sucedió en el pasado, cuando la balanza energética llegó a tener un déficit de US$7000 millones.

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