Garrafas: advierten por posible escasez si no hay actualización de precios

CORDOBA.- La cadena del gas envasado le reclama al Gobierno por el atraso en los precios de referencia de las garrafas, la deuda de la Secretaría de Energía con las empresas del sector de una ayuda creada el año pasado y la insuficiencia del Programa Hogar, creado para garantizar el acceso a las garrafas a hogares de bajos recursos, comedores, merenderos, clubes de barrio y entidades de bien público que no tienen acceso a la red de gas natural.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), junto con la de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (Codigas) y la de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) se movilizan este martes al mediodía en diferentes ciudades para “exigir el inmediato incremento de los precios de referencia del gas envasado en garrafas”.

Pedro Cascales, presidente de Cegla, explica a LA NACION que hay un combo de situaciones que hace “insostenible la continuidad de la actividad, con un déficit crónico para las empresas fraccionadoras y distribuidoras” y advierte hay “riesgo de desabastecimiento en todo el país”.

Hace una semana, los representantes de la industria del gas licuado de petróleo (GLP) ya se movilizaron con los camiones en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Paraná, Mendoza y Posadas y entregaron petitorios a las delegaciones de la Secretaría de Energía de la Nación. Hoy repetirán la marcha con los camiones y la solicitud al ministro Sergio Massa y a la secretaria Flavia Royón.

Cascales señala que, en agosto de 2021, el Gobierno reemplazó la autorización del aumento de las garrafas por el pago de una Asistencia Económica Transitoria (AET), que no se cancela desde marzo. Estima que lo adeudado alcanza los $3000 millones.

“Las ayudas equivalen al 20% de la facturación de las empresas en cada etapa -agrega-. Con la movilización de la semana pasada empezaron a salir las resoluciones y autorizaciones frenadas hace meses, pero todavía no se cobró”.

La industria también pide la “inmediata recomposición de márgenes de la cadena de comercialización”. Plantea que se debe cumplir con la ley 26.020 que establece que el precio de la garrafa debe cubrir los costos y una “razonable rentabilidad”. A modo de ejemplo, indica que para la etapa de fraccionado ese valor debería ser de $1071 y para la de distribución de $ 1023, con un precio promedio país sin impuestos de $2094 por garrafa de 10 kilos. Hoy el fijado por Energía es de $740 con impuestos incluidos.

En la Argentina hay cinco millones de hogares que usan garrafas; el último incremento autorizado fue en agosto pasado. “No se cubre los costos operativos -insiste Cascales-. Está en riesgo la sobrevivencia de empresas en todo el país”.

Señala que es “ilógico” que se dé una situación así cuando la Argentina es superavitaria en GLP, ya que produce 2,5 millones de toneladas al año y usa (en todo concepto) 1,5 millones. “Se está destruyendo la industria; ya en el Gobierno anterior empezó y ahora sigue”, sintetiza el dirigente.

La industria reclama la instrumentación de una fórmula de actualización automática de los precios de referencia en línea con la normativa vigente y “acorde con la elevada inflación” y también que se otorguen créditos subsidiados que permitan cumplir con la renovación obligatoria de la flota vehicular asignada a la distribución de GLP.

Respecto del Programa Hogar -alcanza a 1,8 millones familias-, desde el sector señalan que no solo los $602 son insuficientes, sino que el dinero no necesariamente se usa para comprar garrafas.

El calendario de pagos de este mes comienza esta semana; la prestación es compatible con programas sociales de la Anses. Al subsidio básico de $ 602 se puede sumar un extra adicional durante los meses de invierno y si en el domicilio viven más de cinco personas. Pueden solicitar una garrafa adicional los habitantes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, partido de Patagones, La Puna y Malargüe.

Hay cuatro provincias que no están conectadas a la red de gas natural. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones dependen en su totalidad del GLP. Cascales ratifica que “transportar el gas licuado desde las principales bocas de producción no llega ni siquiera a cubrir los precios de referencia autorizados para la etapa del fraccionador en esas provincias”.

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