Ganadores y perdedores: la Casa Rosada apuntala con sumas millonarias las áreas sensibles para la campaña
En 2020 se modificó la normativa sobre las reestructuraciones del presupuesto estatal; crece el déficit y hay ganadores y perdedores
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LA NACIONCamila Dolabjian
En lo que va del año, el Poder Ejecutivo nacional realizó, por decretos de necesidad y urgencia, siete modificaciones presupuestarias. A través de estas decisiones, se aumentaron los gastos corrientes y de capital en $1.006.153.700.000 que aportan a la generación de un déficit total de casi $120.000.000.000 no previstos en el Presupuesto votado por el Congreso para el ejercicio del 2021. Los repartos discrecionales a las carteras ministeriales y a los gobiernos provinciales se agigantaron este año por efecto de los “superpoderes” presupuestarios del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Las modificaciones presupuestarias son una herramienta utilizada por todos los gobiernos y gestiones. Sin embargo, la diferencia entre este año y los anteriores son los efectos de las potestades otorgadas al jefe de Gabinete en mayo del año pasado. Con el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación del artículo 37 de la ley de administración financiera que ponía un tope de 5% para reasignar partidas presupuestarias por lo que dure la pandemia, en principio.
La oposición criticó la decisión. “El artículo cuarto del DNU 457/20 del presidente Alberto Fernández cercena definitivamente cualquier facultad del Congreso en materia presupuestaria. Sin límites puede disponer de las reasignaciones presupuestarias sin ninguna autorización”, comentó el jefe de bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, en mayo del 2020.
Cambios de cara a las elecciones
Las diferencias entre las modificaciones hechas en 2020 y 2021 evidencian la inyección de capital que el Gobierno está realizando en algunas áreas y a algunos socios políticos. El junio del año pasado, en plena pandemia por el coronavirus, el Gobierno había ejecutado solo el 18,4% del crédito disponible para la provincia de Catamarca ($51 millones), -82% en relación con el año anterior. En el mismo mes de este año, se transfirió capital por $486 millones, 862% más que en 2020. Las que menos percibieron fueron Salta y la Ciudad de Buenos Aires.
A través de un análisis de las siete modificaciones del año, salen a la luz que las reasignaciones presupuestarias implicaron aumentos acumulados superiores al 5% para 22 de las 27 jurisdicciones del presupuesto. De esas, 17 son ministerios. En primer lugar, el Ministerio de Cultura incrementó su crédito en 59%. Segunda se encuentra la cartera de Carla Vizzotti, con 57% más de presupuesto. En tercer puesto está el Ministerio de Desarrollo Social, con 42% de suba. Siguen Turismo, Agricultura y Seguridad. Los únicos perjudicados son el Ministerio de Transporte (el único que recortó su presupuesto en 7%) y Desarrollo Territorial y Hábitat, que no tuvo cambios.
“El presupuesto es la ley de leyes, la gran herramienta de control que tiene el poder legislativo sobre el ejecutivo porque le fija todos los años una suerte de programa de gobierno. Determina como distribuir entre ministerios y objetivos. Debería ser el guión de gobierno en su actividad anual”, explicó Daniel Sabsay a LA NACION.
Las prioridades de las modificaciones se centran en la asistencia social, con millonarias ampliaciones para ANSES, programas de Desarrollo Social, entre los cuales se encuentran la Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, y transferencias a organizaciones civiles. Percibieron aumentos las obras públicas (por ejemplo, en la última modificación se incrementó 264% el presupuesto para “Reparación y construcción de puentes y alcantarillas”). Es una agenda que parece orientada a necesidades políticas de cara a los comicios.
En los últimos 10 años la cantidad de modificaciones presupuestarias anuales tuvo un punto de inflexión con la reforma de la ley de administración financiera para el ejercicio de 2017. Antes de ese año, el promedio de reestructuraciones era de 17 por año. En 2016 se realizaron 24 modificaciones, en 2017 siete y los dos años siguientes hubo seis decretos. En 2020 el total fue más del doble (15).
“Un grave problema son los ministerios que subejecutan, que son muchos. Se toma su presupuesto y va a parar a donde marcan los tiempos políticos, de ahí se saca para llevar a otros lados. Es una especie de fondo disponible para reasignar. Se corre el riesgo de fortalecer ciertos territorios por afinidades políticas y no por un criterio objetivo de necesidad”, comentó Karina Kalpschtrej, directora de Fortalecimiento Institucional de Poder Ciudadano.
En la primera mitad del año, siete ministerios tuvieron una ejecución inferior al 40%, de manera que subejecutaron si se lo mide en términos cronológicos. El Ministerio de Salud usó el 36,4% de su presupuesto. Los que menos ejecutaron fueron el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (24,9%) y el Ministerio de Transporte (23%).
Mientras que las transferencias de capital a las provincias crecieron en este período y llegaron hasta aumentos interanuales superiores al 800%, las transferencias corrientes cayeron excepto para la provincia de Buenos Aires y CABA en el acumulado junio 2020-2021. “Se destaca que las transferencias a la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal alcanzaron $29.793 millones, y aquellas destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de la ley 27.606, que aprueba el convenio de la transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en esa ciudad, devengaron $12.791 millones, sin registros para el 2020 en ambos casos”, explica el análisis de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“Las transferencias de capital (132% interanual) resultaron el rubro de mayor expansión interanual impulsadas principalmente por las realizadas al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) ($26.275 millones) y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social ($19.353 millones)”, explica el análisis de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por Camila Dolabjian
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