Fuertes diferencias alejan el acuerdo de Aerolíneas Argentinas

No podía ser de otra manera. Si siempre hubo sospechas, acusaciones cruzadas, enfrentamientos y falta de consenso, era difícil que pudiera lograrse un acuerdo a tiempo para finalizar la venta de Aerolíneas Argentinas y Austral al Estado con tranquilidad.

Hoy es un día clave para el futuro de la empresa, y las posturas del grupo Marsans y del Estado están más lejos que cuando se sentaron, en julio pasado, para rubricar un acuerdo de transferencia de acciones.

El primer gran desencuentro, insalvable de acuerdo con los montos que se manejan, está en el precio de la empresa que fijaron las dos valuaciones. Una, la que realizó el Estado a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, dice que la empresa tiene un valor negativo de US$ 600 millones. Es decir, para empatar la cuenta, los españoles de Marsans deberían poner ese dinero. Esta es la visión del Estado.

La otra, que pidieron los actuales dueños privados del 95% de Aerolíneas y del 100% de Austral, considera que el paquete de acciones tiene un valor de entre 250 y 400 millones de dólares, según un trabajo que realizó el banco Credit Suisse. Dicho de otra forma, tendrían que cobrar ese monto, dar las gracias y partir. "Es una valuación muy seria y tremendamente conservadora", según dijeron cerca del grupo español.

"La verdad es que todos esperábamos que los montos de las valuaciones estuvieran más cerca como para poder negociar. Ahora, con esta diferencia creo que vamos derecho a una tercera valuación que zanje la cuestión", dijo una alta fuente de la compañía.

Según el acta acuerdo firmada en julio por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y los socios de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, en caso de que no se pusieran de acuerdo en los montos, habría lugar para que un tercero, elegido por ambos, realice otra valuación, cuyo resultado sería inapelable.

"Todo parece difícil. Imagínese entregarle los antecedente de las dos valuaciones a un tercero y que entre ambas haya una diferencia de casi 1000 millones. No es demasiado serio que digamos", reflexionó uno de los directivos de la compañía.

Una alta fuente del gabinete nacional dijo anoche a La Nacion "la idea del Gobierno es que Marsans se vaya sin recibir un peso", y estimó que, en el mejor de los casos, reducirá sus pretensiones a unos US$ 200 millones. Incluso fue más allá: advirtió que la Secretaría de Transporte podría presentar una denuncia penal contra los directores privados de Aerolíneas por "vaciamiento".

Pero no sólo es el precio lo que separa a las partes. Hoy vence también ese acta acuerdo que sirvió para gobernar la empresa desde el día en que se firmó. Allí se estableció la formación de un comité de transición de cuatro personas –dos por cada parte– más un gerente general, cargo que ocupa hasta hoy Julio Alak. Pues al vencer el plazo que estableció el acta, también caducan las regulaciones establecidas en él. Por lo tanto, mañana debería definirse qué va a pasar con ese comité de crisis y quién va a gerenciar la empresa desde mañana. "¿Podría Marsans recuperar el control de la compañía a partir de hoy?, le preguntó La Nacion a uno de los directivos de la empresa. "Podría hacerlo sin problemas. El acta vence mañana [por hoy] y no se sabe si se firmará una prórroga", respondió. Inmediatamente, lanzó una advertencia. "Lo que no se sabe es qué pasará con la plata, porque el Estado pone plata porque maneja la caja", respondió.

Pero hay más. En caso de que las partes limaran todas las asperezas que los separan y se pusieran de acuerdo con el precio, faltaría la aprobación del Congreso, que estableció esa obligación en la ley que se había aprobado.

Reunión de socios

Además de todo esto, que tiene que ver con la venta de la empresa, hoy habrá también dos reuniones de socios para tratar los números de Aerolíneas. A las 9, está citada una asamblea de accionistas para aprobar el balance de 2007, que arrojó un patrimonio neto negativo de US$ 82 millones en Aerolíneas y de 18 millones en Austral. Los socios deberán aprobar o rechazar los balances.

Además, se deberá decidir qué pasa con ese patrimonio neto negativo, y las posibilidades no son muchas: o se capitaliza la empresa y se aporta ese dinero o se pide la disolución de la sociedad. En caso de que se apruebe, a las 10 está fijada otra asamblea de accionistas, en este caso para aprobar el balance de corte a julio de este año, el día que se firmó el acta acuerdo.

"Esta parte es más fácil porque este balance, si bien tiene números más rojos que el otro, no es obligatorio y se hizo solamente para la venta de la empresa. Aún falta bastante para terminar el año y se podría acomodar la caja", dijo un directivo.

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hizo su reclamo respecto de los balances. "Nosotros habíamos pedido que [los balances] estén debidamente auditados por la Auditoría General de la Nación, y en el caso que no sea así, o se pedirán más días o se verá la forma, pero los balances los directores del Estado no los pueden aprobar si no están debidamente auditados", dijo el funcionario.

Y por si faltaba algo, están los gremios. La tregua que se negoció con los dirigentes sindicales duró hasta hoy.

Los sindicatos que agrupan a los empleados de la aerolínea fueron importantísimos a la hora de golpear sobre la alicaída empresa. A fuerza de paros y demoras, jugaron su papel antes del control estatal. Desde entonces, las demoras son cosas del pasado. Ahora, la empresa vuela con una puntualidad suiza. Pero para hoy ya anuncian medidas de fuerza en caso de que la negociación se trabe.

Y hasta ahora, está trabada.

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