Fondos coparticipables: el gobierno porteño seguirá cobrando el impuesto a las tarjetas de crédito hasta que el Estado acate el fallo

El gobierno porteño se enteró por Twitter de que el Estado nacional planea cumplir con el fallo de coparticipación de la Corte pagando los fondos correspondientes con bonos, como cualquier otro usuario de la red social. Ningún funcionario nacional ni institución notificó de manera formal a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el entorno del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ya adelantaron: “Es impracticable lo de los bonos. La seguridad pública no se puede pagar con títulos”.

El Banco Nación debería haber comenzado a transferirle los fondos a la Ciudad correspondientes al 2,95% de coparticipación desde el jueves pasado, lo que significa $1100 millones diarios. Sin embargo, la cuenta del Banco Ciudad sigue recibiendo los $500 millones, que equivalen al 1,4% de coparticipación.

El gobierno porteño, por lo tanto, presentó un escrito en la Corte en el cual informó el incumplimiento del fallo y pidió que “se arbitren los medios necesarios para que se acate”. Asimismo, le instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.

Mientras tanto, hasta tanto no se cumpla con el fallo, la Ciudad seguirá cobrando el 1,2% del impuesto a los sellos a los resúmenes de tarjeta de crédito. El proyecto de ley para derogar el tributo todavía no se trató en la legislatura porteña. Al haber sesiones extraordinarias, se necesita alcanzar los dos tercios del quórum (40 legisladores), en vez de la mayoría simple. El viernes pasado no llegaron a esa cantidad.

El proyecto se podría tratar recién en sesiones ordinarias, en marzo próximo, o antes, si el gobierno porteño convoca otra vez a extraordinarias en el verano y logra el quórum necesario. Sin embargo, en el equipo de Rodríguez Larreta aclararon que el proyecto tiene una cláusula atada al cumplimiento del fallo por parte del Estado Nacional. Si el gobierno de Alberto Fernández acata la cautelar dictada por el máximo tribunal, la quita del impuesto será retroactiva a ese día o, al del fallo, si el Estado le deposita a la Ciudad lo adeudado desde el jueves pasado ($600 millones por día más intereses).

“Para pagar un servicio como la seguridad pública, se necesita que los fondos coparticipables vengan de manera por goteo y eso no pasa con el bono. Es imposible. Es impracticable. No aceptaremos que nos paguen así. Por eso, ya hicimos la presentación ante la Corte para que indique el mecanismo que tiene que arbitrar, para que le diga al Banco Nación que deposite los fondos”, señalaron en el gobierno porteño.

En la Ciudad indican que el Estado no puede pagar los fondos coparticipables con bonos, como hizo con Santa Fe, porque son “dos escenarios distintos”. Mientras que al gobierno de Omar Perotti se le pagó una vieja deuda, al de Rodríguez Larreta se le quiere girar fondos que deberían ser líquidos para afrontar gastos diarios con bonos que no tienen un mercado secundario profundo para ser convertidos fácilmente en efectivo.

En palabras contables, a Santa Fe se pagó con bonos un stock adeudado, mientras se quiere utilizar el mismo recurso con la Ciudad, cuando es un flujo diario.

Por otro lado, mientras que el pago en bonos a Santa Fe surgió luego de un acuerdo entre el exministro de Economía Martín Guzmán y aquella provincia, que luego fue homologado por la Corte Suprema, en este caso, el anuncio del Gobierno se realizó de manera unilateral, sin que la Ciudad estuviese al tanto de esa decisión.

La deuda acumulada con Santa Fe nació de otro fallo del máximo tribunal a favor de las provincias. En noviembre de 2015, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social, aunque el fallo estaba acotado a Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Antes de dejar la gestión, el 10 de diciembre de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner firmó un decreto que hizo extensible el fallo de la Corte a todas las provincias, pese a que, al igual que ahora, en ese entonces el Congreso también ya había aprobado el presupuesto de 2016, diseñado por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, y no contemplaba dicho gasto.

Desde el punto de vista netamente financiero, el Ministerio de Economía se generará un nuevo problema, ya que habrá ofertas de títulos públicos que no controlará. En otras palabras, cuando un gobierno quiere bajar las tasas de interés de los títulos que emite, suele restringir la oferta. Ahora, como le pagará a la Ciudad con títulos, que puede vender en cualquier momento, se le complicará la estrategia de financiamiento.

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