FMI: Alberto ganó tiempo, pero la Argentina lo está perdiendo

La Argentina ocupa un lugar secundario en la agenda del mundo desarrollado, pero corre el riesgo de volverse completamente intranscendente. La invasión de Ucrania por parte de Rusia copó las conversaciones de la diplomacia global. No sólo las potencias están preocupadas por el impacto económico del conflicto –algunas lo comparan con el shock petrolero de los años 70–, sino que la posibilidad de que el enfrentamiento armado se extienda más allá del territorio ucraniano las desvela. En este contexto, el acuerdo sellado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los últimos boletos que tiene el Gobierno para no quedar fuera del radar global, aunque no resuelve muchos de los problemas de fondo ni tampoco salda la discusión ideológica que divide a la coalición de Gobierno y complica el día a día de la gestión.

Entre los accionistas del FMI hace ya algunos días que existe un consenso de darle aire a la Argentina. Una vez que el Gobierno logre la aprobación del Congreso, aseguran, no habría en el directorio del FMI resistencia. En ámbitos diplomáticos admiten que si bien consideran que el plan aprobado por el staff es completamente inconsistente, existe una suerte de resignación con respecto a las posibilidades que tiene la administración de Alberto Fernández para comprometerse a más reformas. “Cualquier acuerdo que ayude a ir corrigiendo los desvíos es mejor que nada –reconoció una alta fuente del mundo diplomático local–. Es al menos una agenda en la dirección correcta”, dijo.

Otras voces, se expresan con una franqueza inusitada. “Sabemos que no se puede lograr nada en estos dos años. Nos sentaremos a negociar de nuevo con el país en 2024, cuando además tengan que renegociar la deuda privada”, se sinceró otro diplomático al tanto de las vicisitudes del acuerdo. La Argentina termina por agotar la paciencia de quienes hacen de la mesura una carrera. La visión del mercado no parece muy distinta de la que se maneja en el mundo diplomático. El anuncio del acuerdo técnico con el FMI apenas hizo mella en el riesgo país: cayó 0,8% a 1851 puntos.

También habría voluntad entre los países acreedores del Club de París de darle más plazo a la Argentina para cumplir con su deuda de US$2400 millones que todavía está pendiente. Si bien originalmente el préstamo vencía en 2021, el Club acordó postergar los pagos hasta el 31 de este mes, fecha para la cual la Argentina se comprometió a tener un acuerdo firmado con el FMI. En el equipo económico esperan que los países del Club bajen la tasa del préstamo –era hasta el año pasado del 9%, un valor elevadísimo en un mundo de tasas de interés casi negativas– y además dupliquen el plazo de pago. Los acreedores de la Argentina –Alemania, Japón, Holanda, España, Italia, Estados Unidos y Suiza son los principales– insistirán sin embargo con que la Argentina se comprometa a no realizar otros pagos a otros países, como China, si al mismo tiempo no va saldando su deuda con el Club. Un pedido que ya surgió en las negociaciones que quedaron suspendidas el año pasado y que además marca la posición que gran parte del mundo desarrollado tiene ante el gigante asiático.

Los países miembros del FMI esperan, entretanto, que Fernández al menos dé señales en los próximos meses que permitan mejorar el clima de inversiones para sus empresas. Piden sobre todo una flexibilización gradual de las trabas a las importaciones –o al menos, una mayor previsibilidad para los pagos–, y alguna autorización para el giro de utilidades.

También siguen de cerca la respuesta de la Argentina ante la invitación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que el 25 de enero envió formalmente al presidente Fernández una carta para discutir la adhesión del país como miembro pleno del organismo internacional. Si bien fuentes de la Cancillería confirmaron que el ministro Santiago Cafiero respondió a la carta, altas fuentes de la OCDE confiaron que se sorprendieron ante la falta de precisiones de la misiva, como también a la falta de reacción por parte del Presidente. Contrastó ante los burócratas del organismo la actitud de Fernández con la que los otros dos mandatarios de la región, que también fueron invitados este año a iniciar los trámites para formar parte de este selecto club de países. Tanto Pedro Castillo, presidente de Perú, como Jair Bolsonaro, de Brasil, usaron hasta sus redes sociales para reafirmar el compromiso de sus países para avanzar en la senda que fija la OCDE. Para los países desarrollados, la OCDE es una suerte de sello de buenas prácticas, una ISO 9000, que avala que un país adhiere a principios básicos en términos de derechos humanos, democracia, reglas de juego corporativas, entre otros aspectos.

Los accionistas del FMI parecen estar conformándose con poco. Así y todo, Fernández no tiene buena fama de cumplidor. Sus socios dentro de la coalición tampoco están dispuestos a hacérsela fácil. Lo anticipó Máximo Kirchner en la carta con la cual dejó la presidencia del bloque y lo repiten, en privado, funcionarios del ala kirchnerista del Gobierno. “Ningún acuerdo del FMI se hace para ser cumplido”. La historia Argentina les da la razón.

No parece exagerado aseverar que los países que toman decisiones dentro del FMI lo saben. Al menos, está claro que no se sorprenderán cuando la Argentina pida algún waiver, a medida que empiecen a darse las revisiones trimestrales comprometidas en el memo.

El problema es que en algún momento lo que ahora se interpreta como paciencia o condescendencia de los países desarrollados –y de sus empresas multinacionales– se transforme en desinterés hacia el país. La guerra en Ucrania podría acelerar este proceso.

Los primeros análisis de los economistas locales establecen que si bien la invasión de Rusia a Ucrania puede elevar la cuenta de las importaciones de energía para la Argentina, el beneficio obtenido por la suba de precios de materias primas como el trigo, el girasol o la soja más que compensaría la ecuación. En todo 2022, estima por caso el economista Fernando Marull, la suba de los granos aportaría más dólares (US$ 5000 millones) y más retenciones (0,3% del PBI), que lo que quitarían las mayores importaciones de energía (US$ 1000 millones) y los subsidios (0,2% del PBI).

Pero también el conflicto trae desafíos. El dato de inflación sigue incomodando, y mucho, al equipo económico. Si bien entre algunos existe el deseo de que el acuerdo con el FMI ayude a que la escalada de precios empiece a morigerarse –incluso aseguran en off the record que es cumplible el 48% establecido como tope estimativo en el memo con el organismo–, la realidad es que no hay prácticamente señales de desaceleración. Más aun, ahora se suma el shock de precios internacional, que afecta sobre todo a la canasta de alimentos. En febrero, según una medición que manejan internamente en la Secretaría de Comercio, el 40% de la variación del índice lo explicarán las verduras, tubérculos y legumbres, mientras que otro 15% estará dado por la carne. Los privados estiman que el IPC general del mes pasado, que se conocerá en los próximos días, estará en torno al 3,9%.

Envalentonados tras haber concretado esta semana el fideicomiso para financiar los precios de la harina y de las pastas, en la Secretaría que encabeza Roberto Feletti ahora aspiran a poner sobre la mesa la creación de una empresa comercializadora estatal de granos. La idea, que una vez más enfrenta a Feletti con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, apunta sobre todo a contener el precio del pan, que con el trigo operándose a nivel global por encima de los US$ 400, ya empezó a sentir el impacto. Feletti, confían las fuentes, espera que la empresa pueda comprar 1 millón de toneladas de trigo para abastecer al mercado interno. Es difícil pensar que los productores acepten voluntariamente vendérselo. La historia ya da unas pautas de cómo se dirime el conflicto, y también las consecuencias que acarrea.

Conforme a los criterios de

Tipo de trabajo:

análisis

Conocé más

Privilegios jubilatorios: cuando la excepción se impone a la regla

Premiados por leer

Venezuela: mentira y represión