Tras el acuerdo con las prepagas en la Justicia, el Gobierno prevé anular la resolución que limitó las subas de cuotas

Las acciones del Gobierno contra las prepagas avanzaban por dos carriles que parecen llegar a su final y los incrementos de cuotas volverían a quedar liberados a partir del mes próximo. El primero de los caminos tuvo origen en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que trabaja bajo la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. El segundo comenzó con la presentación de un pedido de medida cautelar que realizó ante la Justicia la Superintendencia de Servicios de Salud. Según la última resolución oficial, el destino de los próximos aumentos de las cuotas de medicina privada está atado a la homologación judicial del acuerdo que alcanzaron las partes en la audiencia celebrada la semana pasada.

Un documento firmado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, indica que la medida tutelar que había dictado esa dependencia (una resolución que disponía cómo hacer los incrementos de cuotas hasta septiembre, aunque con alcance limitado en el mercado) se anulará cuando entre formalmente en vigencia lo pactado en la Justicia la semana pasada entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las prepagas.

En abril, en plena conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, había anunciado que el Gobierno obligaba a recalcular el precio de las cuotas a las prepagas con un techo de aumento, fijado por el índice de inflación. Esta medida, instrumentada por la mencionada resolución de Comercio, incluyó solamente a siete empresas de medicina privada.

En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud acudió a la Justicia para pedir una medida cautelar que no solo limitara los aumentos de las cuotas, sino que también forzara la devolución del dinero excedente que las prepagas habrían cobrado por arriba de lo que marcaba la inflación. Esta cautelar fue otorgada e impactó en 41 compañías como Osde, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint, entre otras. Lo que ocurra en el ámbito judicial pasó a tener un rol determinante.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que “la baja de la tutela está supeditada a la homologación del acuerdo”. De esta manera, la última palabra en el enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas la tendrá el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°3, donde tramita la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud. De esta manera, el conflicto que enfrentó al Ejecutivo con las empresas de medicina privada, a las que el ministro de Economía, Luis Caputo, acusó de declararles una “guerra contra la clase media”, parece estar llegando a una resolución.

La audiencia de la semana pasada empezó a marcar este camino de tregua. No fue fácil. Después de 15 horas, los directivos de 41 prepagas y representantes del Gobierno firmaron un acta de acuerdo. Según el documento y lo que los involucrados comunicaron a LA NACION, a partir de julio las entidades devolverán, en un plazo de 12 meses, lo cobrado entre enero y mayo en concepto de incremento que se haya excedido del índice de inflación de cada mes previo. Las 12 cuotas en las que se hará ese reintegro serán mensuales y consecutivas y se ajustarán según la tasa pasiva del Banco Nación. Para ese mismo mes se previó que las cuotas queden liberadas, mientras que la resolución de Comercio indicaba que hasta septiembre la subas no debían ir más allá de la inflación.

Además, el acta acordada contempla que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.

Ante la resolución firmada por Lavigne sobre supeditación de la medida tutelar a lo que decida la Justicia, el legislador porteño de la Coalición Cívica (CC), Hernán Reyes, manifestó su descontento. Él y otros referentes de la Coalición Cívica habían presentado la denuncia por supuesta cartelización ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que luego dio lugar a la primera medida del Gobierno contra las prepagas.

“No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo. El Gobierno ya decidió y nosotros vamos a seguir impulsando la causa contra las empresas”, sostuvo Reyes.

Más allá de la disconformidad de los denunciantes, el Gobierno y las prepagas llegaron a un acuerdo por el conflicto por los aumentos de las cuotas. Ahora resta que la Justicia lo homologue para que pueda entrar en vigencia.

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