Faltan decisiones para un cambio más profundo
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente (no alcanza sólo con ella) para crecer en forma sostenida. Muchos años de ausencia de políticas razonables ponen una vez más en duda dicha estabilidad. Pero tener buena macro es sólo una parte de la ecuación del éxito económico. Hacen falta instituciones que permitan, en el marco de una macro ordenada, ser productivos y competitivos. La receta es conocida, pero la hemos ignorado. Y no sólo en estos últimos 10 años. La decadencia argentina es de larga data. Y mientras se abre un compás de espera optimista en la búsqueda de soluciones a los problemas macro que enfrentamos, y de los cuales me ocuparé más adelante, no quiero dejar de mencionar mi preocupación por algo tan importante o más que la misma macro.
En las últimas semanas se han producido dos hechos trascendentales que conspiran con la construcción de instituciones e incentivos favorables para un crecimiento sostenido de la productividad. El primero ha sido la declaración de constitucionalidad del artículo 161 de la llamada "ley de medios". El segundo, el trámite acelerado con el cual el Senado de la Nación se apuró a darle media sanción al nuevo Código Civil y Comercial. Ambos tienen un punto de contacto en cuanto al tratamiento que hacen del derecho de propiedad: se trata ahora de un derecho que puede ser relativizado en pos de otros derechos difusos que hacen al interés colectivo o al bien común. Si a esto le sumamos la emergencia económica permanente, estamos frente a un cóctel que compromete la fortaleza de un valor clave del capitalismo, como es la propiedad privada. Así no será fácil despegar en materia de inversiones. Y por lo tanto, estaremos poniéndole un límite innecesario al crecimiento. Hay que ocuparse urgentemente de restablecer la estabilidad macro, pero no hay que empeñarse en seguir deteriorando una calidad institucional que ya está bastante comprometida.
Dicho esto, volvamos a las urgencias macro. Argentina enfrenta hoy tres problemas macroeconómicos básicos que la han puesto en un sendero de incertidumbre creciente: la inflación, generada por el déficit fiscal y su financiamiento monetario; la restricción de divisas, o el hecho de que los dólares (flujo) que se generan no alcanzan para todos los usos que demandan los argentinos; y, por último y no menos importante, una estructura de precios internos totalmente distorsionada. Estos tres problemas están claramente interrelacionados, y no pueden resolverse por separado. Los dólares son escasos, y los pesos abundantes, porque el Tesoro financia su déficit y pagos externos a través del balance del BCRA. Y el déficit fiscal es generado por un gasto público excedido en subsidios compensatorios e impuestos ineficientes, que tienen como contrapartida precios relativos internos distorsionados.
Si la apuesta del Gobierno fuese la de resolver los problemas de fondo, debería ya mismo y antes de que sea demasiado tarde, comenzar por la contención del gasto público (y del déficit fiscal) y por la corrección de los precios relativos internos. Y recién entonces se podría definir un régimen cambiario con chance de tener éxito. La situación fiscal puede comenzar a corregirse aplicando un freno a la tasa de expansión del gasto público, lo cual permitiría reducir el déficit fiscal y su financiamiento inflacionario. Al mismo tiempo, deberían corregirse los precios más atrasados de la economía (energía y transporte) de forma tal que la reducción del ritmo de crecimiento del gasto y del déficit fiscal resulte posible. También habría que ir desarmando la maraña de regulaciones que traban la actividad real y financiera (cepo a las exportaciones, a las importaciones y a la compra de divisas).
Por último, habría que seguir mejorando las relaciones de la Argentina con el mundo (lo de Repsol es un paso enorme en este sentido, pero hacen falta otros más). Avanzar en estos frentes se traduciría en más exportaciones, financiamiento e inversiones externas, y menos pesos excedentes, todo lo cual tornaría menos angustiante la situación cambiaria. Pero no sólo eso, al reducirse la probabilidad de una crisis macro, mejorarían las expectativas y el clima de negocios, lo que conduciría a una mejora de la actividad real, hoy condenada, con suerte, a un crecimiento mediocre. Esta recuperación del nivel de actividad es clave para diluir los "costos del ajuste". Permitiría aumentar la recaudación, no ya sobre la base de la inflación; y permitiría generar condiciones para que puedan aumentar el empleo y los salarios reales, haciendo paulatinamente menos traumático el ajuste de precios relativos.
Los cambios en el gabinete nacional, la hiperactividad del nuevo jefe de Gabinete, cierto cambio en las formas y en el discurso, y el principio de acuerdo para terminar el episodio Repsol, despiertan cierto entusiasmo. Se ve por primera vez en muchos años algún intento en la dirección correcta. Ahora bien, harán falta decisiones más profundas para que el horizonte económico quede libre de eventuales turbulencias. Dejar las cosas como están o más o menos parecidas no es una decisión libre de riesgos y no está exenta de "costos". Costos incluso mayores que los que habría que enfrentar si se intentara resolver los problemas de fondo. Lamentablemente, tantos años de negación de la macro y malas políticas económicas no podrán borrarse como si nada hubiera pasado.
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