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A última hora de la tarde, el principal grupo de acreedores internacionales de la Argentina rechazó los términos de la nueva propuesta muy mejorada que había presentado el martes en Wall Street el Gobierno para evitar el default.
Celebraron los duros liderados por Blackrock en un comunicado que el país hubiera decidido avanzar, advirtieron que todavía falta para ser aceptada por la mayoría, pero, más relevante, remarcaron que están dispuestos a sentarse a negociar los últimos detalles para evitar pleitos.
Final abierto para el cierre del canje de la deuda de ahora y hasta el 5 de septiembre, la fecha en que legalmente serían emitidos los nuevos títulos de la Argentina. Hasta último momento habrá tiempo de negociar para que ingresen y acepten todos los bonistas requeridos para evitar juicios de holdouts.
La discusión es siempre la misma: a qué paridad van a cotizar en el mercado los nuevos bonos que emita el país. Cuanto mayor sea ese número, más cantidad de bonistas aceptará la oferta. Eso depende sobre todo de las expectativas futuras para la economía argentina, que hoy no lucen para nada alentadoras. Pero también de detalles legales del canje de la deuda que están en discusión.
Evitar que existan juicios pendientes, por ejemplo, permitiría que los futuros bonos mejoraran 10% a 20% su cotización inicial. Importa el lenguaje legal en los contratos: cuanta mayor protección tienen los tenedores de esos bonos ante futuros impagos, más valor tienen esos instrumentos.
La decisión del presidente Alberto Fernández de mejorar sustancialmente la oferta a los acreedores se interpretó en el mundo económico como un volantazo correcto del jefe de Estado en dirección a recomponer la confianza y su propia impronta, después de tantas señales equívocas para los inversores, con el cepo cambiario cada vez peor o el caso Vicentin como extremo de las políticas estatistas que reclama el Instituto Patria.
Lo mismo que su confesión capitalista a los empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, o las sobremesas amigables de Máximo Kirchner y Wado De Pedro de la mano de Sergio Massa con pesos pesados del mundo de negocios en el país.
Importan, desde luego, los hechos. Desde ahora y hasta fin de agosto se sabrá si la decisión es finalmente cerrar o dejar abierto el capítulo de la deuda. Si se resuelve favorablemente, habrá que saber si se presenta un plan monetario y fiscal consistente, con el aval del FMI, que recomponga la confianza y permita enfrentar el desastre en el que se encuentra hoy la economía. Si hay acuerdo con la deuda y el FMI, ¿se mantendrá el cepo cambiario? Qué sentido tiene que siga hoy vigente si se podría en el peor de los casos desdoblar el mercado con un dólar comercial controlado, y un financiero libre.
Evitar el default y levantar el cepo son las verdaderas medidas para convencer al mercado de que el proyecto de Alberto Fernández y su sucesión no es tan estatista como todo el mundo económico sospecha.
Hasta ahora, lo único que se insinúa es más Estado, más intervención en los mercados, más controles de cambios y de precios, más impuestos y, eventualmente, más expropiaciones.
Mucho relato setentista en materia económica, voluntad de cambiar el mundo como en los bares de la Avenida Corrientes, aunque poco realismo. Se prometen planes de obra pública y salvatajes de empresas, cuando el Estado argentino no tiene hoy ni para pagar los sueldos. No hay ahorro privado, la inversión y la productividad son bajísimas, y se transita una estanflación que lleva entre 10 y 15 años. Hay incluso quienes insinúan un mayor acercamiento estratégico a Rusia o a China para buscar aliados si los mercados libres y EE.UU. no acompañan.
La realidad política no ayuda. El peor pasado del espacio K reaparece cuando Alberto Fernández busca volver al centro. El atroz crimen al exsecretario privado de Cristina Kirchner; o la liberación a prisión domiciliaria para Lázaro Báez golpean fuerte estas horas en la opinión pública. Lo colocan al Presidente y a su equipo de albertistas en el Gobierno (los pocos que van quedando) ante la incómoda situación de tener que dar explicaciones a lo inexplicable. Deben salir a sobreexagerar la defensa de Cristina, y terminan pagando altos costos políticos con el electorado independiente y moderado.
Aún así, el golpe más duro para todos es la realidad de la pandemia en la Argentina. Después de casi 4 meses encerrados, los contagios se multiplican y la situación en el conurbano es cada vez más preocupante. La alternativa de seguir con cuarentenas extremas no da resultados y parece cada vez menos disponible. Pero el desborde sanitario es una realidad y eso va a impedir abrir la economía al consumo por largo tiempo.
Cuando se empezaba a discutir cómo salir en la pospandemia, los números advierten que conviene aterrizar. Es el día a día lo que empieza a desbordar. Es llegar a fin de mes lo que ahora se le reclama al Estado.
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