Fallo judicial: Aranguren finalmente les ganó a Kirchner, Chávez y Moreno

Parece una historia de película, pero cualquier coincidencia con alguna ficción es pura casualidad. La historia comenzó hace 20 años, cuando Shell en la Argentina apareció en el radar del expresidente venezolano Hugo Chávez. Quería comprarla para lanzar una gran petrolera del Sur y alimentar su proyecto de “Patria Grande”. Meses más tarde, su colega en Buenos Aires, Néstor Kirchner, convocó a un “boicot” contra la compañía que no se iba del país. Un aumento de precios fue el pretexto que utilizó para “echarle nafta al fuego”. Pidió que no se le compre “ni una lata de aceite”.

Sin embargo, a las palabras le faltaban acción: hubo 33 piquetes en estaciones de servicio. Pero la controversia recién empezaba. Entonces, en 2006 llegó el turno de quien conducía la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Emitió una resolución que le permitió realizar inspecciones y aplicar multas millonarias contra la empresa cuyo directivo, tras la derrota política del kirchnerismo en 2015, se convirtió en ministro de Energía de la gestión de Mauricio Macri. Tras un paso breve por las oficinas del Estado, volvió a la actividad privada y justo tres días antes de su cumpleaños, Juan José Aranguren recibió la noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal declaró esta semana la nulidad de la normativa de Moreno y, entre sus argumentos, utilizó palabras que pertenecen al diccionario libertario de Javier Milei. Unos giros de novela tan inesperados como reales.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron una sentencia en la que declararon nula la resolución 25/2006 firmada por Moreno el 11 de octubre de ese año. Esta fue la herramienta legal que el por entonces funcionario utilizó para labrar multas por US$21,5 millones de aquella época, contra uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner, según recordó Aranguren. “Tarde o temprano, tuvimos éxito”, analizó.

Los jueces de la Corte argumentaron que la resolución dictada por Moreno se extralimitaba en sus funciones ya que el Congreso no había declarado ningún tipo de emergencia en materia hidrocarburífera y, al mismo tiempo, citó un decreto de 1991 que busca afianzar “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Es decir, palabras del actual lenguaje libertario con más de 30 años en la normativa del país.

En paralelo, la ley de abastecimiento fue derogada por el DNU 70/2023, también conocido como el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. En tanto el decreto tenga vigencia, no podrán volver a labrarse multas como las aplicadas por la resolución firmada por Moreno. De este modo, la Corte puso fin a una larga historia de negocios, poder, piquetes y boicots.

La resolución de Moreno establecía que “las estaciones de servicio y/o bocas de expendio y/o consumos propios de gas oil y/o los usuarios habituales de dicho combustible, que hayan solicitado el suministro de dicho fluido a sus proveedores habituales y no se les haya sido entregado en las condiciones peticionadas, podrán denunciar tal hecho ante esta Secretaría”. En consecuencia, esto lo habilitó a aplicar las sanciones de la ley de abastecimiento.

Según contabilizó Aranguren, Shell fue objeto de 113 investigaciones iniciadas por la Secretaría de Comercio Interior y entre 2007 y 2008 le labraron 86 sanciones económicas. Además, el exministro macrista enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. “Más que desgaste, fue una represalia”, definió. En paralelo, Moreno sostuvo que sólo aplicó la ley de abastecimiento.

El avance del exsecretario de Comercio Interior había llegado dos años después de una declaración de “boicot” contra Shell que realizó Kirchner. Tal cual registra el sitio de la Casa Rosada, el 10 de marzo de 2005 el presidente sostuvo: “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde. Gracias a Dios las otras dos empresas, Petrobras y Repsol, no van a subir los precios. Hagamos una causa: no le compremos nada, ni una lata de aceite, que se den cuenta que los argentinos ya no soportamos más este tipo de acciones. No hay mejor acción que ese entre comillas boicot nacional que le puede hacer el pueblo a quienes están abusando del pueblo”. Acto seguido, distintas organizaciones sociales realizaron piquetes en 33 estaciones de servicio de la petrolera.

En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de sus precios de entre 2,6% y 4,2%. Esto fue lo que desencadenó el enfado en el discurso presidencial, según la versión oficial. La historia “extraoficial” incluye todavía más ribetes. De hecho, presenta una paradójica contradicción. Mientras Shell era empresa no grata para el gobierno argentino, para el venezolano representaba una compañía de “interés”. Chávez lo había manifestado en diciembre de 2004. Es decir, tres meses antes del “boicot” de Kirchner. Incluso llegó a conversar con la prensa sobre un proyecto que pretendía integrar la política de hidrocarburos de varios países de la región.

“Tengo que recordar que a fines de 2004 el Gobierno creó Enarsa y pretendía comprar Shell”, mencionó Aranguren, en alusión a lo que antes había descripto como “represalia”. En aquel tiempo, funcionarios argentinos y venezolanos daban cuenta de la intención de la petrolera chavista, Pdvsa, de adquirir los activos de Shell en la Argentina y asociarse con la empresa pública argentina Enarsa para abrir 600 estaciones de servicio, tal como consignó LA NACION el 6 de febrero de 2005. Si bien no consta ninguna oferta formal de compra, quien era el presidente de la petrolera angloholandesa sostuvo que la compañía se había negado a retirarse de Argentina. Por lo tanto, interpretó que todo lo que ocurrió después “fue una especie de venganza”.

Shell nunca pagó las multas dispuestas por Moreno aunque puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta tanto hubiera una decisión judicial que definiera la disputa. Hubo fallos en primera, segunda y en tercera instancia con el de la Corte. “La parte media vacía del vaso es que pasaron 18 años”, afirmó Aranguren en relación al derrotero de la causa en los tribunales.