Fallo adverso en el juicio por YPF: el país deberá pagar casi US$16.000 millones por la estatización
La jueza Loretta Preska emitió una orden a favor de Burford Capital y en contra de la decisión tomada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof en 2012; el Gobierno dijo que apelará
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- En otro durísimo revés para la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a los US$16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012 durante el último mandato de Cristina Kirchner, una decisión liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, que fue aprobada por el Congreso.
Preska definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario posible: la jueza rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible. El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
En una áspera sentencia de 25 páginas, la jueza Preska criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner, denostó los argumentos de los abogados del país, y le dedicó un párrafo especial a Kicillof, quien calificó el fallo como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”.
“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, fustigó la magistrada en su sentencia.
Preska no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones. En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos clave: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar –fue fijada en un 8%, la más alta posible, mientras la Argentina pedía que fuera 0%– y la fórmula para calcular el monto original de la indemnización. Esos parámetros lleva la cifra final de la indemnización a su techo, es decir, US$16.050 millones, según la fórmula diseñada para hacer el cálculo.
El Gobierno ya adelantó que apelará la decisión en un último intento por reforzar su posición para sentarse a negociar la cifra final de la indemnización con Burford Capital, pero la posibilidad de que prospere son efímeras: es poco habitual que un fallo emitido por un tribunal federal de primera instancia sea luego revertido por un tribunal de apelación.
La orden de Preska le asestó otro golpe durísimo a la Argentina, que deberá pagar otra sentencia multimillonaria emitida por la Justicia de Estados Unidos. La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo, pero también de algunos de los miembros actuales de Juntos por el Cambio, en particular, el radicalismo.
El proceso de estatización de la petrolera, que estaba bajo el control de la española Repsol, dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. El arquitecto de la política económica del segundo mandato de Cristina Kirchner dejó otra afirmación que terminó siendo utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, afirmó.
La cifra máxima que la Argentina podría llegar a pagar por la estatización de la petrolera triplica su valor de mercado, que actualmente se ubica levemente por encima de los US$5000 millones, y supera, también, el monto que terminó pagando la Argentina por el juicio con los llamados “fondos buitre” liderados por Elliot Management, que sumó US$9300 millones.
El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
El juicio por la estatización de YPF quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezada el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.
Emitido ese fallo, Preska debía dictaminar los parámetros para definir el rango que podía llegar a tener la indemnización. La discusión se centró en tres puntos: la fecha de la estatización, o de la toma de control de la compañía por parte del Estado; el cálculo del valor de la empresa, y la tasa de interés a aplicar a los fondos desde esa fecha. Preska terminó avalando todos los argumentos presentados por los abogados de Burford y rechazó los planteos de los abogados de la Argentina de la firma Sullivan & Cromwell LLP, dejando al país debilitado de cara a la negociación que ahora el país deberá encarar con Burford.
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