Fadea: cómo está hoy la fábrica de aviones que Milei quiere privatizar

CÓRDOBA.- Entre las 41 empresas que quedarían sujetas a privatización si se aprueba el proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso está la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (Fadea), instalada en Córdoba. La empresa fue orgullo del país en los ‘50. Después, perdió peso en la producción. En los 90, fue privatizada y reestatizada en 2009.

En la administración macrista se reestructuró y en el informe de gestión desde 2020 al 31 de agosto último, se registra que hubo aportes del Tesoro (transferencias corrientes) por $19.059.898 millones a valores constantes. Los giros vienen cayendo desde 2017 (en este 2023 sumaron $2.670 millones).

La empresa, donde trabajan 939 personas, mantiene contratos con el Ministerio de Defensa y con la Fuerza Aérea para la fabricación del avión Pampa y la modernización del Hércules.

Además, hace mantenimiento de aviones de Latam (por un contrato con Etihad que es “netamente superavitario en divisas, dado que los insumos importados que se emplean son abonados por el cliente, una empresa, a su vez, también extranjera). Tiene también como clientes -con trabajos de menor envergadura- a Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart Argentina.

La gran apuesta histórica de la empresa es el Pampa IA-100, que está pensado para el mercado de las fuerzas armadas de los países de ingresos medios y bajos. Dos de sus focos principales son América Latina y África.

Latinoamérica, según datos oficiales, representaría aproximadamente un mercado de 272 aeronaves, en el que Fadea podría aspirar al 45%. El precio de la unidad es de unos US$1,2 millones.

El reporte de gestión, al que tuvo acceso LA NACION, describe cómo la situación económica de Fadea fue “negativamente afectada” por políticas puestas en marcha por el gobierno de Alberto Fernández.

Por ejemplo, menciona que la “imposibilidad de giros al exterior, que limita los pagos de materiales, demora la puesta en producción de componentes necesarios para la ejecución de los distintos contratos dentro del tiempo previsto y pone a la empresa ante el riesgo de no poder compensar con las inversiones a su disposición, restringidas por disposiciones que afectan a entes y empresas del Sector Público, la devaluación del peso”.

El directorio de la empresa, encabezado por Mirta Iriondo, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Luis Petri, y espera definiciones. En el reporte que se le presentó se da cuenta de que las autoridades hicieron contratos plurianuales para darle “estabilidad productiva a la empresa”.

Plantea que se logró ese objetivo, pero “surgieron diferentes situaciones que impactaron negativamente”. La “creciente inflación” golpeó en el valor horario de la mano de obra y los ajustes semestrales inicialmente previstos no compensaron “totalmente los mayores costos”.

La devaluación y la “demora en la percepción de los ajustes a fecha de cobro” hicieron, además, que la fábrica “tuviera pérdidas en la cantidad de dólares efectivamente percibidos”.

También apunta que la no aprobación del presupuesto nacional para 2022 hizo que se recondujeran créditos en el primer semestre y eso “imposibilitó” que se facturaran la totalidad de los contratos, con lo que el funcionamiento se sostuvo con los recursos derivados de los acuerdos de fabricación del Pampa y la modernización del Hércules.

También Fadea sufrió las consecuencias de las Siras (ahora reemplazadas por un nuevo sistema). El reporte indica que al “bloquearse” los pagos anticipados se generó un “costo adicional” para la producción y enfatiza que por los pendientes de autorización al 31 de noviembre (unos US$18 millones) está “en riesgo” la continuidad de la producción.

Al 31 de agosto pasado, Fadea tenía órdenes de pagos pendientes en Tesorería General de la Nación por $3.751 millones ($3500 millones son por contratos con Defensa y con la Fuerza Aérea y, el resto, por transferencias del Tesoro).

En los últimos meses, cumpliendo resoluciones de Economía, compró bonos del Tesoro Nacional; al 30 de noviembre contaba con papeles por el equivalente a US$7.750.000 (“comprados a un tipo de cambio promedio de $529,444 durante la segunda quincena del mes previendo un potencial salto devaluatorio”) y cuenta con US$668.415,34 en su cuenta del Banco Nación.

Experiencia privada

Cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó la empresa, se hizo cargo la estaodunidense Lockheed Martin. En 1995 se le otorgó la concesión por 25 años, con opción a 20 más.

La Argentina se comprometió a comprar 36 aviones a la Marina de Estados Unidos, que serían repotenciados en Córdoba.

En una etapa más avanzada, la empresa construiría una base aeroespacial. De ahí surge la célebre frase de Menem en una escuela de Tartagal, Salta, en 1996. “Dentro de poco se va a licitar un sistema de vuelos espaciales por el que desde una plataforma que quizá se instale en la provincia de Córdoba esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí [van a] elegir el lugar adonde quieran ir. En una hora y media podemos estar desde la Argentina en Japón, en Corea o en cualquier parte”.

La Lockheed hizo ambiciosas promesas para la expansión de las líneas de negocio y terminó manteniendo lo que después le vendió al Estado, a la vez que insistía en que iba a relanzar la producción del Pampa. Fabricó 18 unidades hasta fines de 1994; durante la gestión de Néstor Kirchner se armaron (no produjeron) seis.

Cuando Cristina Kirchner reestatizó la empresa, se hizo cargo de la conducción La Cámpora y fueron los peores años de la fábrica. Con el macrismo se sumaron negocios privados que la conducción que asumió con Fernández, mantuvo.

En el último año, se orientó a sumar más trabajos de mantenimiento de aeronaves. De acuerdo con la empresa, “se está trabajando en cotizaciones firmes” para Avianca, para SKY y para la brasileña AZUL.

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