Conflicto con Edesur. La ruptura de contratos desató reclamos por US$16.500 millones
LA NACIONSofía Terrile
La pelea entre los intendentes del PJ y Edesur, que amenaza con quitarle la concesión a la empresa, sería otro episodio más en una larga lista de disputas por contratos que la Argentina tiene con diferentes compañías. Gran parte de ellas terminaron en tribunales internacionales, con demandas multimillonarias.
En el caso de la compañía energética, y suponiendo que finalmente la concesión de Edesur se termine antes de los términos pactados, el caso podría terminar en tribunales internacionales en caso de que alguno de sus accionistas sea extranjero, explica Sebastián Maril, socio de la consultora Research for Traders.
En el caso de Edesur, los accionistas son Distrilec Inversora S.A. y ENEL Argentina S.A., parte de la multinacional Enel, una sociedad italiana.
La realidad demuestra que la Argentina siempre paga. A pesar de su mala reputación como pagadora, ya lleva desembolsados miles de millones por expropiaciones, pesificaciones de contratos y deuda en default en tribunales internacionales, y tiene pendientes demandas por al menos US$8755 millones.
Los datos se desprenden de un estudio de la consultora Research for Traders. El informe toma al menos cinco sentencias resueltas y al menos 34 pendientes de resolución, todas en tribunales internacionales entre 2000 y 2019, es decir, en un período menor a 20 años.
Aunque no necesariamente en un tribunal internacional, LA NACION estimó que la posible expropiación de Vicentin podría costarle al Estado argentino unos US$1500 millones. Es un monto casi cuatro veces menor al famoso acuerdo con Repsol por el 51% de las acciones de YPF, aproximadamente de US$5800 millones, según consigna el informe. El Gobierno parece haber dejado de lado esa idea.
Por montos menores, también hubo fallos en contra por Aerolíneas Argentinas (US$340 millones) y AySA (US$250 millones), por sentencias en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial que dirime en estas cuestiones.
Todavía restan dos demandas más por YPF, ambas en Nueva York: la del fondo Eton Park (que tenía el 3% de YPF cuando fue estatizada) y la de Burford, que compró las quiebras de dos empresas que habían sido creadas por el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones. Por la primera hay en juego unos US$495 millones; por la segunda, unos US$4000 millones. Son dos demandas que podrían convertirse en un problema mayor: Burford Capital, un fondo buitre, adquirió el 75 y el 70% de los derechos económicos de cada juicio, respectivamente, y estima que los montos podrían convertirse en US$2300 millones y US$9000 millones.
Con respecto a la deuda en default, la Argentina ya pagó unos US$9300 millones por fallos de la corte Distrito Sur de Nueva York y tiene pendientes demandas por alrededor de US$642 millones, estima la consultora. Muchas de ellas en el juzgado del ya fallecido Thomas Griesa, hoy comandado por Loretta Preska.
"El 98% de estos juicios se desencadenó con el default de 2001, pero empezaron a caer hacia 2005. Se dividen en dos grandes grupos: juicios por la deuda y por expropiaciones y nacionalizaciones", detalla Sebastián Maril, socio de Research for Traders.
Para el especialista en temas financieros, lo que podría suceder con Vicentin en caso de que la expropiación se efectivice no necesariamente terminaría en un tribunal internacional: todo depende de si hay acreedores internacionales. En ese caso, las cuestiones comerciales y de inversiones se dirimen en los tribunales de la ley bajo la que esté emitido un determinado contrato (como sucede con los bonos soberanos ley Nueva York, por ejemplo) o en organismos que dirimen cuestiones no tan locales, como el Ciadi.
Por Sofía Terrile
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