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Evalúan que los countries cedan tierras para vivienda social
El proyecto afectará a nuevos barrios, cementerios privados y superficies comerciales de más de 5000 m2
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LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa una ley de promoción del hábitat popular, que tendrá fuerte impacto en el hábitat social pero también en los mercados inmobiliarios de este distrito. Los barrios cerrados, los countries, los cementerios privados y los emprendimientos de grandes superficies comerciales (superiores a 5000 metros cuadrados) deberán ceder un 10% de sus terrenos -o el equivalente de esa superficie en pesos- en favor de los municipios, que deberán destinarlos a la construcción de viviendas sociales.
"Puede sonar comunista. Pero sólo estamos modernizando una ley de 1977, votada (sic) durante la última dictadura", informó Gustavo Aguilera, administrador general del Instituto de la Vivienda.
El funcionario, que adelantó el plan a LA NACION, agregó: "Los municipios del segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires se van a beneficiar mucho. Y los desarrolladores de barrios cerrados no se van a oponer, porque a nadie le gusta vivir en un asentamiento o tener uno enfrente de su domicilio. El problema de la vivienda lo vamos a resolver entre todos", apostó.
Pero no todos están de acuerdo con contribuir a este plan propuesto por el gobierno. La Federación Argentina de Clubes de Campo puso sus reparos. "Es una locura. ¿Y los barrios abiertos no van a dejar nada para vivienda social? Una cesión del diez por ciento más que el resto de los contribuyentes no tiene sentido", opinó Jorge Juliá, gerente general de la entidad. "Esto no les va a gustar a los desarrolladores urbanísticos -dijo Juliá-. No sé si puede tener validez jurídica. Después de todo, la legislación actual (la ley 8912) ya prevé cesiones para espacios."
Otros desarrolladores inmobiliarios se mostraron menos reacios al proyecto del gobierno: "Nos atenemos a la ley. Si se vota, se tendrá que contemplar. Siempre se cede una parte de tierra a los municipios", dijo Sebastián Maurette, del grupo Urruti, a LA NACION.
El proyecto de ley, que incluye nuevas exigencias para countries y barrios cerrados, prevé otras reformas de alto impacto en el mercado inmobiliario: por ejemplo, incrementará fuertemente la presión fiscal sobre terrenos baldíos inutilizados. Estos impuestos se destinarán a construir urbanizaciones sociales desarrolladas por los municipios.
El plan prevé, también, el cobro de una plusvalía cuando se modifiquen los usos urbanísticos. Por caso, un lote situado en zona rural que cambie su estatus a zona residencial tendrá que pagar fuertes impuestos a los municipios.
Esta última reforma por plusvalía ya se instrumentó en el municipio de Trenque Lauquen, donde una ordenanza denominada de contribución por mejoras dispuso un gravamen del 12 por ciento del valor de los lotes que se beneficien por una rezonificación administrativa.
A partir de esta ordenanza, el municipio de Trenque Lauquen rezonificó unos 3000 lotes y se hizo de unos 360 que serán destinados a viviendas sociales, según informó el intendente municipal, Raúl Seito, a LA NACION.
"No son barrios cerrados. Aquí no queremos guetos de ricos", aclaró el jefe comunal. "Son loteos abiertos, ya que creemos que debemos convivir en armonía todos los vecinos", agregó.
Microcréditos
Por cuerda separada, el proyecto de ley provincial también prevé el otorgamiento de microcréditos para el hábitat social, pero no estipula el monto de estos préstamos ni cuál será el organismo que los financiará.
El plan aún no fue remitido a la Legislatura provincial, donde está previsto que llegue a fines de este mes. Y sólo desde hoy los legisladores accederán al primer borrador, al que tuvo acceso LA NACION.
La ley provincial tiene tres grandes ejes, según precisó el administrador general del Instituto de la Vivienda. Sus objetivos son: modernizar el hábitat, incorporar herramientas de gestión y buscar y generar recursos para que los estados municipales puedan construir viviendas.
El plan fue presentado anteayer por la ministra de Infraestructura y Vivienda, Cristina Alvarez Rodríguez: "Hemos superado un récord histórico construyendo 28.000 viviendas desde 2007, tenemos 30.000 en ejecución y a esto le sumamos este superador proyecto que ampliará y modernizará las actuales políticas", sostuvo.
Alvarez Rodríguez explicó: "Nuestra idea con el gobernador Daniel Scioli fue la de elaborar una legislación moderna que recoja los contenidos y las ideas recomendadas por los principales organismos internacionales, como la ONU-Hábitat, y que hoy son aplicadas en las más importantes ciudades y regiones de América latina y el mundo", apuntó la funcionaria, que se mostró confiada en que la iniciativa le brinde al gobierno "la llave para poder dar respuesta a muchas familias que lo necesitan", concluyó.
10%
Superficie
Es la porción que deberán ceder los nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales. Podrán optar por aportar una suma equivalente.
5000
Metros cuadrados
Es la superficie desde la que los grandes emprendimientos comerciales quedarán alcanzados por la obligación.
CLAVES
- Desaliento a los baldíos. El proyecto autoriza a los municipios a declarar el parcelamiento o edificación obligatoria en los baldíos o construcciones paralizadas tras notificar al propietario, y sólo si éste no ejecutó allí obras en el plazo de hasta 5 años. En caso de incumplimiento, habilita a aplicarles un gravamen especial y progresivo (con aumento de alícuota). Si el dueño no lo paga, podrán expropiar el inmueble.
- Recaudación por plusvalía. La ley también habilita a los municipios para que cobren una plusvalía cuando la modificación del uso urbanístico revalorice a un lote. Se establece como recurso municipal que se acciona al solicitar el permiso de obra o al transferir el dominio (excepto en caso de herencia y donaciones sin cargo). El pago se hará en la forma que determinen los municipios, a los que se faculta que lo perciban en dinero o con cesiones de tierra.
- Antecedente. En Trenque Lauquen rige una ordenanza de estas características que faculta a ese municipio para participar de las revalorizaciones inmobiliarias. Allí ya se aplica un impuesto del 12% sobre el valor de terrenos, por ejemplo, antes zonificados como rurales y luego considerados urbanos.
