Proyecto estatizador. Por qué la propuesta de Vallejos no tiene nada que ver con lo que pasa en Europa

PARIS– Cada día que pasa, el "cueste lo que cueste" lanzado el 12 de marzo por el presidente Emmanuel Macron adquiere dimensiones más exorbitantes. Al gigantesco esfuerzo financiero realizado por cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea (UE) a nivel nacional, el bloque se dispone ahora a agregar unos 500.000 millones de euros, mutualizando los costos de la pandemia del coronavirus a través de un empréstito común, que se sumarán a otros 540.000 millones decididos previamente. El objetivo: defender el tejido industrial y empresario europeo, mediante múltiples formas de ayuda que pueden llegar, incluso, a la nacionalización temporaria. Pero esos rescates y ayudas estatales, que jamás son obligatorios, deben ser solicitados y sus condiciones aceptadas por los beneficiarios,a diferencia del proyecto propuesto en Argentina.

"En épocas de crisis, los Estados pueden todo. En Europa, esos Estados son conscientes de que ayudar a sus empresas, grandes o pequeñas, es una cuestión de supervivencia social y económica. Pero ninguno tiene interés en comprometerse más allá de lo necesario. Más bien tienen la intención de retirarse lo antes posible del sector privado", afirma el economista Elie Cohen, director de investigación del CNRS.

Fondos de solidaridad, anulación o prórroga de cargas fiscales, préstamos directos, capitalización, aporte de fondos propios, compra de obligaciones, garantías del Estado… Cada país aplica su propia estrategia en función de su tejido económico, de la envergadura de las empresas en dificultad, la fragilidad de sus sectores de actividad y su situación antes de la crisis.

"Ninguna empresa debe quebrar. Ningún gran grupo industrial de primer orden debe verse desestabilizado por la situación actual. Tenemos instrumentos a nuestra disposición para apoyar esas empresas de envergadura. Podemos tomar participaciones, capitalizar, incluso podemos nacionalizar", declaró el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire el 18 de marzo.

La expansión de la epidemia no solo hundió en la tormenta a las pequeñas empresas, sino también a los grandes grupos. Los gigantes de la industria automóvil, Renault y PSA (Peugeot) enfrentan serias dificultades, mientras grupos como Lufthansa o Air France-KLM suspendieron la casi totalidad de sus actividades. Las capitalizaciones bursátiles sufrieron un serio repliegue y las caídas en las ventas de automóviles registraron niveles de hasta 80% el mes pasado. Una tendencia que abre el apetito de ciertos fondos de inversión extranjero.

Consecuentes con ese cambio de estrategia, el gobierno italiano anunció al comienzo de la pandemia la nacionalización de Alitalia. Según el comunicado emitido por Roma, el Consejo de Ministros "prevé la constitución de una nueva sociedad totalmente controlada por el ministerio de Economía y Finanzas, o controlada por una sociedad de participación pública mayoritaria, incluso indirecta".

Por su parte, el gobierno alemán respondió favorablemente al pedido de Lufthansa y acudió en su ayuda, adquiriendo esta semana 20% del paquete accionario y una participación en bonos convertibles por otro 5%. El paquete totalizaría unos 9880 millones de euros.

Francia, donde la participación del Estado en el sector privado es histórica, creó un plan de emergencia que supera los 110.000 millones de euros destinado a evitar el derrumbe del tejido industrial del país. Mientras el Estado se hizo cargo del 83% del salario de los empleados en desempleo parcial (uno de cada dos asalariados), las pequeñas empresas recibieron ayudas de todo tipo. El plan incluye, además, 20.000 millones destinados a salvar a los grandes grupos industriales. Sin embargo, a pesar de lo anunciado, el gobierno francés se resiste por el momento a nacionalizar.

Esta semana, Renault obtuvo de los bancos 5000 millones de euros de préstamo garantizado por el Estado. La condición: que este año la empresa no pague dividendos a sus accionistas. A fines de abril, París y La Haya hicieron los mismo con el grupo Air France-KLM. La empresa francesa -en la cual el Estado tiene participación- recibirá 7000 millones de euros en préstamos bancarios y del Estado francés, escapando así a la nacionalización. El Estado holandés, también accionista de KLM, prometió a su vez entre 2000 y 4000 millones de euros.

Esa ayuda, calificada de "histórica" por Bruno Le Maire, está compuesta por un préstamo de 4000 millones de euros otorgado por un sindicato de seis bancos y garantizado por el Estado francés hasta 90% y por un préstamo directo de 3000 millones de euros por parte de Francia.

En verdad, el Estado francés ha estado siempre presente en los grandes grupos industriales. Con 88 empresas administradas por una agencia especial, el dinero del contribuyente está presente en sectores tan diferentes como la aeronáutica, la defensa, la energía, los transportes, los servicios (sobre todo bancarios) o el audiovisual: es el caso de Renault, Air France, Safran, Engie, EDF, Orange, Eramet, ADP, Airbus, Thales, CNP Assurances o Daxia.

Ahora, París estudia la posibilidad de aumentar su ayuda en varios de esos grupos, como ya lo hizo con Renault y Air France. En todo caso, ese aumento de la participación jamás será forzada y, al mismo tiempo, pretende ser rigurosamente limitado en el tiempo.

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