España no quiere ayuda, gracias

MADRID.-La ministra de Economía y Hacienda de España, Elena Salgado, expresó su apoyo a la revisión de los paquetes de ayuda a Grecia e Irlanda y a las propuestas de Alemania de mejorar la competitividad de las economías más débiles de la zona euro, pero descartó que su propio país necesite ayuda financiera externa.

Con la crisis de deuda soberana europea en suspenso, los funcionarios de la Unión Europea están buscando modos más efectivos de impulsar a los países fiscalmente frágiles y calmar, de una vez por todas, las turbulencias en los mercados financieros. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de ampliar el fondo de rescate de la región para que la totalidad de los 440.000 millones de euros (US$607.000 millones) estén disponibles. Actualmente, el fondo sólo puede prestar 250.000 millones de euros por requisitos de las agencias de calificación.

Algunos funcionarios de la UE creen que las tasas de intereses impuestas sobre los paquetes de rescate ofrecidos el año pasado a Grecia e Irlanda son demasiado altas, lo que dificulta su recuperación. "Ahora lo que hay es un cierto sentimiento de que los intereses son altos", dijo Salgado en una entrevista con The Wall Street Journal antes de la cumbre que celebran España y Alemania el jueves, y de la reunión de líderes de la Unión Europea del viernes. "Tenemos que examinar si esa ayuda se está dando en condiciones adecuadas para que les sea útil", dijo Salgado.

A cambio de aumentar la capacidad de préstamo del fondo de rescate, Alemania -su mayor contribuidor- está haciendo presión para que se adopten nuevas medidas para impulsar el crecimiento económico y para sanear las cuentas públicas. Salgado habló a favor de dos de ellas: una mayor alineación de las políticas fiscales en toda la zona euro y el retraso de la edad de jubilación.

El miércoles, el gobierno español, los sindicatos y las asociaciones empresariales firmaron el esperado acuerdo social de reforma del sistema de pensiones, en el que la edad de jubilación sube de 65 a 67 años. El pacto también recoge nuevas medidas de apoyo al maltrecho mercado laboral, como una nueva prestación de 400 euros al mes para las personas que llevan mucho tiempo desempleadas y nuevos incentivos para la contratación de jóvenes sin trabajo.

Los últimos datos muestran que España -cuya tasa de desempleo de 20% es de lejos la más alta de la eurozona- siguió despidiendo a gente en enero. Debido a las dificultades para digerir las consecuencias de la explosión de la burbuja inmobiliaria, el gobierno no prevé que la economía empiece a crear empleos hasta el segundo semestre del año.

Mientras tanto, el gobierno y el Banco de España aceleran sus esfuerzos para sanear las alicaídas cajas de ahorros, un área clave que tiene preocupados a los inversionistas internacionales. Aunque España tiene uno de los niveles más bajos de endeudamiento público de la zona euro, los inversionistas temen que las pérdidas de las cajas se estén ocultando y que al final el gobierno pueda verse obligado a hacerse cargo de la enorme factura que supondría resolver la situación, tal como se vio en Irlanda.

El gobierno anunció el mes pasado nuevos requisitos de solvencia para todas las instituciones financieras españolas y amenazó con nacionalizar las que no cumplan estos mínimos antes de septiembre. Según cálculos preliminares, las cajas necesitarán 20.000 millones de euros en capital fresco. Pero eso es cerca de la mitad de lo estimado por la mayoría de los analistas privados.

Salgado respondió al escepticismo inicial diciendo que las inyecciones públicas de capital estarán disponibles a partir del próximo mes y se comprometió a que el banco central aporte datos actualizados de las necesidades de capital de las cajas en cuanto presenten sus balances de 2010 a fines de febrero. "Esto nos permitirá decir si la cifra total coincide con la estimación que nosotros hemos hecho".

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