Energía: los datos oficiales que muestran que congelar tarifas de gas y luz no es gratis
En mayo, los subsidios energéticos aumentaron 61% y las importaciones de combustibles y lubricantes, 171%
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LA NACIONSofía Diamante
Esta semana se conocieron dos datos económicos que muestran que congelar las tarifas de energía no es gratis. Si bien es una práctica en la que incurren todos los gobiernos, los dos mandatos de Cristina Kirchner se caracterizaron por perder los superávits fiscal y comercial por tomar la decisión política de no aumentar el servicio de gas y electricidad, en un contexto de alta inflación y devaluación del tipo de cambio.
La presidencia de Alberto Fernández podría seguir el mismo camino, ya que en el año y medio de mandato solo se autorizó un incremento de 6% para las tarifas de gas y un alza de 11% en las de electricidad para los usuarios del área metropolitana. Estos aumentos, sin embargo, no generaron una menor necesidad de transferencias del Estado, puesto que sirvieron para mejorarles los ingresos a las empresas distribuidoras, después de más de dos años de congelamiento.
Por eso, ayer, el Ministerio de Economía informó que los subsidios destinados a la energía subieron 61,1% interanual el mes pasado y acumulan en el año un gasto de 0,9% del PBI, según la consultora Ledesma. En concreto, se destinaron en mayo $83.307 millones. En los primeros cinco meses del año, lo transferido a este sector son $248.755 millones, que implica una suba interanual 53,8% o de 7% real, según la consultora LCG.
Para este año, el ministro Martín Guzmán había proyectado que los subsidios al sector se mantuvieran constantes en 1,6% del producto. Esta estimación ya quedó obsoleta, pese a que se espera que el PBI crezca más de 6%. De hecho, las consultoras privadas especializadas en energía prevén que las transferencias al sector impliquen un costo fiscal de 2% del PBI, que sería el mayor en los últimos cinco años.
Por otro lado, ayer, el Indec informó que las importaciones de combustibles y lubricantes exhibieron una suba muy fuerte, en torno al 171% en mayo, e implicaron un gasto de US$358 millones. El dato más preocupante es que este valor fue producto de una baja de 5,7% en los precios y una suba de 187,8% en las cantidades importadas. En lo que va del año, las compras de combustibles implicaron una salida de divisas de US$1520 millones.
En detalle, en los primeros cinco meses, las importaciones de gas natural licuados (GNL) representaron US$137 millones y aumentaron US$120 millones con relación a los tan solo US$7 millones que se habían destinado en el mismo período en 2020. Los mayores barcos con GNL provienen de India, Estados Unidos, Países Bajos, Malasia y Qatar. A partir de este mes se espera que las compras de GNL aumenten considerablemente, ya que comenzó a operar el segundo buque regasificador que se contrató, y que amarró a fines de mayo en Bahía Blanca.
Con relación al gasoil, por su parte, que es más caro y contamina más que el GNL, este año se importó US$490 millones, casi el doble de los US$291 millones que se compraron en el mismo período de 2020. Todos estos números aumentarán con el comienzo del invierno y la mayor demanda de gas para paliar las temperaturas frías.
El pico de importaciones del sector energético ocurrió en 2013, cuando las compras de Combustibles y Lubricantes totalizaron los US$12.464 millones. En consecuencia, en dicho año, el déficit comercial energético alcanzó los US$6902 millones. A partir de ahí, el déficit comercial energético fue reduciéndose hasta alcanzar un saldo balanceado en 2019 y un leve superávit en 2020, que podría perderse este año.
Más subsidios
Pese a este panorama, en el Congreso se está por aprobar un proyecto de ley que amplía la aplicación de tarifas diferenciales a zonas frías del país. La propuesta amplía el subsidio a cuatro millones de usuarios (aproximadamente 10 millones de personas) localizados en 14 provincias, entre las que se destacan Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Juan, San Luis, Mendoza y Salta, previéndose una disminución del orden de entre el 50% y el 30% en los costos de sus facturas.
El financiamiento se presupone a través de un fondo fiduciario, que implica nuevamente otro aumento en las facturas de las categorías pymes, industriales, GNC, Centrales Térmicas y Cargadores Directos, mientras que el Estado deberá cubrir con subsidios la cuota que corresponda a usinas eléctricas.
“De esta forma, a la inexistencia de segmentación alguna en las tarifas residenciales, se suman las medidas que proponen ampliar la inconsistencia macroeconómica y la ampliación de subsidios sin focalización e inteligencia”, concluye un informe del estudio Montamat y Asociados.
Por Sofía Diamante
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