Energía: las tarifas deberían subir al menos 62% el año próximo para que el Estado no aumente el gasto

El ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha la segmentación de tarifas energéticas con el fin de reducir el gasto del Estado y cumplir con las metas de déficit fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un informe privado, el Gobierno ahorraría US$4500 millones en subsidios el año próximo, si la segmentación tarifaria iniciada este mes se actualiza por la tasa de devaluación del tipo de cambio.

En este caso, las tarifas deberían aumentar por lo menos 62%, que es la devaluación controlada que espera realizar el Banco Central (BCRA) el año próximo, según el proyecto de presupuesto que envió el Ministerio de Economía al Congreso. En ese documento, el Gobierno también estimó reducir los subsidios energéticos de 2,2% del PBI a 1,6%.

Si, en caso contrario, el Gobierno mantiene las tarifas congeladas el año próximo por ser electoral, el ahorro en subsidios bajaría a la mitad, US$2000 millones, según proyecciones que realizó la consultora Economía & Energía, que dirige Nicolás Arceo.

“Dado el bajo nivel de aumento que se aplicaría durante el próximo año para los usuarios de menores ingresos, en 2023 los subsidios a estos hogares crecerían con relación a 2022; mientras que en el caso de los hogares de ingresos medios, el ahorro sería poco significativo. Si para el segmento de mayores ingresos y para el sector comercial los precios del gas natural y la energía eléctrica se alinearan con su costo real, se asistiría a un ahorro de subsidios estimado en US$4500 millones. Sin embargo, ello requeriría de la instrumentación de sensibles aumentos tarifarios durante el próximo año”, dice el informe.

Este año, los subsidios a la energía podrían terminar representando un costo total para el Estado de US$11.000 millones, cuando en 2019 eran menos de la mitad, de US$4753 millones. Este incremento en el costo de las transferencias energéticas se debe en gran parte a la política de congelamiento de tarifas que llevó adelante el Gobierno.

“Las tarifas de energía eléctrica y gas natural, medidas en moneda constante, evidencian un sensible deterioro desde mediados de 2019. Dichas tarifas se ubican cerca de un 60% por debajo de los valores máximos alcanzados a fines de 2018 y comienzos de 2019”, dice Economía & Energía.

Sin embargo, este año, además, los subsidios a la energía aumentaron por el alza de los precios internacionales del gas. La Argentina, pese a tener una de las mayores reservas del gas del mundo, depende del gas natural licuado (GNL) en el invierno para abastecer los picos de demanda.

“La recomposición de los precios de la energía en la pospandemia y su exacerbación tras la guerra con Ucrania agudizaron el problema fiscal y conducirán a la conformación de un saldo comercial sensiblemente deficitario durante el presente año. Por primera vez desde finales de la década pasada, el sector energético presentará un importante déficit externo, estimado en torno a los US$5800 millones. Así, al problema fiscal registrado en los últimos años se le agregó ahora el frente externo”, dice la consulta. En detalle, en los primeros seis meses del año se incrementó el precio de la energía eléctrica y del gas natural en un 69% y en un 42%, respectivamente.

Tarifas en el AMBA

Si bien la Secretaría de Energía ya definió los aumentos tarifarios de electricidad, hay un problema que resta resolver y que podría quitarle eficacia al ahorro en subsidios. Las tarifas de electricidad representan el costo de tres servicios en uno: el de la generación de electricidad, el del transporte a los centros urbanos de consumo y el de distribución para que llegue a cada hogar.

Este último servicio es realizado por las distribuidoras Edenor y Edesur en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que además de ocuparse de que cada unidad de trabajo o vivienda tenga electricidad, mide los consumos y emite las boletas. También se encargan de recaudar el dinero y de darle al Estado la parte que le corresponde por impuestos y por el costo de generación eléctrica.

El problema es que este año se le dio un aumento de ingresos a estas empresas de tan solo 8%, cuando la inflación estimada para el año es del 100%. Por lo tanto, las compañías se quedan con parte del dinero que le corresponde al Estado y de esta forma financian sus costos corrientes y de mantenimiento. En concreto, las distribuidoras le pagan alrededor del 65% del total que le corresponde a Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía, por su trabajo.

Si el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no actualiza el valor agregado de distribución (VAD) de las empresas, lo más probable es que el Estado no pueda recaudar todo el dinero que el Ministerio de Economía tenía proyectado. Para eso haría falta aplicar un aumento adicional en las tarifas.

Según la consultora Economía & Energía, teniendo en consideración los aumentos estimados para los usuarios del AMBA de mayores ingresos, la tarifa media pasaría de $2257 mensuales a $6736 entre junio 2022 y enero 2023; es decir, un aumento del 198% en tres tramos.

Por su parte, la quita de subsidios en el segmento comercial implicaría que la tarifa media crecería un 122% en el mismo período, pasando de $5794 mensuales en junio 2022 a $12.884 en enero 2023.

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