Energía: Guzmán deberá ceder y aprobar un aumento de 6% en el gas

Luego de dar por finalizada la discusión por las tarifas de electricidad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá ceder también ante su intención de aplicar un aumento mayor en las boletas de gas, que le hubiera permitido al Tesoro disminuir el gasto en subsidios energéticos en por lo menos $36.000 millones (equivale a un poco más de un mes de tarjeta Alimentar, que beneficia a 4 millones de personas).

El interventor en el Enargas, Federico Bernal, que al igual que Federico Basualdo responde a Cristina Kirchner, le envió al ministro los nuevos cuadros tarifarios de transición para disponer de un aumento en las boletas de gas, después de más de dos años de congelamiento. Sin embargo, el incremento solo le mejorará los ingresos a un componente de la tarifa: el de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, entre otras); mientras que para las transportistas (TGN y TGS) no habrá suba y para las productoras, la Secretaría de Energía se hará cargo de una mayor proporción de las transferencias, a contramano de lo que quería Guzmán.

Si el ministro firma el documento enviado por Bernal en estos días, los nuevos cuadros tarifarios podrían estar vigentes a mediados de la semana que viene. Como adelantó el interventor, los usuarios residenciales recibirán en promedio un incremento del 6%, que coincidirá con la suba estacional de las tarifas por el mayor consumo de invierno.

Este 6% promedio en la tarifa final de los consumidores residenciales implica un incremento de más del 24% para las distribuidoras, que hasta podría llegar al 90% para las que abastecen a grandes usuarios (industrias y comercios), según fuentes oficiales.

El segmento de distribución representa alrededor del 24% del precio final de la boleta; el de las transportistas, 11%; la producción de gas, 50%, y el resto son impuestos nacional, provinciales y municipales.

Las mayores perjudicadas con este esquema serán TGN y TGS, que seguirán con sus ingresos congelados hasta por lo menos el año que viene, según pudo saber LA NACION. Si bien las empresas podrían ir a la Justicia, ya que sería un trato desigual ante la ley, en el Gobierno están confiados en que no lo van a hacer.

“No harán el reclamo porque sencillamente no les conviene. Hay temas mucho más importantes que seis meses de tarifa de transición. El año que viene tendrán un recálculo importante y la clave es la nueva revisión tarifaria integral (RTI) y los contratos de licencia, que vencen en 2027″, señalan en el Frente de Todos.

Además indicaron que se está trabajando en una mesa conjunta con las empresas para definir obras de expansión y tarifas para gasoductos de exportación, entre otras cosas. Consultadas por este medio, las transportistas prefieren esperar a que esté la publicación definitiva de los cuadros tarifarios de transición, para evaluar la situación y el impacto de la medida.

Por el lado de la Secretaría de Energía, se había llamado a una audiencia pública para definir también un incremento en el porcentaje que pagan los usuarios por el costo de la producción de gas, que, actualmente, es la mitad en promedio. Pero a medida que sube el tipo de cambio, esta porción baja aún más y es compensada con más transferencias del Estado.

Según los cálculos que había presentado la cartera que dirige Darío Martínez, en caso de que el dólar oficial suba como está establecido en el presupuesto, alrededor de 25%, el costo fiscal extra que representa mantener sin cambios esta parte de la tarifa son $36.000 millones. Si el dólar sube más de lo proyectado, la partida presupuestaria necesaria será mayor también.

Los subsidios energéticos devengados en el primer trimestre del año aumentaron 228,1%, según datos de ASAP que muestra en su informe el instituto IAE Mosconi. Esto implica mayores subsidios por la suma nominal de $73,101 millones acumulados o de US$1187 millones, si se toma la cotización del dólar mayorista promedio del primer trimestre.

“En cuanto a la desagregación de los subsidios energéticos, las ejecuciones presupuestarias más importantes acumuladas a marzo fueron para Cammesa [la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica], que necesitó $71.100 millones o US$802 millones y se incrementó 184,9% interanual; para el Plan Gas no convencional ($16.495 millones), con una disminución del 14,2%, y para Ieasa [la empresa estatal encargada de las importaciones de gas] ($12.755 millones), con un aumento del 264%. Esta dinámica en el comportamiento de los subsidios a partir del abril responde a las crecientes necesidades financieras derivadas de una creciente brecha entre costos y precios de la energía”, señaló el Instituto Mosconi.

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