Energía eléctrica: el Gobierno financiará obras de infraestructura con lo recaudado por retenciones a las exportaciones

La Secretaría de Energía creó hoy un fondo que se nutrirá de las retenciones a las exportaciones de energía eléctrica y servirá para financiar obras de infraestructura. En la resolución 1029/2021, la cartera que dirige Darío Martínez también estableció un “reconocimiento adicional y transitorio” en la remuneración de las centrales termoeléctricas más antiguas, que aportan el 60% de la generación total de energía eléctrica. Sin embargo, no se dieron precisiones de cuánto será el incremento ni a partir de cuándo regirá. “Será definido por esta Secretaría mediante las instrucciones regulatorias correspondientes”, indica el texto.

“A partir de las transacciones económicas del mes de septiembre de 2021, los ingresos recaudados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) provenientes de las operaciones de exportación de energía eléctrica, previa deducción de los costos incurridos para abastecer esas exportaciones, como combustibles, generación, transporte y cualquier otro costo asociado, serán acumulados en la cuenta de exportaciones del fondo de estabilización del mercado eléctrico mayorista (MEM)”, dice el segundo artículo de la resolución.

Luego señala que el fondo tendrá como destino “el financiamiento de obras de infraestructura energética y serán asignados según lo establezca oportunamente esta Secretaría mediante las instrucciones regulatorias correspondientes”. El Gobierno no dio mayores precisiones ni comunicó a las empresas su decisión.

Aumento para generadoras

Cuando asumió el Gobierno en diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó en febrero siguiente fue la de pesificar la tarifa de un segmento de las generadoras eléctricas e indicó que se iba a actualizar ese valor de manera mensual sobre la base de la inflación. Sin embargo, al mes siguiente llegó la pandemia y ese procedimiento quedó suspendido. Recién este año, la Secretaría autorizó un aumento a partir de febrero del 29%, cuando el año pasado el índice de precios había sido 36%.

Si bien en el año la inflación acumula un incremento de más del 37%, el Gobierno no dio otra actualización de tarifas a las empresas alcanzadas, como Enel, AES, Pampa Energía y Central Puerto, entre otras.

Actualmente, los usuarios residenciales de todo el país pagan en promedio solo un 25% de lo que cuesta la generación eléctrica. Según el proyecto de presupuesto que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso, el objetivo para el año próximo es que los usuarios del servicio eléctrico paguen un poco más por el costo de generación y lleguen a cubrir el 43% del total. En números: hoy mantener el sistema eléctrico cuesta alrededor de US$9000 millones anuales, de los cuales el Estado financia US$6000 millones con subsidios.

Si bien el costo de la generación eléctrica podría reducirse el año próximo si hay un alivio en la sequía y mejora la generación hidráulica (que es la más económica de todas las formas de generar electricidad), aun así el costo del precio estacional que pagarían los usuarios debería aumentar 50% en dólares para que se cubra el 43% que quiere el Ministerio de Economía.

Como el costo de generación implica alrededor de la mitad de la tarifa eléctrica (la otra parte es distribución e impuestos), el precio final del servicio debería subir 30%. Este incremento no tiene en cuenta los costos que implicaría una devaluación de la moneda (ya que es un sector dolarizado), ni el aumento adicional que habría si además se actualiza el segmento de distribución.

Este invierno, el costo de la generación eléctrica se disparó a $8252 el MWh (US$85), el doble de los $4508 que costó la energía en el mismo mes de 2020. Esto está explicado en parte por la caída de 34% de la generación hidroeléctrica (producto de la sequía), que es más económica. Además, si bien el Gobierno lanzó a fines del año pasado el Plan Gas, la puesta en marcha del programa de estímulo llegó tarde para los meses más fríos del año y no evitó la declinación en la producción, como era el objetivo. Por lo tanto, por la menor disponibilidad de gas local, el Gobierno debió aumentar las importaciones de combustibles líquidos, que son más caros.

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