Enarsa, una máquina de contratar a las universidades con acuerdos que llegaron a US$63 millones en el gobierno de Fernández

Enarsa, la petrolera estatal que no tiene petróleo, creada en aquellos años de sueños revolucionarios de Néstor Kirchner y su ladero, Guillermo Moreno, como una empresa para entrar de lleno el poderoso mundo de los dueños del crudo, se convirtió, con el paso de los años, en la principal contratante de las universidades mediante un sistema que quedó se analiza con detalle desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei.

A través de los polémicos acuerdos que se firman, sobre todo, para realizar prestaciones de servicios, la Enarsa que manejó Agustín Gerez, un funcionario cercano al Instituto Patria y del paladar de La Campora, llegó a firmar 41 contratos con fundaciones de las altas casas de estudio que, en total y convertidos al día de la firma, importaron US$63 millones. Todos, claro está, con contrataciones directas y sin ningún tipo de procedimiento más que el pedido de un área y la firma final.

“Los contratos de Energía Argentina con universidades son de larga data, firmados por gestiones anteriores. Sin perjuicio de ello, están en proceso de readecuación a un nivel de requerimiento de servicio muy inferior”, contestaron en Enarsa.

El principal acuerdo de contratación directa en toda la administración pública es el que firmó Enarsa con la Fundación Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata cuyo nombre es “Convenio UNLP: Convenio de Inspección de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz. AHRSC - presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner y gobernador Jorge Cepernic“. De acuerdo a lo que pudo comprobar LA NACION el documento de compras mediante el que se suscribió fue el 4700000941, suscripto el 18 de noviembre de 2022 y con vencimiento el mismo día de 2028. En ese momento, el monto del pago fue de 7.557 millones de pesos, lo que significa 44,39 millones de dólares. Fue la Gerencia de Unidad Ejecutora de las Represas las que solicitó el acuerdo, firmada por el funcionario Gastón Dalla Cia.

Pero esta no es la única relación de la petrolera con alguna casa de estudio por las represas de Santa Cruz. El 13 de junio de 2022 contrató a la Universidad Tecnológica Nacional para “Apoyo técnico en la realización de auditorías en las centrales hidroeléctricas”. Se usó un documento de compra y el contrato vencía el 13 de marzo de 2023. El monto de la contratación fue de $57,8 millones o US$ 453.166, de acuerdo al tipo de cambio de entonces.

La Fundación Innova-T, una unidad de vinculación tecnológica creada en el marco de la ley nacional 23.877 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en 1993, tuvo varios acuerdos con Enarsa. Uno fue para “estudios glaciológicos en la cuenca del río Santa Cruz, por US$57.135; otro por “servicio de asistencia técnica para el cumplimiento de la primer etapa del Programa de protección del patrimonio cultural: Subprograma de rescate arqueológico” previsto en el Plan de Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Santa Cruz (US$98.83) y, entre otros el programa de Monitoreo de Especies Protegidas –gallineta chica– en el área del río Santa Cruz (US$88.787). También se dispuso un contrato para el monitoreo de especies protegidas –el pato macá tobiano– en el área de las represas por US$273.379. “El contrato con el Conicet (Fundación Innova-T) está totalmente inactivo”, contestaron en Enarsa.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es otra de las predilectas. Un ejemplo: el 21 de julio de 2023, a poco de que Gerez deje su lugar en Enarsa, firmó un acuerdo por dos meses para “Asesoramiento para la validación de ingresos y egresos operativos y costos de financiamiento”, siempre relacionadas con las centrales de la provincia de los Kirchner. Debían controlar facturas de años anteriores en dos meses. Para realizar esa tarea, solicitada por Silvestre Bisquert, de la Gerencia de Administración y Finanzas, se pagó US$923.763, a razón de $460.000 por mes.

La misma casa de estudios cambió US$2 millones por un trabajo para “Asesoramiento, análisis, evaluación e informes inherentes a temas vinculados con las centrales”, que fue firmado el 26 de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. Ese mismo mes se renovó hasta el 30 de abril de 2024, y se pagaron otros US$1,544 millones.

Hubo varios más más con la UBA a propósito del gasoducto Néstor Kirchner. Una de las tantas obras que fue bautizada con el nombre del expresidente contó con varios contratos para la realización de los estudios de impacto ambiental. Por todos los que se convinieron pagaron alrededor de US$3,2 millones a la universidad.

Pero sin dudas, el contrato con la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Plata por aquellas centrales del sur que ahora están paralizadas es el que se mira con detalle.

“El contrato con la UNLP es fundamentalmente de inspección de las represas del Río Santa Cruz, mientras que el contrato con la UBA es por servicios de evaluación de la información de costos presentados oportunamente por el contratista de dichas represas. Y está terminado”, confirmaron en Enarsa. Y la misma fuente agregó: “En conclusión, el convenio que queda vigente el de UNLP que fue readecuado al servicio requerido”.

Hubo uno que se firmó en el año de Milei como presidente. Se trata de un “Servicio para revisión de los soportes de reclamo de improductivos presentado por al UTE China Gezhouba - Electroingeniería e Hidrocuyo”. Se rubricó el 16 de mayo de 2024, tuvo un plazo de 4 meses, y por ese trabajo se pagó US$174.607.

Hace un par de meses, el Gobierno puso bajo la lupa los convenios del Estado con las universidades. Ese trabajo Incluye, al menos, 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios. Auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos. Este enorme sistema de contratación nació, y en gran parte funciona, como un aporte genuino de las universidades con el Estado. Pero, con el tiempo, la facilidad de procesos y la imposibilidad de controlar a las casas de estudios por la autonomía que esgrimen terminó por generar una fiesta de servicios que se canalizan por esa autovía de convenios.

Las dos obras más importantes en materia energética se valieron de millonarios contratos para todo tipo de servicios. Enarsa se constituyó como el principal ente del Estado a la hora de utilizar las casas de estudio. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), puesta a auditar por la Casa Rosada, es quien tiene la última palabra. Por ahora, está silenciosa.

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