Quiénes podrían ingresar a la moratoria previsional que aprobó el Senado y por qué es un parche para el sistema

La iniciativa para acceder a una jubilación a partir de la adhesión a un plan de pago “deuda previsional” que obtuvo aprobación en la tarde de este jueves en el Senado de la Nación (y que ahora deberá ser considerada por Diputados) fue dada a conocer a principios de mayo último, en medio de la fuerte interna del Gobierno, por referentes del ala política que responde a Cristina Kirchner. No hubo un diálogo previo a la presentación del proyecto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, incluso cuando la eventual aprobación del texto sumaría complicaciones para las posibilidades de cumplir las metas acordadas con el FMI.

Más allá del costo fiscal que implicaría, un punto débil del proyecto es que se insiste, una vez más, en la idea de ofrecer a la sociedad un programa temporal como respuesta a un problema que, en rigor, es estructural y está muy arraigado. Si en la Argentina muchas personas llegan a la edad de retiro laboral no habiendo acumulado los aportes que exige la ley para obtener la jubilación ordinaria, es básicamente por los elevados niveles de precariedad y de informalidad en el mercado laboral. Ese problema del mundo del trabajo es persistente y lleva a que se necesiten soluciones de fondo, que incluyan la revisión de la ley previsional, que resulta muy rígida en cuanto a los requisitos establecidos para cobrar prestaciones y que no contempla, por ejemplo, pagos proporcionales si se hicieron aportes pero no se llegan a acumular los 30 años.

Si se aprueba el proyecto, se pondrá en vigencia un plan de pagos al que podrán acceder, durante un plazo de dos años, quienes tengan o cumplan durante ese lapso la edad jubilatoria del sistema general que gestiona la Anses (60 años las mujeres y 65 años los varones) y no hayan acumulado los 30 años de aportes exigidos para jubilarse Además, podrán adherir quienes estén a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación. Esto último significa que se aceptaría la incorporación de quienes tengan al menos 55 años, en el caso de las mujeres, y al menos 60 años, si se trata de varones; esas personas no podrían jubilarse, claro, hasta que cumplan la edad requerida, pero sí podrían comenzar a regularizar su situación.

Para las personas que ya tengan la edad de retiro o la cumplan durante los dos años a partir de la puesta en marcha del mecanismo, se aceptará la declaración por aportes no hechos correspondientes a períodos anteriores a diciembre de 2008. En tanto, si se trata de quienes todavía no llegaron a esas edades, lo que podrá declararse como deuda con el sistema abarca hasta el 31 de marzo de 2012. Un requisito es haber tenido al menos 18 años al mes más antiguo que se declare el plan de pago de deudas.

Un rasgo diferencial de la iniciativa kirchnerista en relación con los planes que hoy siguen vigentes -de manera cada vez más limitada.-es que, en lugar de estructurarse como una moratoria (en la cual se determina cuánto se debió haber pagado, con intereses y sanciones, y luego se eliminan total o parcialmente los recargos para que el monto sea más liviano), se propone definir directamente un valor en pesos de una variable llamada “unidad de pago de deuda previsional”. Cada persona adquiriría, en función de lo que necesite para completar los 30 años de aportes, una determinada cantidad de esas unidades. Cada una representaría el aporte de un mes. Y esa unidad tendría un valor equivalente el 29% de la base mínima imponible, que es un número que se va actualizando trimestralmente. Con los datos actuales, el valor de cada mes de aportes a comprar sería de $3665,14.

En otras palabras, se “comprarían a crédito” esas unidades y luego se armaría un plan de pagos de hasta 120 meses. Esas cuotas serían descontadas del haber mensual que se le comenzaría a pagar al solicitante. En este último punto, el sistema funcionaría como hasta ahora.

Según una estimación hecha por el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, si adhieren en el corto plazo a este beneficio unas 750.000 personas (quienes impulsan el proyecto señalan que ese es el número de quienes estarían en condiciones de acceder en lo inmediato), y si se considera una prestación promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas previstas por el plan (las cuotas tanto de quienes se jubilen enseguida, como las de quienes se inscriban estando aún en edad activa), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes, lo cual representaría unos $338.000 millones en un año, incluido el aguinaldo. A esa cifra habría que descontarle, en rigor, el costo que supondría que algunas de esas personas obtuvieran, en caso de no existir el nuevo plan de pagos, una prestación ya vigente, como la PUAM.

Todo cálculo, claro, se basa por ahora en supuestos sobre datos que no se conocen, como el de cuántos se anotarán entre quienes no hayan llegado aún a la edad jubilatoria, o el de cuál será el monto de las cuotas que se descontarán del haber mensual. Además, el ingreso al plan no será irrestricto, ya que se deberán cumplir ciertas condiciones en material patrimonial y de ingresos.

El proyecto no implica una extensión directa de las moratorias que siguen vigentes (las de las leyes 24.476 y 26.970) y para las cuales se reduce, con el paso del tiempo, la posibilidad de acceso. Este efecto ocurre porque, como el esquema permite declarar deudas por aportes no hechos correspondientes a ciertos períodos y hasta una fecha determinada, cada vez menos personas pueden entrar y las que pueden ingresar lo hacen por períodos cada vez más cortos, es decir, pueden compensar menor cantidad de aportes no realizados.

En la última década y media, las moratorias previsionales fueron ganando tal protagonismo que, actualmente, dos de cada tres jubilaciones que mes a mes se ponen al pago en el sistema gestionado por la Anses fueron obtenidas por personas que adhirieron a ese mecanismo. De las 5.229.503 jubilaciones liquidadas mes a mes en el primer trimestre de este año, 3.408.201 (65%) tuvieron planes subsidiados por el Estado. En el caso de las pensiones, de un total de 1.623.181 prestaciones, 204.816 tuvieron moratoria. Así, son en total más de 3,6 millones los beneficios previsionales obtenidos por este mecanismo, para el cual no hubo cálculos de costos ni previsión de fuentes de financiamiento.

Los datos son luces de alerta en sí mismos y hablan de la necesidad de revisar las exigencias de la ley jubilatoria y, a la vez, de generar un debate sobre cómo solucionar los problemas del mercado laboral.

Por fuera del sistema de las moratorias, desde 2016 existe la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se les otorga a quienes tienen al menos 65 años, cumplen con ciertas condiciones en su situación socioeconómica y no cuentan con aportes suficientes para jubilarse, sin importar si no hicieron ninguna contribución o si acumularon varias, una característica esta última que no pocos señalan que debería corregirse, previendo prestaciones proporcionales en función de cuánto se aportó en la vida activa. El monto de la PUAM equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo.

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