En medio de la tensión, Kicillof hace caja: ya les cobró $160.000 millones a grandes empresas

Esperando que la recesión económica afectara la recaudación –y en su defecto, a la coparticipación-, luego de que el gobierno nacional pisara el envío de fondos a las provincias y en medio de la tensión política entre Casa Rosada y los gobernadores, Axel Kicillof logró hacer caja con las grandes empresas: casi un 100% de las 254 grandes firmas señaladas oficialmente por la reglamentación de la ley impositiva 2024 pagaron hoy –era la fecha límite- el anticipo extraordinario de ingresos brutos establecido por la administración bonaerense. Así, según pudo confirmar LA NACION, Kicillof pudo hacerse de unos $160.000 millones.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) que conduce Cristian Girard esperaba recaudar, según habían anticipado, unos $155.000 millones (actualizado más tarde a $165.000 millones) por la medida que le genera un costo financiero extra a grandes contribuyentes del territorio bonaerense.

De hecho, en las últimas horas, Girard había recibido a una comitiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre las que estaba Diego Coatz, director ejecutivo, y Carlos Abeledo, jefe del departamento tributario de la entidad fabril. También participó Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), entre otros. Girard los escuchó en La Plata junto a seis técnicos.

El titular de ARBA les dijo a los industriales que sólo habían recibido la comunicación quienes debían abonar el anticipo extraordinario. A su vez, les ratificó que el mismo se puede computar en la declaración jurada de febrero. Fue entonces que les dijo que la morigeración de las alícuotas de retención o percepción regiría desde mayo. Los industriales le pidieron al director de ARBA la posibilidad de adelantar este beneficio. La negociación surtió efecto y la empresa que pagara finalmente ayer el anticipo lograría que el beneficio de la reducción operara efectivamente un mes antes. Sería desde abril.

Sin embargo, Girard se negó a ofrecer un pago en cuotas debido a “las necesidades financieras” de la provincia en medio de las negociaciones con Casa Rosada. Si bien se analizaba una prórroga de la fecha de vencimiento, dado que casi el 90% ya había pagado, en ARBA indicaron que, en principio, no se estaría considerando. Si eso finalmente sucediera, las empresas que ingresaran no contarían con la baja de la alícuota desde abril, sino desde mayo. Girard les confirmó a los empresarios que estará además vigente la compensación de saldos a favor de Ingresos Brutos para pagar el impuesto Inmobiliario y Automotor.

En la Agencia esperan que los saldos a favor se terminen agotando en cuatro o cinco meses. Se trata de una preocupación de los grandes supermercados, contaminados con ese crédito.

Fuentes de la gobernación habían contado a este medio días atrás que con el retaceo de fondos por parte del presidente Javier Milei a Kicillof (la falta de actualización del Fondo del Conurbano, la quita de dinero para los subsidios a transporte y educación, y la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otros), la provincia perdía unos $100.000 millones por mes.

La norma provincial

Una semana atrás, ARBA anunció que había reglamentado el artículo 136 de la ley 15479 (Impositiva para el ejercicio 2024). Allí había tomado la determinación de que haya un anticipo adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que deben pagar este año “grandes contribuyentes” con actividad “en rubros concentrados de la economía”, y que se abonaría en una sola cuota que venció hoy.

“Ese anticipo adicional abarca a aquellas empresas que reúnan, de forma concurrente, dos requisitos: revestir el carácter de grandes contribuyentes, dado su nivel de ingresos operativos, y desarrollar una actividad que corresponda a un mercado con un grado de concentración elevado”, informó la agencia.

Se determinó además que el monto a pagar por estos contribuyentes “equivaldrá a cuatro veces el importe del anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023. En tanto que, para quienes no hubiesen presentado declaración jurada o informado ingresos en ese mes, el adicional se calculará multiplicando por cuatro el importe del último anticipo no prescripto, incrementado en un 70%”, se precisó en un comunicado enviado a los medios.

“Respecto de quienes incumplan con la obligación, la Agencia de Recaudación los incluirá en la máxima categoría representativa de riesgo fiscal. Además, las deudas correspondientes al anticipo adicional, sus intereses, accesorios y multas no podrán ser regularizadas mediante los planes de pago previstos en la Resolución normativa 36/23″, habían advertido desde ARBA.

Críticas empresarias

Horas después de la novedad, la UIA, la Uipba y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) expresaron “su grave preocupación” por el anticipo sobre ingresos brutos. “La recuperación económica de nuestro país debe necesariamente surgir del desarrollo productivo con generación de empleo formal y los incrementos de la presión tributaria y/o de la carga financiera al sector productivo dificultan el cumplimiento de este objetivo”, estimaron.

“Cabe recordar que la norma publicada toma como base la facturación solo de octubre 2023 multiplicado por cuatro, lo cual significa que no contempla el impacto de la recesión que afecta la actividad industrial que fue de -5,6 contra el tercer trimestre del mismo año mientras que en los primeros meses de 2024 se evidencia una caída superior. La medida además quita capital de trabajo a la industria en momentos de caída de la actividad”, advirtieron entonces.

La oposición también salió a criticar la decisión de Kicillof y su equipo económico. “El Estado provincial manotea recursos de las empresas que generan más empleo privado, afectando la inversión por cambio en las reglas del juego. Siempre se les ocurre castigar al contribuyente en lugar de ordenar el gasto”, cuestionó días atrás Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. “Nadie debería pagarle nada a este impresentable de Axel Kicillof. ¡Rebelión fiscal ya! ¡Bajen el gasto público!”, posteó entonces el diputado José Luis Espert en la red social X.

En declaraciones a LA NACION, Girard dijo que en la Provincia de Buenos Aires hay un total de dos millones de CUITs activos, “de modo que las empresas alcanzadas son apenas el 0,01%. Todo eso está explicitado en la RN 11/2024 de ARBA”.

La medida se da en momentos en que comienzan a llegar facturas por el inmobiliario urbano y rural por encima de los topes fijados por la legislatura (porque se eliminaron beneficios) y también el aumento de patentes, que puede llegar hasta un 288% para el 60% de los autos empadronados en la provincia. En ARBA afirman que los impuestos patrimoniales siguen a la inflación, pese a que los salarios que cobran los bonaerenses se mantienen por debajo y el freno económico afecta a las empresas.

Algunos tributaristas alertaron que el contribuyente pasa a ser acreedor del fisco, que en vez de bajar el gasto público se financia a tasa cero con un crédito del contribuyente que se erosiona con la inflación. “No llega a ser siquiera un empréstito forzoso porque el objetivo del gobierno provincial es sustraer el dinero de algunas empresas y licuarlo con la inflación hasta el momento en que puedan utilizar los saldos que les generen. La inclusión de quienes no abonen el anticipo en la máxima categoría de riesgo fiscal durante 12 meses es una sanción sin posibilidad de defensa. Esto se incluye para evitar que se cuestione la medida judicialmente e implica que, de incluirse en dicha categoría, al contribuyente se le aplicarán salvajes retenciones y percepciones, generándole saldos a favor irrecuperables”, dijo el abogado Diego Fraga.

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