En el Congreso hay casi 100 proyectos sobre tarifas públicas

Mientras el Gobierno espera una definición de la Corte Suprema sobre las cautelares que frenaron los aumentos de tarifas, el Congreso se prepara para dar batalla en ese campo. Ya son casi 100 los proyectos de ley de todos los bloques en respuesta al creciente malestar social. Con 47 propuestas entre las dos cámaras, el Frente Para la Victoria (FPV) se alza como el gran impulsor del debate. Por su parte, los bloques de los opositores Margarita Stolbizer y Diego Bossio tienen 11 y seis cada uno. La paradoja es que hasta el oficialismo presentó siete iniciativas mientras que son tres las llegadas desde el espacio de Sergio Massa, aunque de menor magnitud. La "propuesta alternativa" llegará en las próximas semanas.

Una veintena de proyectos plantea declarar nulos los decretos presidenciales que fijaron las subas. Otros 13, dictar la emergencia por un plazo de 180 días a cuatro años o hasta que tengan lugar las audiencias públicas, y retrotraer los precios del gas y la luz a febrero. Mientras que el grueso proyecta librar del pago o fijar tarifarios especiales para determinados sectores sociales o regiones del país. El debate está planteado y será protagonista en el Congreso a partir de agosto.

El Senado ya dio el primer paso. En la última sesión antes del receso invernal, aprobó por amplia mayoría un pedido al Gobierno para que anule el aumento de las tarifas de gas. Ahí, el propio jefe del FPV, Miguel Ángel Pichetto, anunció que a partir de agosto su bloque impulsará el tratamiento en comisiones de un proyecto del chubutense Mario País, con la firma de otro 25 senadores, que declara la "nulidad absoluta e insanable" de las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron las subas de luz y gas.

El FPV encabeza el ranking. Sólo en la Cámara alta tiene 23. La formoseña Graciela De la Rosa pide tarifas diferenciales para las pymes y las entidades sin fines de lucro. Mientras que la rionegrina Silvina García Larraburu propone dictar la emergencia energética para las entidades de bien público, cooperativas y clubes de barrio, y para los usuarios patagónicos.

En Diputados, el kirchnerismo tiene en carpeta dos docenas de proyectos que plantean desde la suspensión de los incrementos por 180 días hasta la declaración de emergencia energética para organizaciones sindicales, instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología, y asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y universidades nacionales, pasando por la creación de tarifas especiales para pymes, bomberos voluntarios, cines y teatros públicos, y usuarios que sean electrodependientes por razones de salud. Aun así, el jefe del bloque, Héctor Recalde, aseguró que el objetivo es acordar con otros bloques una ley de consenso y convocar en el corto plazo a una sesión especial.

"Esta es una cuestión de Estado, no partidaria y tampoco judicial. Necesitamos dar una respuesta desde la política. Por eso le planteamos a los 35 bloques restantes juntarnos y avanzar con un proyecto unificado que retrotraiga las tarifas a febrero y cree una comisión que analice cómo salir de esto", explicó Recalde. Pero si ello no resulta y el Senado avanza más rápido, la estrategia sería similar a la utilizada para la ley antidespidos: esperar una media sanción del Senado y darle curso en Diputados lo antes posible.

Si de consensos se trata, Stolbizer tiene la clave que podría congregar a propios y ajenos -el massismo, su aliado de última hora, y el kirchnerismo-. Es que su proyecto aglutina varios de los reclamos opositores: deroga los aumentos de las tarifas de luz, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros, y fija un plazo de 180 días para la realización de una auditoría integral de las empresas productoras, generadoras, transportadoras y distribuidoras de estos servicios.

A su expediente se suman otros diez que impulsan sus compañeros de interbloque. La senadora Magdalena Odarda quiere que el Gobierno presente ante el Congreso un cronograma gradual de actualización tarifaria del servicio de gas, que deberá aprobarse por ley. La diputada socialista Alicia Ciciliani, que se fije una tarifa social universal para jubilados, beneficiarios de planes sociales y veteranos de Malvinas. Y Victoria Donda busca prohibir la interrupción de los servicios básicos por falta de pago para las asociaciones sin fines de lucro.

Lo curioso es que el Frente Cambiemos ocupa el tercer puesto del podio con siete iniciativas de reforma. "Nosotros no le escapamos a ninguna discusión. Estamos dispuestos a dar el debate", afirmó el diputado Pro Eduardo Amadeo.

Entre las propuestas oficialistas se destacan la del senador radical Luis Petcoff Naidenoff, que impulsa un régimen de tarifa social y acceso solidario a los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas natural para "los usuarios actuales y potenciales en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad". En tanto, otros promueven tarifarios diferenciados para universidades y usuarios residenciales de varios departamentos de la provincia de Mendoza, la región patagónica y del NEA.

El espacio político liderado por el gremialista Oscar Romero y el ex director de la Anses Diego Bossio cuenta con seis proyectos, entre los que se destaca el impulsado por el presidente de la comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto, el único que propone una aplicación gradual. Fija un cronograma de un 33% a partir del 1° de este mes, llegar al 66% el 1° de enero de 2017 y al 100% en 1° de julio de 2017. Estos cuadros tarifarios regirían hasta el 31 de diciembre de 2017.

"Se deben sincerar las tarifas de todos los servicios públicos para pasar a un régimen en donde no se subsidie a las empresas, sino directamente a los consumidores", explicó Ziliotto. Y confirmó que mantienen negociaciones con el Frente Renovador y el progresismo. "En la habilidad para encontrar consensos estará la solución al problema", sentenció. A su propuesta se suma una de Romero que declara la emergencia por dos años y establece un régimen de tarifa social para los sindicatos, obras sociales y centros asistenciales sin fines de lucro. Y otra de Bossio que instituye una tarifa diferenciada de luz, agua y gas natural para los clubes de barrio y de pueblo.

Por su parte, quien ofició como uno de los principales árbitros del Congreso este año, el renovador Sergio Massa, aún no presentó la prometida "propuesta alternativa" pese a haber sido fue muy crítico con la actuación del ministro Juan José Aranguren. "Desde el Congreso, lo que podemos hacer es suspender los aumentos indiscriminados o indicarle al Ejecutivo las condiciones que debe reunir el incremento tarifario, pero no podemos fijar una tarifa por ley", se justificó la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. Y explicó que ellos son partidarios de citar en el Congreso a los funcionarios del Gobierno para que den explicaciones. La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, que conduce la correligionaria Liliana Schwindt, recibirá el próximo martes al titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González.

Con todo, el Frente Renovador tiene tres propuesta presentadas en Diputados. Mirta Tundis quiere eximir a los mayores de 65 años del pago de intereses punitorios y resarcitorios por la mora en el pago de los servicios públicos y privados domiciliarios. También pensando en los jubilados, la diputada Cecilia Moreau busca regular los requisitos generales que deben cumplir para el acceso a la tarifa social. Mientras que Schwindt pretende derogar la ley por la cual se estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del 6% de las tarifas vigentes en cada período y en todas las zonas del país para financiar obras de infraestructura en la provincia de Santa Cruz. Así se espera un debate largo cuando lo que reclama la sociedad es inmediatez.

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