Expropiaciones. Las últimas siete empresas que fueron estatizadas bajo el kirchnerismo

La decisión de estatizar Vicentin, que anunció hoy el presidente Alberto Fernández, no se trata de un hecho aislado en la historia económica argentina. En los últimos 15 años, los gobiernos expropiaron siete empresas a nivel nacional, incluida la compra del 51% de las acciones de YPF, que le dio al Estado nacional el control de la principal petrolera del país. En la mayoría de los casos se trató de compañías que habían sido privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem y reestatizadas durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

El listado de las compañías que fueron reestatizadas comienza con Correo Oficial, que había sido privatizada durante el gobierno de Menem en 1997. Fue una concesión que ganó Socma, la empresa holding del grupo Macri, para luego ser de nuevo nacionalizada en 2003, a los pocos meses de asumir Néstor Kirchner.

En 2006 le siguió Aguas Argentinas, la empresa dedicada a la prestación del servicio de agua corriente y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del conurbano bonaerense, que también fue estatizada bajo el mandato de Néstor Kirchner y renombrada como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La compañía que hoy dirige Malena Galmarini, esposa del diputado Sergio Massa, también había sido privatizada durante la presidencia de Menem y la mayor parte del paquete accionario quedó en manos del grupo francés Suez y de la empresa española Aguas de Barcelona. "Suez nos llevó al Ciadi y nos costó US$250 millones", recuerda el analista financiero Sebastián Maril.

En la línea del tiempo le sigue Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), en 2007. La empresa creada durante la presidencia de Nicolás Avellaneda para el mantenimiento de los buques de la Armada Argentina fue reestatizada el 30 de marzo de 2007, por decreto, luego de haber sido también privatizada en la década anterior.

En 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, se produjo la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que en el último mes, tras la crisis de la pandemia, se decidió fusionarlas en una sola empresa. La aerolínea de bandera había sido vendida a comienzo de los '90 a Iberia, la aerolínea española, pero quebró en 2001 y, en un llamado a convocatoria de acreedores, pasó a ser parte del también español Grupo Marsans. Por esta expropiación, la Argentina debió pagar también por orden del Ciadi US$320 millones a Marsans.

En 2010 fue estatizada la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que había nacido como idea en 1926, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear. La empresa luego fue entregada en concesión por 25 años, en 1995, a Lockheed Martin Aircraft, que era parte de uno de los mayores conglomerados mundiales dedicados a la industria de la defensa.

En 2012 se aprobó en el Congreso la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Por esta medida, hay un juicio contra el país en los tribunales de Nueva York, ya que los demandantes acusan que la Argentina no cumplió con los estatutos de la compañía a la hora de estatizar las acciones.

En 2013, finalmente, se reestatizó Belgrano Cargas y Logística, la empresa encargada del transporte ferroviario de cargas.

Otra de las empresas que se intentó expropiar fue la ex Ciccone Calcográfica, en 2012, en medio del escándalo de corrupción del entonces vicepresidente, Amado Boudou, quien hoy cumple una pena de cinco años y diez meses por quedarse con el 70% de las acciones de la imprenta.

"Si bien se aprobó en el Congreso la ley de expropiación, un decreto posterior designó a la AFIP como sujeto expropiante, 'hasta tanto se completara el procedimiento expropiatorio', y se le otorgó el uso de los bienes de Compañía de Valores Sudamericana a la Casa de Moneda. Pero esta compañía no tuvo un formato tradicional como tienen las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, como son YPF, Aysa o el Correo, o inclusive el diseño de una sociedad del Estado como la Casa de la Moneda o Ferrocarriles Argentinos", explica Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de Cippec, quien agrega que la empresa al no responder a estos tipos de formatos societarios, tampoco cuenta con la presencia de síndicos del Estado en su directorio.

Además, según recopila el Cippec en un reciente informe, entre 2003 y 2018 se crearon 12 empresas públicas: Ieasa (surge de la fusión de Enarsa y Ebisa), Arsat, Adif, Sofse, RTA, Ceatsa, Eana, Administradora RRHH Ferroviarios, Nuevos Aires del Sur, Playas Ferroviarias, Contenidos Públicos y Corredores Viales.

Todas las empresas del Estado

En total, las empresas de propiedad estatal están constituidas en 41 grupos económicos. Entre ellas se encuentran la mayor petrolera del país, YPF; la principal línea aérea, Aerolíneas Argentinas, y el banco más grande, Banco de la Nación. Todas emplean a más de 104.200 personas.

Durante la presidencia de Mauricio Macri se intentó que las empresas tuvieran al menos sus balances al día y que mejoraran su eficiencia. Además, las transferencias del Tesoro cayeron de 1,5% del PBI en 2015 a 0,8% en 2017. Después, la devaluación de la moneda impactó en los costos de las empresas, que volvieron a requerir más financiamiento, lo que hizo subir las transferencias a 0,94% del PBI en 2018.

El nuevo gobierno puso bajo la lupa el manejo de las empresas estatales, ya que, en el pasado, la gestión del kirchnerismo estuvo caracterizada por la falta de transparencia en las operaciones y por casos de corrupción ligados a funcionarios nacionales.

Entre las empresas que están bajo investigación figuran Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que tiene al exministro de Planificación Julio De Vido en juicio oral; Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa), por las importaciones de gas licuado; Casa de Moneda, por sus vínculos con Ciccone Calcográfica, que derivó en la condena a prisión del exvicepresidente Amado Boudou; AYSA, por las irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras por parte de la brasileña Odebrecht; Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en donde hay 13 exdirectivos imputados por sospechas de malversación de fondos, y Aerolíneas Argentinas, que no presentó balances de 2012 a 2016.

Las mayores transferencias que realiza el Tesoro a las empresas estatales son para las del sector energético, donde se destaca Ieasa como la que más financiación recibe. El sector de Transporte es el segundo en la lista a la hora de recibir más transferencias, con Trenes Argentinos de Pasajeros la que obtiene mayores subsidios. En este sector se destaca también Aerolíneas Argentinas.

En Defensa se encuentra Fadea, que en los últimos cuatro años comenzó finalmente a fabricar aviones. Las empresas que también se destacan son el Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en el sector Finanzas, que no requieren transferencias del Tesoro. En Comunicaciones, están Correo Argentino, la agencia de noticias Télam y Arsat.

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