Empresarios metalúrgicos cuestionaron un artículo central de la Ley de Bases

Mientras se espera que este lunes Diputados de media sanción a la nueva Ley de Bases impulsada por el Gobierno, junto con el paquete de reformas fiscales, los industriales metalúrgicos alertaron por los riesgos que, en la visión de estos empresarios, puede traer aparejado el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), destinado a quienes presenten proyectos superiores a los US$200 millones.

En vistas de que el oficialismo no admitió bajar el monto de inversión establecido por el proyecto, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que este “podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”.

A través de un comunicado, Del Re ejemplificó: “Si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en la Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera; no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”.

Así, los fabricantes nacionales se encontrarían en condiciones desiguales, según continuó el comunicado, al tener que afrontar los costos de importación asimétricos, entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes.

Este punto se viene planteando desde la semana pasada, cuando Adimra envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertir sobre el impacto que la aprobación de este régimen podría tener en el sector, y pidió que se revea el proyecto, que, sostuvieron, “atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de las grandes empresas y las importaciones”.

Cabe destacar que en el texto del proyecto que se envió al Congreso se establecen, a través del RIGI, diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, entre los que se contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. También les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero.

El problema, remarcaron, es que las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales no son iguales a las de los complejos industriales internacionales, “ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único [los beneficiarios del régimen] podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto a la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las pymes”.

El sector metalúrgico viene azotado por una caída de la actividad del 17,7% interanual en marzo, según el último informe compartido por Adimra, que implica un descenso del 6,6% en el primer trimestre del año. Los datos oficiales del Indec se conocerán el 8 de mayo.

Al pedido de esta asociación se sumó el planteo de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) sobre la posibilidad de incorporar al régimen de inversiones una mínima integración de la inversión en partes, piezas y componentes de origen nacional, “con el propósito de aumentar la integración de las cadenas globales de valor con la economía argentina y, a su vez, potenciar el efecto multiplicador fiscal sobre las inversiones, que permitirían compensar el beneficio fiscal otorgado sobre la exención arancelaria”, sostuvieron.

Para esto, la cámara se basa en un antecedente normativo estipulado en la Resolución 256/2000 del Ministerio de Economía que creó el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión y su modificación mediante la Resolución 242/2019 del exMinisterio de Producción y Trabajo, que establece que quienes soliciten beneficios del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión deberán adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al 20% del valor total de los importados.

“De esta manera, el Régimen otorga beneficios a la inversión en materia de exenciones arancelarias que son compensados fiscalmente y en términos de empleo, a través del efecto multiplicador generado por la actividad comprometida en forma local por dichos proyectos”, indicó la cámara.

Así, ambas entidades apelan a generar una mayor competitividad e igualación de condiciones para los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales.

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