Empresarios, en alerta por la economía post PASO

Las alarmas del empresariado volvieron a encenderse. Del “hay que esperar a las PASO” para ver qué pasa con la política económica, algunos empezaron anoche a considerar la posibilidad de que algunas prácticas del kirchnerismo no cambien. No importa cuánto apremie el contexto macroeconómico, después de las elecciones si es que existe un giro hacia el centro, no será sin desvíos.

En el acto de cierre de campaña de ayer quedó claro que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es quien marca el rumbo de la política económica. Fueron pocos los elogios que le regaló a la gestión del gabinete económico. Para ilustrar la idea de una economía pujante, se retrotrajo siempre a sus años de gestión. “En 2015 teníamos el salario más alto de América latina medido en dólares”, recordó. La vicepresidenta se explayó y habló con un nivel de detalle sobre la cuestión económica que denota que es una cuestión que la preocupa, y mucho.

El kirchnerismo tiene claro que la situación económica es crítica. Así se lo hacen saber empresarios y banqueros que suelen tener un diálogo frecuente con Máximo Kirchner, hoy devenido en el interlocutor por excelencia tanto con el sector privado como con algunas figuras de la oposición. “Máximo tiene una visión Nestorista [por el ex presidente, Kirchner] de la economía, en el sentido de que le importa eso de la ‘mesa de los argentinos’, la producción nacional… Quiere generar un empresariado nacional fuerte”, describió un hombre de las finanzas, que dialoga con él con frecuencia. También son conscientes de que si el resultado del domingo es malo –esto sería incluso una victoria por muy pocos puntos en la Provincia de Buenos Aires– es en parte atribuible a la economía.

En conversaciones con empresarios, desde el kirchnerismo aseguran que tienen en marcha un plan para la promoción de la industria y de la inversión que pondrán sobre la mesa una vez resuelta la elección, para ser consensuado con la oposición. Los detalles no los difunden, ni siquiera entre los empresarios amigos. Mucho menos entre los ministros de Alberto Fernández, como Martín Guzmán y Matías Kulfas, hoy a cargo de la gestión económica y productiva. “El acuerdo está en el espíritu de algunos funcionarios”, dice, con ironía, un miembro del gabinete económico, cuando se lo consulta al respecto.

Probablemente para aplicarlo estén pensando en nuevas caras. O al menos, así lo ven tanto cerca de Máximo Kirchner como de Sergio Massa, quien afirma entre sus interlocutores que, en tal escenario, será quien acerque algunos nombres. Por ahora, son sólo especulaciones y palabras vertidas en charlas privadas. Tampoco se ha expresado al respecto el presidente, Alberto Fernández, tal vez, uno de los más interesados en conocer antes lo que digan las urnas. La suerte de su gabinete está atada en gran medida al resultado del domingo y de la elección de noviembre.

El equipo económico tiene la orden de no hacer olas. Es tarde para hacer magia, pero lo que sí se puede es evitar nuevos conflictos. Con esa lógica, el Banco Central (BCRA) tendría previsto postergar todo lo posible un endurecimiento del cepo cambiario. Aunque, claro está, dependerá de cómo evolucionen las reservas. En los últimos once días hábiles, destaca el economista Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, el BCRA vendió más de US$800 millones, lo que equivale a 10% de las reservas netas (incluyendo los DEG, derechos especiales de giro, que se recibieron del FMI). “Es un ritmo difícil de sostener en los próximos tres meses”, adelanta el economista.

¿Un acuerdo en puerta?

“Nadie se salva sólo”, insistió ayer la vicepresidenta en Tecnópolis. Pero en la oposición reina la desconfianza ante una convocatoria. Las palabras de Cristina Kirchner hacen prever que cualquier acuerdo será bajo los términos del kirchnerismo, no otros. Un hombre de María Eugenia Vidal, no obstante, admitió recientemente en charlas con representantes de empresas que “Máximo es un tipo con el que se puede hablar”. Parece que la oposición también espera los resultados de la elección para terminar de definir su estrategia.

Está claro que una de las medidas que buscará consensuar el kirchnerismo es el acuerdo con el FMI, que el oficialismo espera tener sellado a más tardar para marzo. Pero además, porque parece estar alejándose la posibilidad de lograr acuerdos bilaterales para que países como Portugal o México le presten a la Argentina los DEGs, que recibieron del Fondo Monetario para hacer frente a los gastos adicionales de la pandemia. “No está descartado que la Argentina reciba algo, pero ya no sería de manera bilateral sino como parte de un fideicomiso al que accederían países mucho más pobres también. Y, en tal caso, la Argentina no tendrían una situación prioritaria”, admitió una fuente al tanto de las conversaciones.

En el oficialismo se ilusionan con que el acuerdo genere entre los inversores la oxigenación que no se logró con el canje de deuda de Guzmán. En las negociaciones con el FMI se busca que el país no sólo reciba el año que viene fondos como para saldar los vencimientos que la Argentina tiene con el organismo (suman entre marzo y diciembre US$21.563 millones), sino que haya algún adelanto adicional, que ayude a engrosar transitoriamente las reservas del Banco Central. Tal vez, en el Gobierno se esté pecando de exceso de optimismo.

Más allá de los esfuerzos de Máximo Kirchner, de De Pedro o de Massa, algunas señales recientes alimentan la desconfianza empresaria. Pocos compran a esta altura la euforia bursátil de las últimas semanas. El campo se convenció ayer, después del discurso de Cristina Kirchner, que el cepo a la carne llegó para quedarse. Y entre los industriales no pasó inadvertido el pedido de la vicepresidenta a Alberto Fernández para que “no permita” el cierre de la planta de poliuretano de Dow Chemical en Santa Fe. “Es quitarle autonomía a nuestro proceso industrial”, esgrimió. La multinacional anunció hace un mes que, en mayo de 2022, dejará de operar esa planta en lo que es una decisión estratégica global. En el sector temen que el de Dow se transforme en otro caso como el de Pepsico, que en 2017 tuvo serias dificultades con el gremio para cerrar una planta en Florida. El miércoles venció la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe entre Dow Chemical y el sindicato. Se extendió por otros 20 días bajo el formato de “conciliación voluntaria”. Quienes conocen del fuero laboral saben que si el Gobierno quiere intervenir en el conflicto no sólo puede apelar al sindicato, sino que suele haber más de un juez dispuesto a hacerse eco de su reclamo.

También hay inquietud entre los empresarios de la industria energética. La semana pasada muchos se enteraron por boca del propio Esteban Kipper, gerente general de Cammesa, la empresa administradora del mercado eléctrico, que le habían pedido la renuncia, junto con la de Nicolás García, gerente de Combustibles de la empresa.

Kipper, un hombre que en el pasado había estado en la función pública con Kicillof, había llegado esta vez al Gobierno de la mano de Matías Kulfas. Se espera que, una vez efectivizada su renuncia, sea reemplazado por un hombre de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Pese a su enfrentamiento con Guzmán por la suba de tarifas, Basualdo no sólo no parece cerca de abandonar el Gobierno, como le había prometido Fernández a su ministro, sino que cada vez tiene más poder. “Con nosotros no hubo tarifazos, y la gente volvió a prender la calefacción”, recordó ayer Cristina. En el rubro energético no suena que el giro hacia la ortodoxia sea completo.

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