Un modelo de negocios que favorece a la corrupción
El Estado ha diseñado un "modelo de negocio" que genera corrupción o, en otras palabras, la clase política (vista como un todo y con las excepciones pertinentes) ha generado un sistema institucional que incentiva la corrupción para beneficio de la propia clase política. La causa "Los Cuadernos de la Corrupción", que nos sigue asombrando, apunta a reprimir ilícitos que ya ocurrieron pero por sí, no va a remover la corrupción. El "modelo" puede estar paralizado pero está latente.
Vito Tanzi describió un sistema como el argentino con la expresión "captura del estado": grupos de poder ocupan el Estado y dictan reglas y regulaciones en su beneficio. En lo formal, los funcionarios "cumplen" con la ley que ellos mismos hacen para beneficio propio. Una parte de este "modelo" son las agencias administrativas que regulan directa o indirectamente, los sectores de la economía. ¿Está mal que el Estado controle abusos del sector privado? No, pero el diseño de esas agencias y el hecho ser manejadas muchas veces con criterio político, hicieron un cocktail inmanejable.
¿Cómo se originó y funciona este modelo? Las leyes imponen a las empresas que deben someterse a la clase política (que dirige las agencias), para encauzar sus negocios. El "modelo" se inició poniendo la economía en manos de órganos para regular cuestiones específicas (sistema financiero, ferrocarriles) y luego se extendió a casi todas las áreas: impuestos, aduanas, seguros, servicios públicos, defensa de la competencia, defensa del consumidor, gas, luz, salud (además de agencias provinciales y municipales).
La segunda característica del modelo es que estas agencias son una versión moderna de la suma del poder público. La clase política (en el Congreso) se concedió a sí misma (en el Poder Ejecutivo): poder para legislar, para aplicar lo que legisla y sancionar a quienes incumplen todo lo cual la Constitución prohíbe (art.29).
La tercera característica es que generó un gigantesco sistema judicial paralelo con jueces administrativos nombrados por un político (el Presidente) y responsables sólo ante él, para sancionar a quienes no cumplen con lo que los políticos (las agencias) ordenan; tal el caso de la AFIP donde el administrador federal está facultado para dictar normas generales obligatorias (art.7) ser juez administrativo (art.9) y nombrar otros jueces administrativos (art.10) (Dec.618/1997). Si bien la Constitución prohíbe que el Presidente pueda ejercer funciones judiciales (art.109), la Corte Suprema admitió la validez de estas Agencias mientras se asegurara de que hubiera un posterior control judicial suficiente.
El Banco Mundial había dicho ya en 2002 que en el actual sistema judicial argentino hay demoras y las vías administrativas son poco claras... Estos son algunos de los hechos que incentivan una conducta corruptiva (World Bank, 2002: Argentina Evaluación del Sector Jurídico y Judicial).
La cuarta característica es que si se impone una sanción por la Agencia, hay que cumplirla antes de recurrir a la Justicia (ejemplo la Ley 21.526 de Entidades Financieras). Nuestros tribunales han sido funcionales a este diseño (Corte Suprema, Fallos: 303:1776; 311:49). Ni siquiera un juez puede ejecutar una sentencia cuando está apelada, pero parece ser que los políticos pueden hacerlo.
En 2012, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) señaló que "si el Estado dispone de un organismo que reglamenta la gestión económica ...también aplica y... es el mismo ente el que sanciona... parece fácil deducir que, o bien el organismo abusará de su poder, teniendo a tal público cautivo y será propenso a la generación de actos de corrupción, o bien los controlados buscarán generar ellos mismos la corruptela, a los fines de escapar al control del ente con facultades extraordinarias (Informe ante la OEA-MESICIC, 2012). Algo así como la anticipación de "Los Cuadernos...".
Hay dos pasos para comenzar a revertir este "modelo de negocios" que favorece la corrupción:
1. El pedido de disculpas de la clase política, como un todo, que es responsable de la corrupción en el país. Si el Papa pide perdón en nombre de la Iglesia por pecados no cometidos por él ni por la mayoría del clero, la clase política nos debe a todos los argentinos una disculpa, un reconocimiento de que no han estado a la altura del valor de nuestro país.
2. Reformular las Agencias Administrativas, dejándoles las facultades de control, pero eliminado las de regulación y de sanción.
El autor es expresidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES)
Por Marcelo de Jesús
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