Revisar el marco laboral, una tarea para la que no hace falta esperar tiempos mejores
Priorizar la modernización del marco laboral vigente como una política de Estado para procurar la generación de empleo y la inclusión social es algo que representa un signo de madurez para una sociedad que quizás intente, esta vez, construir futuro despojándose de experiencias traumáticas y frustraciones.
El mundo del trabajo está hoy sometido a una dinámica que hace crujir las instituciones concebidas en el siglo pasado. A esas instituciones se abrazan quienes no perciben que el afán conservador de repudiar una reforma laboral no hará más que acelerar la implosión de regulaciones que ya no dan respuesta a las nuevas expectativas y desafíos que integran las demandas sociales y a las cuales se debe estar atento.
Los países cuyas economías compiten con nuestro país, en especial para hacer más atractivas las inversiones, ya lo comprendieron. Y se pusieron a trabajar en adecuar sus regulaciones. Aquí, en cambio, se habla de transitar un paro general que es impulsado por una oposición cerril a la reforma laboral, que ya lleva cuatro intentos fallidos y que terminó transformada en un intento minimalista.
Los países vecinos ya ni siquiera debaten sobre cuál es la mejor oportunidad para hacer los cambios, si se trata de gobiernos débiles o fuertes, si deben hacerse al inicio del mandato o en su culminación, si responden a una impronta identificada con ideas de derecha o izquierda... Directamente avanzan, respetando la impronta de sus sistemas e idiosincrasias. Es así como Brasil, en junio de 2017, le dio paso a una reforma laboral de magnitud, orientada a reducir la litigiosidad, descentralizar la negociación colectiva y morigerar criterios judiciales excesivamente proteccionistas que contribuyeron a desalentar la creación de empleo, entre otros aspectos de relevancia.
Otro tanto ha hecho Chile a partir de abril de este año, al introducir adecuaciones necesarias -así las denominan- en materia de horarios y turnos de trabajo, habilitando pactos especiales de trabajo que propician mejoras en la productividad al habilitar el banco de horas para distribuir el tiempo de trabajo, en simultáneo con aumentos en la tasa de sindicalización, además de regular el teletrabajo, entre otras iniciativas.
México acaba de sancionar una reforma laboral que no solo mejora el funcionamiento de las instituciones del trabajo, sino que también persigue la democratización sindical al imponer el voto personal, libre y directo de los representantes gremiales, además de estimular la negociación colectiva, imponiendo una revisión obligatoria de los convenios colectivos de trabajo cada cuatro años. Todo ello en la gestión del presidente Andrés López Obrador, líder que de ningún modo puede ser identificado con iniciativas neoliberales.
En la Argentina, en cambio, todo impulso que pretenda abrir un debate sobre estas necesidades es calificado como una pulsión neoliberal. Una descalificación ideológica muy próxima a la idiotización, neologismo que en ocasiones enmascara cierta pereza intelectual de aquellos que se inclinan por el confort de la resignación, ante la falta de audacia para encarar los cambios necesarios.
En el resto de los países de la región existen demandas concretas de adaptación de los regímenes de relaciones del trabajo, sea a través de consejos de competitividad y productividad, como en Perú, o de otros espacios de diálogo social que en nuestro país siguen sin institucionalizarse. Sindicatos, empresarios y gobierno quedan aquí atrapados por la coyuntura, sin una mirada de mediano y largo plazo.
Acaba de culminar uno de los peores trimestres en materia de destrucción del empleo en la actual gestión. Es la ocasión más propicia para comprometerse con un agenda que no se limite al necesario pero modesto aporte que representará la sanción de un sistema de blanqueo laboral.
No se trata de tener que esperar a que la economía vuelva a crecer para dar estos debates, como lo sostienen algunos candidatos presidenciales. Esta mirada, que entiende que primero debe ordenarse la "macro-economía" para luego avanzar en las reformas estructurales que mejoren la competitividad y productividad, parecerían construir una secuencia o sucesión, cuando en realidad las urgencias sociales imponen un abordaje simultáneo. Sirve como ejemplo paradigmático la saludable iniciativa legislativa ya aprobada por el Senado de la Nación para promover las economías del conocimiento.
Es en esta instancia en las que se vuelve a identificar como una coincidencia básica la modernización del sistema de relaciones del trabajo y el consecuente diseño de un régimen previsional sostenible y sustentable, en el que emerge adicionalmente la necesidad de resolver un dilema crucial, que tiene que ver con la nueva identidad que deberá adquirir el derecho del trabajo como continente receptor de las nuevas formas de laboralización, abandonando la mirada binaria y obsoleta heredada de la Revolución Industrial del siglo XX.
Diseñar regulaciones que permitan dotar de equilibro social el impacto derivado de la irrupción de nuevos fenómenos -como las plataformas tecnológicas y la contratación de trabajadores de alto valor agregado, como es el caso de ingenieros desarrolladores -software-, junto con los distribuidores de productos o servicios -hardware- a cargo de la logística -raiders, glovers, rappitenderos, etcétera-, los que no pueden verse como trabajadores autónomos emprendedores, ni tampoco como empleados dependientes, definidos así por la legislación concebida en 1974.
Ya hay sectores productivos que formulan propuestas para permitir dotar de la debida cobertura social e incluso sindical a estas nuevas manifestaciones de empleabilidad, evitando la asfixia que representaría aplicarles un formato laboral clásico e incompatible con las características que hacen a su desenvolvimiento.
Esto, en la convicción de que, de no hacerlo, seguirá el tironeo entre dos sistemas para superar esta disyuntiva, que se debate entre los que sostienen que se intenta consagrar un proceso de precarización laboral y, en el otro extremo, los que entienden que se trata de una nueva manifestación de emprendedorismo y subestiman la protección social que se debe dar.
Abogado, socio del estudio García, Pérez Bolani & Asociados
Por Héctor García
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