¿Cuántos de los trabajadores actuales podrán jubilarse en la Argentina?

Quienes hoy tienen 40 y tantos años probablemente estén transitando la mitad de sus vidas laborales. O quizá no, quizá no hayan llegado todavía a ese punto. En todo caso, si no existen modificaciones normativas en el camino, ese segmento de la población de la Argentina llegará en algo más de una década o en unas dos décadas a la edad jubilatoria. El sistema previsional que gestiona la Anses, el más abarcativo de todos los que conviven en la Argentina, se rige con una edad mínima de retiro de 60 años para las mujeres y de 65 años para los varones.

La edad, claro, es uno de los requisitos para acceder a la jubilación. La ley también exige contar con 30 años de aportes. Y una gran pregunta recurrente es la de cuántos y quiénes serán los trabajadores actuales que podrán jubilarse, ya sea en los años más próximos, en 2030, en 2040, o en las décadas siguientes.

Para explorar la respuesta, hay varias cuestiones que sirve observar. La foto prepandemia ya mostraba que, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, alrededor de la mitad del conjunto de trabajadores asalariados e independientes no tenía aportes previsionales, mientras que las cuarentenas podrían acelerar (aquí y en muchas partes del mundo) algunos cambios en el mercado laboral, llevando a un incremento del cuentapropismo, el sector con mayores niveles de desprotección. Además, el sistema previsional hoy es deficitario, a la vez que el gasto público crece, y, más allá de las causas, eso desafía al pago de haberes previsionales, una erogación de altísimo peso para el Estado (de hecho, este año el Gobierno ajustó a la baja el incremento que iba a tener el gasto en ese ítem, al suspender la aplicación de la fórmula de movilidad). Por el lado de las cuestiones sociales, se sabe que las personas de 60 años y más irán teniendo cada vez más participación sobre la población total.

Un informe difundido pocos días atrás por la Cepal (de Naciones Unidas), elaborado por el economista Oscar Cetrángolo y el actuario Carlos Grushka, advierte que el porcentaje de adultos de 65 años con jubilación y/o pensión del sistema gestionado por la Anses irá disminuyendo en los próximos años, desde un nivel actual cercano al 90%, a niveles que rondarían el 70% en 2030 y el 50% en 2050, tal como describe el gráfico que acompaña esta nota. Para dentro de diez años, eso se traduciría en unos 2 millones de personas mayores sin jubilación ni pensión del sistema formal, aunque sí podrían llegar a percibir una prestación no contributiva.

Que hoy la cobertura sea elevada no es algo que se deba a que en las décadas previas no hayan existido los problemas laborales actuales, ni a que se hayan dispuesto soluciones de fondo. El hecho responde a la existencia de las moratorias, que implicaron una respuesta temporaria y provisoria (algo que, según señala con énfasis el informe citado, es necesario evitar) y que nacieron sin ser acompañadas de un análisis y una previsión de los recursos necesarios para sostener los pagos. Dicho de otra manera: a la alta cobertura se llegó por medidas con fecha de vencimiento, que no atacaron las causas por las cuales muchos no llegan a cumplir con los requisitos de ley.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Social a marzo de este año, de un total de 6.864.705 jubilaciones y pensiones, el 52,7% fue otorgada con moratorias. Y si se miran solo las jubilaciones, (sin pensiones) ese índice sube a 64,9%.

Al tratarse de mecanismos que permiten declarar aportes impagos para entrar por ellos en un plan de pagos con subsidio estatal, y al estar delimitados los períodos por los que puede hacerse esa declaración, las moratorias van perdiendo vigencia con el paso del tiempo. En 2016, ya estando bastante acotada la posibilidad de esos planes, el Congreso creó por ley la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación equivalente al 80% del haber mínimo, que actualmente cobran algo más de 167.000 personas.

Esa prestación nació con el único requisito de tener 65 años y no cobrar una prestación previsional; luego el acceso se fue restringiendo en función de aspectos como el nivel socioeconómico del solicitante.

Si bien la PUAM se presenta como una asignación estable y mucho más simplificada que una moratoria, un tema que no resuelve (y que está entre los muchos pendientes de un debate de fondo) es la necesidad, que hay quienes señalan, de que se reconozcan en forma proporcional los años de aportes hechos por quienes no llegan a los 30 exigidos por ley.

Las proyecciones sobre la tasa de población mayor cubierta citadas en el informe de la Cepal fueron elaboradas en 2017 por Grushka. En el trabajo se sostiene que los cambios que hubo desde entonces "hacen poco conveniente fijar estos años convulsionados como base de las proyecciones previsionales". Pero también, con una mirada que va más allá de los tiempos recientes, se advierte que la Argentina "no cuenta con una tradición de estudios actuariales periódicos" que permitan evaluar la sostenibilidad de los pagos prometidos y planificar cambios.

Un punto sobre el que se pone el foco es que las causas que limitan la posibilidad de proyectar a largo plazo "coinciden con los problemas que deberán resolverse en el mediano plazo". Entre los desafíos, se destaca, están el de evitar soluciones de emergencia, el de definir los mecanismos de movilidad ante la persistencia de la inflación, el de determinar el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el de evaluar la pertinencia de los regímenes especiales (como los de docentes y científicos).

Después de todo, concluye el trabajo, "las proyecciones previsionales no deben tomarse como un destino inexorable, sino como un alerta de desafíos a enfrentar".

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