Más transparencia en un país que no suele cumplir con sus normas
Cuantas más normas anticorrupción, somos más corruptos. Esto es lo que se puede denominar "la paradoja argentina". Desde 1996 ratificamos 3 convenciones internacionales contra la corrupción y estábamos en el puesto 35 de Transparency International; 20 años más tarde llegamos al puesto 105.
En la Cámara de Diputados de la Nación, se conmemoró el Día Internacional contra la corrupción. El evento fue organizado por la Asociación Justa Causa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tuvo lugar en el Salón D. Parodi de la Cámara de Diputados. El diputado Jorge Enriquez destacó la existencia de dos fechas que tienen especial impacto para nuestro país: el 10 de diciembre, cuando se restituyó nuestro régimen democrático, y el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, que muchos llaman "la madre de todos los males".
Al respecto, la doctora Nora Luzi aportó datos elocuentes: según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, lo que equivale a más del 5% del PIB mundial, con la que se podría alimentar a los 1300 millones de pobres en el mundo por seis años consecutivos.
El destacado experto Edgardo Buscaglia formuló propuestas para ser eficaces para atacar el problema: la corrupción es un delito en red ligado a vacíos de controles patrimoniales, legislativos, judiciales, sociales y de falta de políticas preventivas. Agregó que, a pesar de que la Argentina firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), nuestro país se caracteriza por una violación sistemática de la misma. Buscaglia insistió en que es indispensable un liderazgo institucional con valentía ética y política y ejecutar 5 investigaciones coordinadas: la investigación penal, financiera, tributaria, extinción de dominio y patrimonial.
Entre 2007 y 2010, de 63 casos de corrupción, 62 terminaron por prescripción. Desde su ratificación hace 20 años, Argentina incumplió la Convención Interamericana tal como se verificó en la auditoría 2016. Además, de las 7 recomendaciones efectuadas por la OEA a nuestro país en 2006, para el año 2016, 4 recomendaciones no se cumplieron y 3 sólo lo fueron en forma parcial.
El doctor Eduardo Casal, a cargo de la Procuración General de la Nación, señaló que la corrupción es un fenómeno transnacional que requiere mecanismos de coordinación cada vez más ágiles. La lucha no puede ser de un solo partido político.
El Fiscal Raúl Plée fue contundente: "La corrupción mata: mató en Cromañón, mató en Once, mató durante las inundaciones en La Plata...". Agregó que Argentina falla en la implementación práctica que requiere mejor capacitación, organismos de control y la elaboración de acuerdos regionales de cooperación.
"El problema de la corrupción es la falta de sanción social", señaló el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco, "se roba a las sociedades sus escuelas, hospitales, aleja la inversión extranjera y despoja a las naciones de sus recursos naturales".
El proyecto de ley "R-R" ("Robado y Recuperado) fue presentado por el diputado Javier Campos: propone usar las sumas recuperadas de la corrupción, en obras tales como hospitales, escuelas etc y denominarlas con un nombre seguido por las siglas "R-R".
Finalmente el diputado Luis Alfonso Petri, propuso elevar los mínimos y máximos de los tipos penales para evitar la pronta libertad de funcionarios corruptos.
Expresidente de FORES e integrante Lic. en Relaciones Internacionales
Marcelo de Jesús y Martina Farías Bouvier