Los cinco desafíos del mundo del trabajo en la Argentina

Muchos son los debates que se han abierto para identificar los problemas que la globalización y, en particular, la crisis internacional que se iniciara en 2008, ha generado, así como la respuesta que desde el mundo del trabajo debería producirse. Estas reflexiones son hoy parte central de la agenda de la OIT y del G20 y han suscitado -tanto en el campo empresario (B20) como en el sindical (L20)- múltiples intercambios de ideas en la búsqueda de consensos.

Ello tiene como premisa fundamental encontrar –a través del diálogo social– el camino para la construcción de un nuevo paradigma que implique tanto el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo y la dignidad humana, como el reconocimiento de las nuevas realidades productivas y la necesidad de superar el divorcio entre norma y realidad.

Aún dentro del propio G-20, o sea, los países de mayor desarrollo en el mundo, subsiste una mayoría con altísimas tasas de informalidad e índices de desempleo –especialmente juvenil– así como formas de discriminación en el trabajo y problemas de productividad, y una brecha acentuada entre los sistemas de educación y formación profesional y los requerimientos del mundo productivo.

Por otro lado, la innovación y la tecnología afectan los tradicionales métodos de producción fordista e impulsan el desafío de la “cuarta revolución industrial”, la economía digital y la integración de las cadenas de valor.

Para responder a estos desafíos, la necesidad de “adaptación” implica definir la tensión entre “universalidad” y “protección nominal”.

Lo que el futuro del trabajo nos está planteando es la necesidad de entender y aceptar esta irrupción competitiva, a la vez que reconocer la dualidad del mercado laboral para encarar políticas que hagan que aquellas “viejas realidades” y estos “nuevos desafíos” se articulen en soluciones efectivas. Se trata de conciliar la innovación, la tecnología, la productividad y la competitividad con el desarrollo económico y social, en el marco de legalidad institucionalmente respetable y socialmente respetado.

En este contexto, nuestro país debe estar preparado para responder estos desafíos:

1) El desempleo, en especial de los jóvenes y el acceso al mismo en el caso de quienes tienen alguna discapacidad: persiste sin las condiciones adecuadas del mercado formal laboral.

2) La formación para el trabajo: el mercado internacional del trabajo muestra una tendencia a una mayor caída de la demanda de los puestos sin suficiente calificación, por lo que es urgente contemplar una mejor y más moderna articulación entre la educación, la formación y la empresa.

3) Igualdad de oportunidades: en especial, la cuestión de género y particularmente en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable fijados como meta por Naciones Unidas (ODS).

4) Formalización del empleo y la integración territorial (economías regionales): alrededor del 40% de la población laboral del país –especialmente en las actividades de baja tecnología y productividad– se encuentra en el mercado informal mientras que la mayoría del empleo formal es predominantemente urbano.

La tasa de empleo no registrado según rama de actividad en nuestro país, muestra que en la construcción, la informalidad en establecimientos de hasta 5 ocupados es de 93.50%, mientras que de 6 a 40 ocupados disminuye al 55,40%. Tanto comercio como industria, presentan guarismos similares (comercio hasta 5 ocupados, 64,60% y de 6 a 40 ocupados, 29.60%) mientras que la industria manufacturera tiene en hasta 5 ocupados 67.40% y de 6 a 40 ocupados, 31.30% (Observatorio de Empleo, MTESS).

El entramado productivo actual se caracteriza por la mayor ocupación autónoma y en micro y pequeña empresa donde la informalidad predomina, con lo que es obvio que la normativa y la presión fiscal que pesa sobre ellas.

Se hace necesario que la Argentina desarrolle una estrategia que ponga el acento en el desarrollo de las economías regionales por su impacto como generadoras de empleo y desarrollo armónico del país. Paralelamente, hay que impulsar una “nueva generación” de emprendedores, con capacidad “reproductiva” en lo que hace a generar mayor producción y empleo. Esto requiere de una clara inversión en infraestructura con visión federal.

5) El de la competitividad económica con desarrollo social:

Se hace necesario compatibilizar –diálogo social mediante– las necesarias metas de productividad que resultan de adaptarnos a los requerimientos de mercados globales y al reto de agregar valor en el país, a través del proceso de industrialización que implica empleo y mayor inclusión.

El autor es vicepresidente 1° de la UIA y presidente de Copal

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